La industria se considera perjudicada por los nuevos controles

Los fabricantes españoles de armas se consideran perjudicados por la nueva normativa sobre exportaciones de productos bélicos que el Gobierno tiene previsto aplicar en breve. Un directivo de una asociación de fabricantes de armas comentó ayer al referirse a los nuevos controles que impondrá el Gobierno: "Estamos muy preocupados, porque se van a incrementar los trámites burocráticos y saldrán beneficiados los países competidores".Según los fabricantes consultados, la nueva legislación traerá consigo "más controles y más posibilidades de sanción". Además, explican, los requisitos que puede exigir el Gobierno resultan inaceptables para muchos de los potenciales países compradores, especialmente la emisión del certificado de entrada de productos bélicos. Estiman las fuentes consultadas que son muchos los países que se niegan a certificar que han adquirido un determinado tipo de armas, porque no desean que lo sepan las naciones vecinas o sus potenciales enemigos.

Por todo ello, creen que el decreto elaborado por el Gobierno originará que algunos países compradores se dirijan a otros mercados y abandonen el eapañol "para evitarse problemas y para conseguir los productos con mayor celeridad".

Un portavoz de la Asociación de Fabricantes de Armamento de España (Afarmade) señaló que esta organización, que agrupa a la mayoría de empresas del sector, también cree que el decreto puede causar algunos perjuicios para las ventas al exterior, pero que, en cambio, ve con buenos o os que el Gobierno elabore una lista especial de exportadores y una segunda lista de productos considerados como material de guerra o de doble uso.

El pasado año, el ministro de Industria, Luis Carlos Croissier, comentó en el Congreso de los Diputados que la superación de la actual crisis que vive la industria de defensa "exige de unos mercados suficientemente amplios". En 1986, según sus datos, las empresas de armamento españolas vendieron productos valorados en 156.000 millones de pesetas, de los que 50.000 correspondieron a exportaciones.

Durante 1987, según estimaciones realizadas ahora -aún no concluidos los cálculos-, se han incrementado ligeramente las ventas interiores y han disminuido algo las exportaciones. En el sector trabajan más de 60.000 personas.

Situación difícil

Fue Philippe Jous quien narró estos hechos en una declaración bajo juramento ante la Administración de Aduanas y Aranceles de Bélgica. La empresa española recibió por su participación pasiva en este tráfico unos 65 millones de pesetas, una cantidad ridícula para los ingresos de Santa Bárbara. Ya que el ánimo de lucro no explica este papel de tapadera, El Globo apunta como razón las estrechas relaciones de Santa Bárbara con el cártel europeo de pólvora y explosivos, la sociedad denominada European Association for the Study of Safety Problems (EASSP) con sede en París.La crítica situación que atravesaba Santa Bárbara a finales de 1985 y 1986, con pérdidas de 14.000 millones de pesetas y una deuda de 40.000, llevó a pensar a su antiguo presidente, Manuel Esteve, que la única solución era un fuerte incremento de las exportaciones, según informa El Globo. En este contexto se firmaron en noviembre de 1985 los acuerdos de Ginebra. Si el proceso administrativo abierto en Bélgica puede terminar con penas de prisión y fuertes multas para los inculpados, en España las autoridades guardan silencio y la reglamentación existente sobre este tipo de operaciones es extremadamente laxa, según el semanario.