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La 'natural acracia' de la derecha

AP vive del presupuesto público, mientras algunas de sus 'figuras' atienden asuntos privados

JOAQUÍN PRIETOLa llegada mensual de los 120 millones de pesetas del Estado son, para Alianza Popular (AP), como el agua de mayo pasa los campos. AP retrasa al máximo el pago de su "deuda histórica" (más de 1.500 millones) y utiliza el dinero estatal para sufragar los gastos del aparato central y parte de los provinciales. La ley de financiación de los partidos ha salvado a Hernández Mancha de la asfixia económica, mientras éste intenta controlar la máquina política mejor implantada de España, con 240.000 militantes, 5.600 juntas locales constituidas y 500 sedes funcionando.

Estos son los nombres con los que el presidente de AP y los suyos se enfrentan a los vaivenes internos. El relevo generacional sigue sin dar un tono político firme a la principal fuerza del centro-derecha. La imagen del partido se mantiene más o menos constante en los sucesivos sondeos de opinión (entre el 20% y el 25% de expectativa de voto), mientras que la del líder, Antonio Hernández Mancha, dio un bajonazo, tras el fracaso de la moción de censura contra Felipe González, del que no se ha recuperado.Sus partidarios aseguran que Hernández Mancha es el dirigente más apreciado entre las bases. Eso no sólo quedó claro en la convención del 7 de marzo, sino que existen sondeos internos entre la militancia para averiguar quién podría oponerse al actual presidente. Hernández Mancha es preferido frente a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, en una proporción de cuatro a uno; frente a José María Aznar, tres a uno; e incluso frente a Manuel Fraga, dos a uno. Fernando Suárez aparece citado en proporciones más modestas.

Tales datos proceden del área de organización de AP, autora y depositaria de los sondeos. Otros sectores o sensibilidades del partido tampoco parecen extrañados de que el actual presidente mantenga la primacía, sobre todo tras la convención. "Hernández Mancha está consolidado", admite, por ejemplo, Alfonso Osorio, mientras que en el entorno de Aznar sólo llama la atención "la cantidad de veces que Hernández Mancha ha de recordar que él es el presidente".

Jóvenes sin prisa

El relevo generacional ha afectado a los planteamientos del partido: Manuel Fraga comenzó a organizar Alianza Popular cuando ya sobrepasaba los cincuenta años. Y lo hizo todo muy deprisa, según unos, para tratar de llegar a la Moncloa antes de ser demasiado mayor; según otros, para legar a la democracia una derecha transformada en partido de masas. En cambio, los 37 años del actual presidente, Antonio Hernández Mancha; los 29 del vicepresidente, Alberto Ruiz Gallardón, o los 42 del secretario general, Arturo García Tizón, les hacen ver el problema del tiempo con mayor relatividad.

Incluso José María Aznar, eventual alternativa del actual presidente, cuenta con un año menos que Hernández Mancha. Esto causa el asombro de un diplomático británico, atento seguidor de la realidad española: "¿Cómo es que se intenta sustituir a un líder de 37 años por uno de 36?", se pregunta, pocos días antes de que el presidente aliancista haga su segundo intento de visitar en Londres a Margaret Thatcher, tras el fracaso cosechado en el otoño pasado.

Muchas cosas de AP parecen prendidas con alfileres. Un mes después de la convención nacional de Alianza Popular, que en apariencia cerró filas en torno a Antonio Hernández Mancha, la dirección de este partido se ha visto obligada a anunciar sanciones contra sus propios diputados. El motivo fue la ausencia de 32 de ellos en una votación decisiva. Tal incidente no fue el fruto de operación interna alguna, pero tampoco un hecho aislado: más bien fue la consecuencia de la natural acracia de algunas personas de la derecha, que prefieren atender asuntos privados.

Miguel Ángel Planas, Alfonso Osorio, Jesús Sancho Rof son algunos de los diputados en quienes concurre esa circunstancia, "quede claro que por falta de cometidos políticos más concretos", según varios de ellos. Otros dirigentes aliancistas, intensamente dedicados a la vida orgánica del partido -Arturo García Tizón, José Manuel Romay-, tienen poco tiempo para el Parlamento.

A toro pasado, muchos de los ausentes del 24 de marzo echan la culpa a un telegrama: el que envió la dirección del grupo a los diputados avisándoles de que debían acudir al Congreso el día de marras. Unos lo recibieron en sus domicilios de las diferentes provincias, cuando estaban fuera de ellos; otros lo leyeron, pero alegan que "no explicaba la importancia de la votación"; algunos estaban fuera de España, e incluso uno participaba en una audiencia de la reina Sofía a cierta entidad. En resumen, el 47% del grupo parlamentario tenía "cosas más importantes que hacer".

Esto ha sucedido poco antes de que se abriera un conflicto en AP de Murcia, donde el sector derrotado en el último congreso provincial ha arremetido contra Juan Ramón Calero por un problema de personalismos: Calero impuso un vicepresidente ajeno a dicha provincia, Federico Trillo, lo cual lamina las posibilidades de otros dirigentes locales para ocupar su puesto, y quizá los escaños de diputados electos en la próxima legislatura. Todo ello tiene lugar tras un rosario de conflictos en Valencia, Zaragoza, Aragón, Navarra y otras zonas.

Sin moral de victoria

La propia dirección de AP está convencida de que, salvo circunstancias imprevisibles, no ganará las próximas elecciones legislativas. Por eso, su aparato de dirección dedica esfuerzos mucho mayores a consolidar la formación antes que a organizar una seria tarea de oposición política, en cuya utilidad no cree casi nadie.

El equipo de Hernández Mancha se daría con un canto en los dientes si pudiera recuperar, e incluso mejorar ligeramente, la cifra de 105 diputados conseguida bajo el liderazgo de Fraga en 1986, convertidos ahora en 68. Eso podría significar el fin de las aventuras emprendidas por los antiguos coligados de AP (la Democracia Cristiana, antes llamada PDP, y el Partido Liberal), y una base más sólida para intentar la negociación con otras fuerzas.

Las elecciones de Catalunya son el primer banco de pruebas de esta teoría. Si Jordi Pujol no consigue la mayoría absoluta, existe la posibilidad de que se cumpla una de las secretas esperanzas de Hernández Mancha: que CiU necesite los votos de otro partido para completar su mayoría. Bastaría con que Pujol lograra la mayoría, o el CDS entrara en el Parlamento catalán -del que ahora está ausente-, para que Alianza Popular viera frustrada tal posibilidad.

La siguiente oportunidad de recuperación estaría en Galicia. Pero los comicios gallegos se sitúan más lejos: otoño de 1989, como pronto. Mientras, otros sectores de centro-derecha tienen mucha más prisa que los jóvenes dirigentes aliancistas.

El 'aparato' aliancista se niega a nuevas coaliciones

La ruptura de Coalición Popular en 1986 no sólo costó a AP el 30% de sus parlamentarios, sino 500 millones de pesetas al año, que es la parte de la subvención estatal para la Coalición que va a las arcas de la Democracia Cristiana (antiguo PDP) y del Partido Liberal. Un precio muy caro, según el punto de vista de AP.El aparato de Antonio Hernández Mancha está decidido a apostar por una comparecencia, en solitario, en las próximas eleccciones.

Únicamente ha hecho una oferta genérica para que todo el centro-derecha acuda conjuntamente a las elecciones al Parlamento Europeo, que, al ser elegido por un procedimiento de lista única nacional, ahorra las tensiones que supone dejar puestos libres, en las candidaturas eventuales coligados en unas elecciones legislativas. Este punto separa a Hemández Mancha del actual presidente de la Junta de Castilla y León, José María Aznar, más partidario de intentar acuerdos preelectorales con el CDS y los partidos regionalistas.

"Para llegar más pronto al gobierno es mejor sumar que restar", dice José María Aznar.

Aliancistas, centristas y nacionalistas catalanes reunieron más votos que el PSOE en las elecciones al Parlamento Europeo de 1987, pero, en conjunto, obtuvieron un escaño menos. En total, 7,5 millones de españoles votaron a los socialistas, mientras que aliancistas, centristas y nacionalistas catalanes reunieron 7,6 millones de sufragios.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 10 de abril de 1988

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