La CAZAR deberá informar sobre los contratos de sus directivos
La Magistratura de Trabajo número 2 de Zaragoza ha condenado a la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja (CAZAR) a facilitar los modelos de contratos suscritos por altos directivos. La sección sindical de UGT de la entidad reclamó en 1986 dichos contratos que, según sus informaciones, habían suscrito nueve directivos de la CAZAR, acogiéndose a la ley de contratación de altos cargos, que en caso de despidos, destituciones o jubilaciones contempla fuertes indemnizaciones.UGT calificó la firma de dichos contratos como "un delito social". Según inflarmó dicho sindicato, los altos directivos de la CAZAR, en caso de ser sustituidos o de abandonar la entidad, recibirían una indemnización de una anualidad por cada cinco años de servicio (decreto de altos cargos) y 45 días por año trabajado (Estatuto de los Trabajadores).
Sólo en el caso de cuatro de los directivos firmantes de los contratos, José Joaquín Sancho Dronda, del director general y ya jubilado, Jaime Etayo, Juan Alfaro y José Royo Sinués podrían costar a la entidad, según denunció el sindicato socialista, una cantidad aproximada de 700 millones de pesetas. Según UGT, estarían en la misma situación los directivos Gregorio Germán, Fernando Vicente, Enrique González Simarro, Edínan Fabre y el actual director general de la entidad, Amado Franco.
Indemnizaciones
Al margen de las indemnizaciones citadas, dichos directivos podrían seguir en la entidad con la categoría de jefes de primera y con derecho a ocupación efectiva que no menoscabase su dignidad profesional. En este sentido, Sancho Dronda pudo percibir, según datos aportados en su día por UGT, 187 millones de pesetas a la hora de jubilarse; Jaime Etayo, también jubilado, 259 millones; Royo Sinués, 161 millones, y Juan Alfaro, 55 millones.Fuentes de la caja han desmentido que las cifras manejadas por UGT sean tan altas y correctas. En los fundamentos de la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Central de Trabajo, se menciona la ley orgánica de Libertad Sindical y al Estatuto de los Trabajadores.
La UGT ha anunciado que solicitará ahora dichos contratos, y en el caso de que le sean denegados, pedirá a los sectores progresistas de la nueva asamblea de la CAZAR que sean ellos quienes los reclamen para que se hagan públicos.
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