Tribuna:UN PROCESO POLÍTICO
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El juicio de Otelo Saraiva de Carvalho

Otelo Saraiva de Carvalho, el hombre que encabezó el movimiento por la democracia en Portugal y la independencia de Mozambique en 1974, ha sido condenado a 15 años de prisión en un tremendo error judicial. La base de su condena está en la autoría de un Proyecto glóbal desarrollado hace 10 años. Este- insólito documento, quizá único en la historia -es el punto de vista de un militar experimentado y, orgulloso.En él se describen los elementos esenciales requeridos piara la preservación y ampliación de las instituciones democráticas, la prevención de los golpes de Estado y la contención de los militares. Se basa en el compromiso, la implicación y la vigilancia civiles. Su Proyecto fue considerado por un tribunal como un programa terrorista, aunque es evidente que se trata de un intento de preparar a la población portuguesa para impedir la vuelta al fascismo.

Desde América -una inación de inmigrantes, como la llamó John Kennedy-, Otelo debería ser considerado como un verdadero héroe, no sólo para Portugal y Mozambique, sino para todo el mundo. Se trata de una figura militar de los más altos principiós que condujo la difícil tiransición desde la tiranía, por decirlo de alguna manera, hasta Icis inicios de las instituciones democráticas y de un Gobierno representativo. Se opuso a toda violencia e insistió firmemente en la retirada de los militares. Cuiando le llegó su oportunidad, pidió la libertad para Mozambique, la colonia donde había nacido.

El compromiso de Otelo en la década de los ochenta fue el mismo que en los años setenta. En los aftos setenta, su compromiso le convirtió en un héroe paxa la gente cansada de la opresión. En los años ochenta, le convirtió en una amenaza para un creciente autoritarismo. Era, y es, consciente de que ningún país en la actualidad está libre del riesgo de una dictadura militar, un riesgo que hoy día es mayor que nunca. En Filipinas estamos viendo que los militares ponen en constante peligro el aparente milagro de la viuda del principal símbolo contra la violencia de Marcos, Corazón Aquino, la presidente electa de Filipinas. Qué diferente no sería todo si allí se aplicara el punto de vista de Otelo. En muchísimos otros países se observa el hecho, o la amenaza, de una creciente onmipresencia de las fuerzas militares en el gobierno y la vida de los pueblos. Estudiando la historia, Otelo aprendió que la paz era lo mejor. ¡Cuántos países necesitarían la visión de Otelo!

El Proyecto gIobal es una importante conceptualización práctica de organizaciones y acciones para la protección y ampliación de las instituciones democráticas. Está sacada de las duras experiencias del Portugal de Salazar y del Mozambique colonial.

Durante los largos y difíciles 17 meses del juicio no se probó ningún acto violento, ni tan siquiera imputable a Otelo o a ninguno de los acusados relacionados con él. Ni la policía ni ningún testigo gubernamental presentaron evidencia alguna de implicación de Otelo con actos violentos ni se encontró ningún acto violento que hubiera sido cometido con sus instrucciones, con su conocimiento o en apoyo de su partido político, el FUP. Quedó demostrado que los actos violentos a los que impropiamente se hizo referencia durante el juicio, pero que no fueron probados, habían sido cometidos por iniciativa personal de indlividuos pertenecientes a organizaciones que actuaban con independencia de Otelo y del FUP.

El juicio ignoró importantes principios del derecho internacional y violó derechos humanos fundamentales. El artículo 288 del código de enjuiciamiento criminal portugués, que se acusó a los juzgados de haber violado, es peligroso para la libertad índividual y los derechos de toda persona que vive en un país cuyo derecho es positivo. La definición de "grupo terrorista" como dos o más personas que actúan en concierto "buscando la causa de daños a los asuntos e independencia del país" es algo demasiado vago para informar al público de la conducta que se prohíbe. Puede aplicarse a casi cualquier actividad que implique la acción concertada de dos o más personas que el Gobierno considere que tenía por intención perjudicar al país. En esta ocasión se utilizó para asociar equivocadamente a Otelo con gente a la que no conocía y con la que no había actuado en concierto, pero que había cometido actos de violencia. El artículo 288 pone en peligro a todos los inocentes de un país que puedan ser arbitrariamente cogidos en una red que la razón es incapaz de definir. Permite al Gobierno enjuiciar a quien desee y castigar cualquier forma de asociación o actividad cooperativa.

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El juez de la investigación hizo contra Otelo unas alegaciones en la Prensa infundadas y muy perjudiciales. Por ejemplo, informó impropiamente que Otelo había abierto una cuenta en un banco suizo con fondos de los terroristas, pero se demostró que la acusación era falsa. Se basó en un concepto de autoría moral, que condena a un acusado que no ha cometido el acto en cuestión, pero del que se dice que ha proporcionado algún tipo de justificación moral a tal fin. Tal concepto castiga las creencias, o manifestaciones, sin actos y podría ampliarse a todos aquellos que podrían simpatizar con los fines buscados, pero no con los medios utilizados, por quienes cometen los actos de violencia. Es un concepto ilegal que invade la conciencia de los individuos.

Juicio posterior

Se utilizó el artículo 288 para juzgar actos supuestamente ocurridos casi antes de ser aprobado. Entró en vigor el 1 de enero de 1983. Los documentos escritos por Otelo describiendo el Proyecto global datan de 1977. Al escribirlos eran legales; sin embargo, se convirtieron en la pieza central del caso instruido contra él por una ley aprobada más de cinco años después.

Se ha causado un enorme daño psicológico al permitir que en el procedimiento se hiciera constante referencia a actos terroristas cometidos por otros, incluidos los coacusados, sin acusar a Otelo y ni siquiera intentar demostrar su responsabilidad. El perjuicio resultante de esa práctica inadmisible fue demoledor.

Se abusó mucho de la aceptación de las declaraciones de informadores o arrepentidos. La utilización de cuatro arrepentidos, todos ellos evidentemente indignos de crédito, constituyó virtualmente todo el testimonio contra Otelo y sus compañeros. A esos arrepentidos, de los que no se demostró que conocieran a Otelo, pero que sí habían cometido actos terroristas, se les permitió testimoniar sobre los actos terroristas que ellos mismos habían cometido. Por su testimonio se les redujo considerablemente la sentencia o se les dejó libres. Una ley que quiere basarse en la verdad debería negarse a aceptar tales testimonios. Los juicios debían basarse en hechos, hechos probados, determinados por una investigación minuciosa.

El tribunal no proporcionó razones en apoyo de sus descubrimientos de hechos. Las conclusiones en sí mismas, carentes de declaraciones explicativas o justificativas, no son más que palabras vacías, llenas de eco y furor, pero sin significado alguno. Tales conclusiones desnudas son una burla de los procesos judiciales y se descalifican por sí mismas.

En el juicio trascendieron otros errores. Al comienzo del proceso, Otelo fue retenido en aislamiento durante 20 días, contraviniendo la ley portuguesa y las normas internacionales. La atormentadora lentitud del juicio creó inmensas dificultades a la defensa y perjudicó importantes derechos y a la opinión pública.

La declaración final de culpabilidad de un patriota declarado por el tribunal como opuesto a la violencia y que apoya la Constitución es uno de los más notables casos de abuso del poder judicial con motivos políticos que se ha visto nunca.

Otelo, junto con los demás acusados en relación con él, debe ser puesto en libertad tan pronto como el tribunal de apelación pueda revisar el caso. Esa enorme injusticia al pueblo portugués, a las instituciones democráticas y a los acusados ha de ser rectificada cuanto antes. Es un tributo a Portugal que dos presidentes, uno en oficio y otro ex presidente, testificaran sobre la buena reputación de Otelo.

Es imprescindible que la verdad que nos hace libres sea conocida. Todas las circunstancias de este trágico asunto demuestran abrumadoramente que Otelo y sus compañeros son inocentes.

Ramsey Clark fue fiscal general de Estados Unidos durante la presidencia de Lyndon B. Johnson.

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