Cavaco Silva saca adelante la 'contrarreforma' agraria en Portugal

En el contexto de las grandes reformas estructurales de la economía portuguesa anunciadas desde su victoria en las elecciones legislativas de julio último, el Gobierno de Cavaco Silva acaba de aprobar un paquete de cinco propuestas de ley que configuran de hecho la liquidación de la reforma agraria impulsada en tiempos de la revolución, entre los años 1975 y 1977. Las medidas aprobadas afectan a más de un millón de hectáreas de tierra cultivable.

Después de las ocupaciones de tierras que se realizaron sobre todo al sur del Tajo durante el año 1975, de las leyes de expropiación de los latifundios de 1975 y 1977 y de las posteriores revisiones en el sentido de devolver a los antiguos propietarios parte de las tierras expropiadas, la situación jurídica de la propiedad de más de un millón de hectáreas de las mejores tierras agrícolas de Portugal se había convertido en un auténtico rompecabezas que el Gobierno de Cavaco Silva prometió clarificar.De acuerdo con el razonamiento esgrimido por el nuevo jefe de Gobierno luso, esta clarificación constituía una condición indispensable para llevar adelante el proceso de modernización de la agricultura en el país.

Las leyes propuestas significan, de hecho, la liquidación de las unidades colectivas de producción creadas por los comunistas y los sindicatos, de las cuales sobreviven en la actualidad algunas decenas, que deberán ahora convertirse en cooperativas clásicas, de acuerdo con las propuestas del Gobierno.

El resto de las tierras ocupadas será reprivatizado por el doble mecanismo de la restitución a los anteriores propietarios o de la venta por el Estado. Dentro de este proceso, los expropiados tendrán derecho a las correspondientes indemnizaciones.

Las grandes propiedades familiares, particularmente afectadas por la anterior reforma agraria, podrán ser reconstituidas, una vez concretada la propuesta del Gobierno de Cavaco, ya que la nueva legislación protege a los copropietarios de fincas indivisas, que tendrán derecho cada uno a una reserva de las tierras cuya extensión sobrepasa el límite permitido.

La nueva legislación incluye también disposiciones en lo referente a arrendamiento rural, e prevé la modificación del actual statu quo en la normativa sobre parcelamiento y explotación de los terrenos comunales (baldíos), que van todas en el sentido de fomentar inversiones y la creación de explotaciones agrícolas "modernas y económicamente rentables", de acuerdo con la justificación sobre la que se ha impulsado el proceso de modificación diseñado por el equipo de Cavaco.