El Gobierno pide a los fiscales que persigan el delito económico y los malos tratos a mujeres

El Gobierno ha pedido al ministerio público que se interese especialmente en perseguir los delitos fiscales, los malos tratos a mujeres y menores y la violencia en los campos de deportes, y que trate con especial delicadeza algunos aspectos relacionados con los delitos de aborto. Estas sugerencias fueron planteadas por el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, en una reunión que celebró la pasada semana con los fiscales jefes de las audiencias territoriales de toda España, a la que no pudo asistir por razones personales el fiscal general del Estado.

El ministro de Justicia, Femando Ledesma, sugirió a los fiscales jefes de las audiencias territoriales de toda España un especial interés en la persecución de los delitos fiscales y brindó a los representantes del ministerio público la colaboración de los funcionarios del Ministerio de Economía y Hacienda y el asesoramiento de los inspectores, así como de otras unidades especializadas en el seguimiento del fraude fiscal, para hacer más efectiva su persecución.El titular de la cartera de Justicia pidió también a los fiscales jefes que velaran por la persecución de los delitos relativos a los malos tratos a los menores y a las mujeres casadas. El ministro recomendó que las fiscalías se coordinaran con los servicios sociales y con las escuelas para tratar estas cuestiones.

El aborto

El tema más polémico de los planteados en la reunión fue el relativo a determinados aspectos jurídicos derivados de la investigación de los delitos de aborto. El ministro de Justicia recalcó la necesidad de perseguir el delito de aborto, pero recomendó un exquisito cuidado en las investigaciones relacionadas con este asunto, por cuanto se podrían vulnerar otros derechos constitucionales, como el de la libertad de expresión o el derecho a la intimidad.En el primer caso se trataba de una referencia directa al incidente ocurrido el pasado día 24 de noviembre cuando se dictó auto de prisión y procesamiento contra la abogada Cristina Almeida por las manifestaciones realizadas en relación con un procesamiento dictado por un juez de Pamplona en un caso de aborto.

La segunda reflexión del ministro de Justicia se refería al derecho a la intimidad, que, en su opinión, podría resultar lesionado al investigar y desvelar los historiales clínicos acumulados en los centros asistenciales implicados en casos de aborto.

En el orden del día estaba también previsto tratar el tema de las conductas violentas en los campos de deportes, pero no pudo ser abordado por falta de tiempo suficiente.

Las sugerencias efectuadas por el ministro de Justicia a los fiscales jefes de las audiencias territoriales provocaron un amplio debate, en el que se examinaron las medidas que adoptar y la colaboración que el Gobierno podía ofrecer al ministerio público para tratar estas cuestiones.

Esta es la primera ocasión, desde que el Gobierno socialista llegó al poder, en octubre de 1982, en que un ministro de Justicia mantiene una reunión de estas características con los máximos responsables de las fiscalías territoriales. Algunos de los fiscales jefes asistentes a esta reunión señalaron que la entrevista se enmarca dentro de las competencias que el estatuto del ministerio fiscal otorga al ministro de Justicia. El artículo octavo del citado estatuto establece que el responsable de esta cartera podrá recabar de los fiscales, a través del fiscal general del Estado, el interés hacia determinados temas.

A la reunión no pudo asistir, por enfermedad de un familiar, el fiscal general del Estado, Javier Moscoso, de quien dependen orgánicamente todos los fiscales jefes de las audiencias territoriales.