El lastre del corporativismo judicial

Analizando diversos ejemplos de problemas muy delicados relacionados con la justicia, el autor sostiene que, con todo, es posible enderezar la situación actual. Pero hace hincapié en la necesidad de superar previamente las actitudes corporativistas que, en ocasiones, sostienen incluso los sectores progresistas.

Es raro el día en que no aparecemos en la Prensa. Me refiero, naturalmente, a los jueces. Cada mañana, con el primer café, puede leerse alguna noticia que hace referencia a este o aquel juez, al tribunal de aquí o de allá... Y si es raro que algún día no sean noticia los jueces, más raro es aún que esas noticias sean halagüeñas para el ciudadano, favorables para el aludido.Lo corriente es lo contrario: jueces que no han evolucionado con la sociedad de que forman parte y se escandalizan ante hechos que hoy todo el mundo acepta, indemnizaciones absurdas para supuestas ofensas a un honor que retrotrae a los tiempos de Calderón, tribunales que dictan sentencias distintas para casos iguales... Y además, atrasos, atascos, lentitudes... Si algunos miembros de la propia judicatura han llegado a afirmar, en un rapto de sinceridad, que la justicia es un "cachondeo", nada tiene de extraño que el sentimiento difuso entre los ciudadanos sea que la justicia no funciona.

Se ha celebrado en Madrid un congreso de miembros de las distintas profesiones jurídicas, sin otro lazo que una común postura progresista, y han llegado a la conclusión de que la justicia tiene arreglo. Es posible que, además de progresistas, fueran también un poco ingenuos. O algo optimistas. Pero han elaborado unas ponencias, que más adelante se proponen convertir en una proposición de ley, en las que arbitran una serie de remedios que, a su juicio, pueden acabar con los males que hoy afligen a la justicia.

Desde ahora ofrezco mi firma como una de las 5,00.000 que harán falta para que pueda llegar a articularse la proposición de ley. Pero, acaso no tan ingenuo u optimista como ellos, no estoy seguro de que las soluciones que brindan resuelvan los gravísimos problemas planteados mientras no se ponga remedio al que yo estimo el peor de los males que aquejan a la justicia: el tantas veces denunciado corporativismo de los jueces.

Si en este momento vengo a echar un jarro de agua fría es porque acaba de producirse otro hecho que a mi juicio demuestra lo arraigado de ese sentimiento corporativista. Y no sólo entre los jueces más conservadores, que en éstos no puede ser motivo de asombro, sino también entre aquellos otros que por su trayectoria merecen sin lugar a dudas el calificativo de progresistas.

Me refiero al conflicto surgido entre los jueces de Madrid y el Consejo General del Poder Judicial por la sanción impuesta por la comisión disciplinaria de éste al juez de vigilancia. penitenciaria de Valladolid. Este juez concedió un permiso de salida al recluso ultraderechista Emilio Hellín, condenado por el asesinato de la joven Yolanda González. El permiso, absurdo a todas luces dadas las circunstancias, se concedió contra la opinión de cuantos tuvieron ocasión de informar sobre el mismo: el fiscal, los servicios del propio centro penitenciario, la dirección general... El recluso, naturalmente, no se reincorporó, y el Consejo General del Poder Judicial sancionó al juez.

Pues bien: los jueces de Madrid, en junta especial dedicada al caso, criticaron el uso hecho por el consejo de la función disciplinaria. Estimaron que era atentatorio a la independencia judicial. Pero lo sorprendente es que ese acuerdo de la Junta de Jueces parece que fue adoptado por unanimidad, y que la celebración de la reunión fue solicitada por magistrados pertenecientes a las asociaciones Francisco de Vitoria e incluso Jueces para la Democracia.

Se ha dicho por los jueces de Madrid que aunque eso pueda parecer una postura corporativista, por cuanto entraña, de uno u otro modo, la defensa de otro juez, en realidad no lo es, pues se trata de defender la independencia de los jueces en el ejercicio de su cargo. Pero la independencia no puede consistir en la arbitrariedad. Por ello, no hay ni puede haber ataque a esa independencia cuando se sanciona a un juez que merece ser sancionado.

Me interesa la postura mantenida en la junta. ¿Acaso ese juez no merecía ser sancionado? Sé que se ha dicho que su conducta -la concesión del permiso- o era prevaricación o no era nada. Es una opinión. Y acaso el consejo pensó que la posible prevaricación acabaría por quedar impune, como tantas veces ha ocurrido, y que una conducta así no podía quedar sin alguna sanción.

La deteriorada situación de la justicia exige un aprovechamiento al máximo de los órganos judiciales de gobierno, en beneficio al fin del ciudadano. ¿Se reprochará acaso la intervención del consejo en el caso del juez de Valencia? ¿O en los del llamado caso Bardellino, que hubiesen quedado impunes si el consejo no actúa? Esa intervención no puede verse sino como un intento de corregir el divorcio entre la postura de algunos jueces y las realidades sociales. Sorprende que ello pueda merecer la crítica de jueces que se estiman progresistas. Yo no puedo entenderlo sino como un resabio corporativista.

Otro caso. Con motivo del auto de procesamiento dictado por un juez de Pamplona en un caso de aborto, la abogada Cristina Almeida, al mostrar su extrañeza por la decisión judicial, aludió a un expediente de incapacidad seguido en otro tiempo a ese juez por unos supuestos problemas psíquicos.

Pues bien, la Junta de Jueces de Pamplona estimó que eso era también atentatorio a la independencia judicial o al honor de ese juez. Y llegó a dictarse orden de prisión contra esa abogada, que, aparte de haberse limitado a emitir una opinión, no parece probable que fuera a tratar de sustraerse a la acción de la justicia. ¿Parecería también abusiva una intervención del consejo? No lo sé. Al consejo corresponde asumir la garantía de la independencia judicial, pero es también el único órgano que puede poner límites al nefasto corporativismo.

El corporativismo judicial es el peor de todos, con ser todos malos. Porque si un médico, por poner un ejemplo, se siente ofendido, no le queda sino enfadarse o acudir a los tribunales. Pero cuando el ofendido es un juez, son sus propios compañeros los que se convierten en árbitros de la cuestión. Y el arbitraje corporativista puede resultar muy peligroso.