AP y CDS rechazan que las normas electorales equiparen la televisión publica y la privada

Los dos principales grupos de la oposición, Alianza Popular y el Centro Democrático y Social, son contrarios a imponer a las futuras televisiones privadas las mismas normas que para las campañas electorales impone la ley electoral a los medios de comunicación de titularidad pública. El Gobierno tiene el propósito de elaborar una ley orgánica que someta a los canales de televisión de propiedad privada a los mismos condicionamientos a que se encuentra sometida ahora Radiotelevisión Española.

El ministro de Cultura y porta voz del Gobierno, Javier Solana, confirmó el pasado lunes la intención socialista de preparar un proyecto de ley orgánica que establezca para la televisión privada idénticas obligaciones que las que rigen para la televisión pública en materia de publicidad electoral y emisión de programas gratuitos de los partidos políticos. Dichas obligaciones se hallan contenidas en la ley de Régimen Electoral General y se refieren a la distribución de los tiempos de emisión en función de los votos conseguidos por los grupos políticos en las elecciones precedentes.Al margen de eso, y en caso de que el Gobierno lleve adelante su propósito, los canales privados de televisión no podrán difundir publicidad electoral pagada, a diferencia de los restantes medios de comunicación, tanto en el ámbito de la radiodifusión como de la prensa escrita, de propiedad privada.

El portavoz de Alianza Popular en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de televisión privada, Luis Ramallo, considera "indefendible" la pretensión de "ordenar a las empresas privadas cómo deben actuar en las campañas electorales".

Por su parte, Agustín Rodríguez Sahagún, portavoz del Centro Democrático y Social, adelantó ayer su oposición a "trasladar a los canales privados de televisión una normativa en contra de la cual estamos ya ahora, cuando sólo rige para Televisión Española".

El dirigente centrista argumentó que el criterio de distribuir los espacios electorales gratuitos en función de los resultados obtenidos en los comicios anteriores pretende consagrar "un mapa político desfasado" y beneficia a quien posee el poder.

Un alto cargo gubernamental declaró que los principales grupos de la oposición habían expresado inicialmente su apoyo al propósito de aplicar a las televisiones privadas las mismas limitaciones que las impuestas a la televisión pública durante las campañas.

Por otra parte, la misma fuente reconoció que las normas de la ley electoral a este respecto "se han revelado insatisfactorias", y apuntó que el Gobierno probablemente estudiará su reforma.