Un primer análisis
Las elecciones sindicales entre los funcionarios se han caracterizado por un importante grado de politización, lo que ha, beneficiado a las organizaciones corporativistas y perjudicado a los sindicatos de clase. Sin embargo, estos últimos han salido fortalecidos de la confrontación electoral, con más del 50% de los delegados.
Más de 10 años hemos tardado en celebrar elecciones sindicales en la administraciones públicas y en la enseñanza pública desde la consecución de la libertad sindical en España, a pesar de haber sido demandadas con insistencia por UGT. Esto sería ya suficiente para dar relieve a estas primeras elecciones.La alta participación de los funcionarios, enseñantes, trabajadores de la sanidad y Correos, que ha superado el 70%, así como la normalidad y el respeto a la normativa legal, han sido la tónica general, solamente rota por la injerencia en el proceso electoral del ministro para las Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, que publicó el 22 de diciembre un avance de los resultados, que fue denunciado en su día por UGT, al considerarlo tendencioso y en cualquier caso parcial e interesado en relación a la CSIF, ya que faltaban por elegir 1.500 delegados y eran muy reducidas las diferencias entre los tres sindicatos que finalmente han obtenido mayor porcentaje en estas elecciones.
A diferencia de las elecciones sindicales de 1986, éstas han sido más políticas que aquéllas, real¡' dad que no ha beneficiado a UGT, seguramente por la propia dinámica que se genera ante el procedimiento seguido en virtud de la normativa legal que ha posibilitado además presentar candidaturas en ámbitos provinciales a opciones con escasa presencia y afiliación en la función pública y en la enseñanza en general. Por el contrario, en las elecciones celebradas en los ayuntamientos en los cuales la votación se ha relizado en el propio centro, UGT, fruto de su mayor presencia organizada, ha presentado un número más elevado de candidaturas que sus oponentes y ha ganado las elecciones sindicales.
La politización de estas elecciones ha decantado el voto progresista, el voto de clase y de izquierdas hacia UGT, CC OO y UCSTE principalmente y el voto corporativista y de derechas a la CSIF, ANPE, CESMSATS, etcétera. Esta politización, lo repetimos una vez más, ha perjudicado a las centrales sindicales; a las que han venido desarrollando la acción sindical en beneficio de los funcionarios desde hace años y beneficiado por el contrario a las opciones corporativas que se han presentado sin ofrecer gestión en relación con la defensa de las reivindicaciones de los funcionarios y sin ninguna estrategia o política sindical conocida, como no sea la de oponerse a las organizaciones de clase y al propio Gobierno socialista
Al contrario de lo que se ha publicado en algunos medios de comunicación, estas elecciones han supuesto un nuevo respaldo a las organizaciones de clase, .fundamentalmente a UGT y CC 00, que han superado el 50% de los delegados elegidos. No se puede, por tanto, hablar con rigor de triunfo de los sindicatos independientes ni de la CSIF, que ha conseguido un 24% de los delegados electos.
Las expectativas de un descalabro del sindicalismo de clase, promovidas por la derecha y las candidaturas autodenominadas independientes, no se han visto correspondidas, a tenor de los resultados, con la voluntad de los funcionarios.
Mapa sindical
Por otra parte, hemos de reconocer que el mapa sindical que se ha configurado después de estas elecciones sindicales dista mucho de parecerse al vigente en la empresa pública y privada. En efecto, la atomización sindical anterior a estos comicios no se ha superado totalmente. La realidad actual nos hace pensar que es un mapa sindical poco estable. Seguramente se producirán cambios en el próximo proceso electoral, que se celebrará conjuntamente con el sector privado en 1990, que permitirá constituir una representación en la función pública más consolidada.
En todo caso, hay tres sindicatos claramente por encima del resto que superan el 72% de los delegados. La CSIF, con el 24,4%; UGT, 24,1 %, y CC 00, con el 24,0%. El resto no llega al 10%, por lo que no van a estar presentes en el Consejo Superior de la Función Pública, donde UGT va a ser la primera fuerza sindical, teniendo en cuenta los resultados que obtuvo entre el personal laboral de la función pública el 48,8% (la CSIF, 3,4%, y CC 00, 30,9%) en las elecciones de 1986. Hay que añadir como excepción a lo manifestado la presencia de ELA-STV como sindicato suficientemente representativo en el País Vasco.
La composición, con arreglo a estos resultados del Consejo Supenor, será la siguiente: UGT, siete miembros; CC OO seis; CSIC, tres, y uno para ELASTV.
Los resultados que hemos reseñado son buenos considerados globalmente para UGT, aunque nuestras expectativas eran mejores a tenor de los porcentajes obtenidos en las elecciones de 1986.
Lo primero que manifestamos es que el no haber cubierto plenamente nuestras expectativas no responde a un problema organizativo. No es debido a una escasa presencia e implantación ni a una menor afiliación.
Tampoco podemos achacarlo a nuestras reivindicaciones o a nuestra plataforma sindical, no muy diferente a la de otras opciones sindicales que han concurrido a estas elecciones.
En la campaña electoral, el debate, e inclusive la confrontación, se ha planteado por parte de todos contra UGT, identificándose a nuestra organización como un sindicato dependiente del Gobierno y de las instituciones. Por el contrario, UGT ha realizado una campaña prudente y no descalificadora hacia otras opciones sindicales.
En estas elecciones, UGT ha aparecido como un sindicato dependiente del Gobierno; un sindicato de empresa, el sindicato de casa en definitiva; esto ha producido desazón, equívoco y confusión cuanto menos en el electorado, y no lo hemos sabido contrarrestar con eficacia.
De igual manera, la errónea apreciación de que UGT haya sido corresponsable de ciertas decisiones o manifestaciones del Gobierno, no acordes con el sentir de los funcionarios, ha podido ser causa de reticencias a la hora de votar nuestras candidaturas.
Cuando nuestra central sindical manifestó en su día que mantendría una política de apoyo crítico a un programa de gobierno, éramos plenamente conscientes de la dificultad de tal comportamiento. El hecho de que en las administraciones públicas pudiera producirse este tipo de identificaciones, en las que se concluye de un modo tan superficial como apresurado que si el sindicato apoya -aunque sea críticamente- a un determinado programa habrá de ser corresponsable con el Gobierno en todas sus decisiones, incluso en aquellas que merecen la oposición del sindicato, fue una política arriesgada que se asumió en su momento.
El riesgo se ha demostrado que ha sido alto, dada la política seguida por la Administración socialista para con los funcionarios y enseñantes públicos. Ni éstos están de acuerdo con la reforma emprendida y no culminada, ni tampoco con las políticas llevadas a cabo en relación con las retribuciones de los funcionarios y su poder adquisitivo. Tampoco comprenden la intransigencia del Gobierno en cuanto a la no aceptación de la negociación colectiva que debe de garantizar la negociación por parte de los sindicatos de los incrementos salariales, la cláusula de revisión, la oferta de empleo público, las condiciones de trabajo, etcétera.
Por otra parte, cuando UGT en un número de casos importantes ha llegado a algún acuerdo con. el Gobierno (enseñanza, sanidad, Administración central, etcétera), éste, en buena medida, ha incumplido los acuerdos firmados, lo que sin lugar a dudas ha supuesto un importante coste electoral para UGT.
En todo caso, y al margen de lo dicho anteriormente, lo que ha ocurrido en estas elecciones sindicales estimamos que debe hacer reflexionar al Gobierno en su política relacionada con los enseñantes y funcionarios públicos. Sin lugar a dudas, debe modificar su política, que en todo caso no asumen o no comprenden buena parte de los funcionarios, ni saben qué es lo que pretende de cara al futuro de la función pública.
Con lo dicho no pretendemos echar la culpa al Gobierno de no haber cubierto nuestras expectativas, pero sí tenemos que hacerle responsable de los incumplimientos; con ello simplemente estamos reflejando la realidad actual y la opinión más generalizada entre los funcionarios y enseñantes.
Los resultados obtenidos responden, desde luego, única y exclusivamente a la política de UGT, ni más ni menos. Lo mismo hemos dicho de los partidos que ganan o pierden unas elecciones municipales, autonómicas o generales. Los resultados son achacables a los propios protagonistas.
Dimisiones positivas
Lo que nos tenemos que preguntar es: ¿qué hubiera pasado en este sentido en los últimos meses con una política menos diferenciada de UGT en estas elecciones sindicales? Tenemos información y documentación en el sentido de que la política confederal, inclusive las dimisiones del Parlamento de responsables de UGT, particularmente de nuestro secretario general, han sido, en este sentido, positivas. Pero también es cierto que no han tenido la credibilidad suficiente al no tener esta política confederal una correspondencia nítida y clara en los centros de trabajo, donde se han dado comportamientos que han propiciado una imagen de identificación con el poder en sectores claves como la enseñanza, Correos, Insalud, etcétera.
De cara al futuro, y en lo que concierne a la política sindical a desarrollar por UGT, debemos tener muy en cuenta, dada la experiencia vivida, que la vía de la negociación hay que mantenerla como la más correcta, siendo fundamental, en el supuesto de firmar un acuerdo, saber explicarlo y defenderlo con entusiasmo, sobre todo si lo firmamos en solitario. Por último, hay que exigir su cumplimiento con plena firmeza, si es necesario, ante posibles incumplimientos.
A corto plazo, UGT debe seguir luchando por la equiparación, con todas las consecuencias, de la acción sindical a desarrollar por los funcionarios con la que venimos desarrollando en la empresa pública o privada; esto es prioritario para la consolidación de lo mucho que ha conseguido nuestra organización.
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