La Administración cubrirá por concurso 50.000 puestos de libre designación

Cincuenta mil puestos de libre designación en la Administración del Estado serán cubiertos por concurso de méritos. Este es el objetivo de la reforma preparada por el Ministerio para las Administraciones Públicas, a través de un anteproyecto de ley que ha pasado a consulta de los sindicatos y de los departamentos ministeriales. Otra novedad es que los funcionarios podrán ser trasladados, en caso de que demuestren notoria falta de capacidad.

La iniciativa permite profesionalizar la Administración hasta el nivel 28 de la escala de retribuciones, que es el inmediato anterior al puesto de subdirector general. Dicho nivel corresponde a un sueldo bruto anual en torno a los cuatro millones de pesetas. Esta refórma no alcanza los objetivos del programa socialista de 1982 -que proponía profesionalizar la Administración hasta el nivel de director general-, pero sí generaliza el sistema del concurso.La entrada en vigor de la ley no supondrá cambios inmediatos para las 50.000 personas que desempeñan los puestos afectados, sino que el sistema se aplicará a las vacantes que se produzcan a partir de ese momento. En caso de que prospere la reforma, el Gobierno y los altos cargos de la Administración estatal se reservarían, aproximadamente, 1.500 puestos de libre designación.

Con este anteproyecto se pretende desbloquear la ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que fue declarada parcialmente inconstitucional, a requerimiento del Grupo Popular.

El Gobierno suprime o sustituye los artículos inconstitucionales, pero también introduce un nuevo criterio político: aprovechar la reforma para cortar las acusaciones sobre el constante uso del dedo en la designación de puestos de la Administración, reiteradamente realizadas por la oposición, que han llegado a preocupar seriamente al propio presidente del Gobierno.

Debido a ello, los autores de la reforma creen contar con suficiente respaldo político" para sacar adelante la ley en un plazo de cinco o seis meses, pese a las reservas establecidas de antemano en ciertos ministerios, sobre todo los del área económica.

De acuerdo con el texto actual del artículo 20 del anteproyecto, el concurso "constituye el sistema normal de provisión y en él se tendrán únicamente en cuenta los méritos exigidos en la correspondiente convocatoria".

Además de considerar el concurso como el sistema normal, este procedimiento se considera preceptivo "para todos aquellos puestos de nivel de complemento de destino 28 o inferior", salvo los de las secretarías de los ministros y los jefes de las secretarías de subsecretarios y secretarios de Estado.

A título anecdótico, las secretarías de los 240 directores generales serían cubiertas por concurso si prospera la redacción actual de anteproyecto.

Paralelamente a estos pasos, se introduce la novedad de que los funcionarios puedan ser removidos de sus puestos en caso de "rendimiento insuficiente o falta de adecuación al puesto de trabajo sobrevenida, que impida el desempeño eficaz del mismo", según la redacción actual del anteproyecto.

Para llevar a cabo estas remociones se establecen algunas garantías para los funcionarios: por ejemplo, la obligatoriedad de un "expediente contradictorio" -es decir, con audiencia al interesado y a la representación sindical- y una "resolución motivada del órgano que efectuó el nombramiento", a fin de dejar abierta la puerta a eventuales reclamaciones judiciales.

Jefes más activos

Según uno de los autores del anteproyecto, "con ello pretendemos que los jefes de los funcionarios se esfuercen en controlar el rendimiento de las unidades a su cargo". Uno de los problemas actuales es que ciertos responsables de servicios o secciones no controlan la eficacia de sus subordinados, por temor a que un cambio de situación les coloque por debajo de ellos. Una vez que las jefaturas sean ocupadas por concurso, "cabe esperar un mayor interés por su parte en la eficacia del trabajo".También se establece un plazo mínimo de dos años en el puesto de trabajo inicial para poder participar en las convocatorias de provisión de puestos de trabajo, bien sea por concurso o libre designación.

El anteproyecto ha sido preparado por el Ministerio para las Administraciones Públicas, que dirige Joaquín Almunia, y en concreto por el equipo de Teófilo Serrano, secretario de Estado para la Administración Pública, que han iniciado consultas con otros departamentos ministeriales, con los sindicatos y con los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas.

"Después de analizar la situación", afirma Teófilo Serrano, "llegamos a la conclusión de que hay un abuso de la capacidad de libre designación, lo cual deslegitima la carrera. Por eso intentamos utilizar la nueva ley para clarificar el procedimiento del concurso y considerarlo como la forma normal de acceder a los puestos".

"Pero tropezamos con otro problema: aunque el acceso sea por criterios objetivos, existe el peligro de que las plazas sean consideradas poco menos que vitalicias. Y eso preocupa a los ministerios, porque creen que en esas condiciones el rendimiento puede ser menor. Por eso hemos pensado en el doble juego de generalizar el sistema de concurso, hasta el nivel 28 inclusive, pero también establecer la posibilidad de remover a un funcionario si ha demostrado que no es idóneo para el puesto".

El colectivo afectado por las medidas previstas en el anteproyecto es de 250.000 personas (militares, fuerzas de seguridad del Estado y maestros no se rigen por las normas previstas en este anteproyecto).