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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Un gol olímpico

LA SITUACIÓN creada tras el cese de Antonio López como director de Deportes del Comité Olímpico Organizador de Barcelona 92 (COOB 92) -el tercer puesto del organigrama ejecutivo del equipo organizador de los Juegos Olímpicos de Barcelona- refleja de manera palpable el tipo de males que aquejan al deporte español. Su estructura es endeble, resultan anacrónicos sus sistemas, y su propia inmadurez hace posible hechos como que el que ha desembocado en la dimisión de aquel alto directivo, mezclado en supuestas irregularidades en la gestión de su presupuesto oficial como federativo.La elección de Antonio López para el cargo de director de Deportes reflejó en sí misma esa situación caótica que vive el deporte español. Todos los organismos que intervinieron en el nombramiento del ahora dimitido -Comité Olímpico Español, Consejo Superior de Deportes, Federación Española de Motociclismo y COOB 92- sabían que la persona elegida atravesaba por una delicada situación económica derivada de su gestión privada como empresario, y no ignoraban que su paso por la Federación Española de Motociclismo se había caracterizado tanto por la brillantez de los resultados deportivos -un extremo que nadie puede desmentir- como por lo confuso de su balance económico. El propio presidente del COE, Carlos Ferrer Salat, ha acabado reconociendo que Antonio López fue uno de los descartados por una multinacional norteamericana de cazatalentos.

Posteriormente, una investigación de la Federación Española de Motociclismo, realizada por orden del Consejo Superior de Deportes (CSD) a instancias de quienes sucedieron a López en la presidencia, reveló un desvío presupuestario de 22 millones de pesetas, de los cuales más de cuatro no fueron justificados y correspondían a gastos realizados el pasado año por Antonio López. Los hechos que han culminado en el cese del director de Deportes del COOB 92 eran pues del dominio de las autoridades españolas del deporte, por lo que resulta al menos paradójico que a la hora de afrontarlos mostraran una sorpresa cercana a la incredulidad. Sorprende aún más la reacción del propio secretario de Estado para el Deporte, Javier Gómez Navarro, que ha sido citado diciendo que los verdaderos problemas del deporte español no se corresponden con estas minucias. Aunque lo diga tan alto responsable deportivo, éstas no son minucias, porque el deporte español precisa de una gestión clara, transparente y eficaz que contraste con lo que ha parecido ser habitual en este sector. Que la persona implicada en una supuesta gestión irregular llegue tan lejos en el campo del deporte olímpico indica que lo que hay que atajar son justamente estas minucias.

El caso Antonio López supone otro frenazo y marcha atrás para una estructura de organización que costó un año crear. Los enfrentamientos entre las instituciones representadas -que, una vez conseguida la designación de Barcelona abrieron una serie de guerras menores que obstaculizaron enormemente la formación del organismo rector de los Juegos- podrían reproducirse de nuevo, a escasas semanas de los Juegos Olímpicos de Invierno en Calgary (Canadá), donde Barcelona 92 debe estar representada por sus máximos responsables. Nadie puede asegurar que la designación del sustituto de López no provoque un nuevo pulso entre socialistas y nacionalistas catalanes, una vez demostrado que el COE no está capacitado para designar a una de las personas de mayor responsabilidad en los Juegos Olímpicos de 1992.

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