El profesor Luis Enrique de la Villa coordinará el equipo jurídico que defenderá a los 133 despedidos de Alúmina-Aluminio

El catedrático de Derecho del Trabajo de la universidad de Madrid, Luis Enrique de la Villa, a requerimiento de la UGT, coordinará el equipo de abogados que defenderá a los 110 trabajadores y a los 23 miembros del comité de Alúmina-Aluminio despedidos a raíz del hundimiento del buque Cason.El profesor De la Villa expuso ayer los argumentos en los que se basará la defensa, partiendo de que el desalojo de la factoría de San Ciprián se produjo tras un acuerdo entre la dirección y el comité de empresa, roto posteriormente. En consecuencia, a juicio del letrado, no hubo actuación unilateral del comité. Además sostiene que la dirección de la factoría, durante bastantes horas, se opuso al paso del convoy cargado con bidones en cuyas etiquetas ponía "Más peligrosos", hasta que en un momento determinado cambiaron de criterio los responsables de la empresa, no el comité.

Fuentes consultadas en la empresa, por otra parte, han declinado comentar los argumentos del equipo jurídico, indicando que "la última palabra sobre las responsablidades del episodio corresponde a la justicia".

Imputaciones de la empresa

Las imputaciones que la empresa ha hecho contra los trabajadores son que han intervenido en una huelga ilegal, no han respetado los servicios mínimos y han transgredido la buena fe contractual. A juicio del coordinador de la defensa, no parece que la primera acusación pueda prosperar porque para ser ¡legal debe haber huelga. Para que exista se requiere una cesación en el trabajo en reivindicación de una mejora laboral, y en este caso el paro pretendía salvar la integridad física y la vida de los trabajadores.Asimismo, Luis Enrique de la Villa argumenta que ninguna autoridad estableció servicios mínimos, por lo cual no se puede hablar de incumplimiento. Ni siquiera la empresa los concretó y tan- sólo se limitó a requerir la aplicación de los establecidos en conflictos anteriores.

La imputación de la transgresión de la buena fe contractual, que los jueces vienen interpretando como abuso de confianza de actuación dolosa, pero nunca la relacionan con el perjuicio económico, en opinión de De la Villa, en este caso se tiene que valorar que los hechos no se producen en una situación neutra.

Para De la Villa, buena parte de la jurisprudencia tampoco vale porque entiende que aquí se dio una "situación de emergencia pública, con las emisoras hablando de caos y mientras se producía el desalojo de pueblos".

El catedrático reconoce que es una valoración muy dificil dellevar a cabo, pero entiende que el comité no actuó con imprudencia. Asimismo afirma que el primer esfuerzo a realizar es el esclarecimiento de los hechos, dado que existen dos versiones contradictorias de lo sucedido: la de la dirección y la del comité y los trabajadores.

Comisión neutral

Por otra parte, los dirigentes de UGT han pedido la constitución de una comisión de investigación que actúe de manera neutral y consideran injusto que las consecuencias hayan recaído únicamente sobre los trabajadores despedidos. Entre las pruebas que obran en su poder figuran los telegramas enviados a los trabajadores responsables de los servicios mínimos, con fecha 16 de diciembre, requiriéndoles su reincorporación al trabajo el día 15, de acuerdo con lo señalado por el propio comité.