Suspendido en su cargo Antón Saavedra, actual secretario general de minería de UGT

La comisión confederal de conflictos de UGT ha sancionado a Antón Saavedra, actual secretario de la federación minera, con la prohibición de ejercer cargos durante cuatro meses, por los insultos proferidos contra Fermín Carnero, responsable del sindicato en León y senador del PSOE. Hoy se reunirá el secretario de organización de UGT, Antón Saracíbar, con la ejecutiva de minería para comunicar la inhabilitación impuesta a su hasta ahora secretario general y estudiar la situación de la federación, que debería haber celebrado su congreso hace dos años.

Antón Saavedra no tenía ayer comunicación oficial de la resolución de la comisión de conflictos, aunque sí le habían llegado "rumores". El dirigente minero se disponía a viajar de Asturias a Madrid para una reunión que tenía concertada: para hoy desde hace tiempo con Nicolás Redondo, pero desconoce el contenido de la misma.Miguel Ángel Ordóñez, responsable de imagen del sindicato, confirmó que Antón Saracíbar se reunirá hoy con Saavedra y la ejecutiva de minería, aunque no es seguro que asista Nicolás Redondo.

En este encuentro se tratará la situación de la federación tras la prohibición para ejercer cargos de su actual secretario general durante cuatro meses. Ello se une a las sanciones impuestas a otros dos miembros de la ejecutiva minera por los incidentes ocurridos en junio de 1986 cuando se procedía a celebrar el congreso de la federación.

Congreso suspendido

Ese congreso fue suspendido por Antón Saracíbar tras los enfrentamientos registrados, el mismo día que debía iniciarse, entre los dos sectores enfrentados en el seno de la organización, y más concretamente entre los partidarios de Antón Saavedra y aquellos otros identificados con José Antonio Fernández Villa, secretario del SOMA-UGT (sindicato minero de Asturias) y miembro de la ejecutiva del PSOE.A raíz de aquellos sucesos, tan violentos como los ocurridos en el sindicato del metal de Barcelona el pasado 25 de marzo, se presentaron seis expedientes en la comisión de conflictos contra Saavedra. El que ahora se resuelve, con la sanción mínima prevista en los estatutos de la organización, según Ordóñez, fue iniciado por el senador socialista Fermín Carnero, dirigente también de la UGT de León, por los insultos contra él proferidos.

Antón Saavedra dijo hace meses, y ayer lo ratificaba de nuevo, que el senador socialista 41 es un sinvergüenza que pacta con los empresarios a espaldas de los mineros y no debe dedicarse al sindicalismo, sino a organizar campamentos, que es lo suyo".

Por los hechos ocurridos en junio de 1986, la comisión de conflictos suspendió por seis meses en sus cargos a otros dos miembros de la ejecutiva de la federación minera y a la dirección de León, sanciones que se aplicaron hace dos meses.

Hace ya varias semanas que la secretaría confederal de organización aconsejó al sindicato minero que celebre en breve un comité federal para decidir la convocatoria del congreso.

Antón Saavedra, que pidió la baja como militante del PSOE tras la renuncia de Nicolás Redondo y Antón Saracibar a sus actas de diputado en noviembre pasado, interpreta que el fondo de la cuestión de lo que está pasando en UGT es que "se camina a un nuevo modelo para transformar UGT en un sindicato amar¡llo", y denuncia injerencias en la central del partido, al que no considera socialista, y del Gobierno, con su presidente al frente. "Yo vengo siendo la obsesión permanente de esos señores", afirma, "y las presiones están siendo azuzadas por Felipe González y por Txiqui Benegas, quien considera indigno que yo ostente la dirección de una federación de UGT".

Para el todavía dirigente minero resulta sospechoso que su sanción coincida con la destitución de Antonio Puerta y toda la ejecutiva del metal de UGT. Él interpreta que se le ha aplicado "la ley del equilibrio, no escrita, que rige en la política".

A Saavedra no le preocupa lo que pueda pasar con él, sino los problemas de los trabajadores. Ni siquiera ha contestado a los seis expedientes incoados contra su persona. Uno de ellos tuvo origen en la decisión del comité federal de la minería declarando personas no gratas a dos parlamentarios de Asturias y León, por considerarles provocadores de los incidentes de 1986.