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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La burla televisiva

LA NOTICIA de que José María Calviño, el antiguo fustigador de la televisión privada mientras mandaba en la pública, anima un proyecto de televisión privada, con visos de convertirse en el primero que llegue a funcionar, invita a despachar el asunto dando la razón a quienes piensan que este país es el Palmar de Troya ampliado. Pero tras su apariencia grotesca se esconde una preocupante realidad: la fragilidad del discurso político y moral con que algunos hombres públicos sermonean sin pudor alguno a los españoles. Calviño se hartó de dar lecciones sobre la superioridad moral del modelo público televisivo frente a los "intereses particulares" que invadirían las ondas con el privado, intereses cuya mera evocación servía para descalificar implícitamente cualquier alternativa a lo que había.Por ello, la iniciativa tomada ahora trasciende su particular persona para arrojar una inquietante luz sobre la endeblez de los argumentos trascendentes, arrebatadamente éticos, con que algunos sujetos siempre dispuestos a ayudar al ganador trataron de cubrir la desnudez de su defensa de intereses tan particulares como cualesquiera otros, una vez uncidos al carro del poder. La Oficina del Portavoz del Gobierno se ha apresurado a afirmar que no existe ningún impedimento legal o técnico para poner en marcha el proyecto animado por el ex director general de RTVE, pues la emisión se efectuará desde fuera de España, vía satélite. Eso ya se sabía, aunque choca que estas posibilidades legales y técnicas hayan sido ignoradas por el Gobierno en su restrictivo proyecto, tan minucioso en otros aspectos. Pero choca, sobre todo, el contraste entre la carrera de obstáculos con que ese proyecto gubernamental trata de desanimar a quienes de buena fe pretendían transitar por la vía legal y las facilidades que encuentran quienes demuestran ser más espabilados que nadie a la hora de descubrir los huecos dejados por la ley.

La situación no puede ser más absurda. Tras años de aplazamientos y promesas incumplidas, el Gobierno de Felipe González alumbró un proyecto cuyo secreto designio parecía ser que ninguno de los grupos que se habían interesado por la creación de estaciones privadas de televisión llegase a plantear su candidatura a uno de los tres canales previstos. Simultáneamente, se activan proyectos de televisiones regionales, como las de las comunidades de Madrid y de Andalucía, destinadas a recortar aún más, y por adelantado, el mercado potencial de publicidad, limitado ya por una televisión estatal lanzada a la ocupación de todo el espectro horario, diurno y nocturno. Y finalmente, medio en secreto, hace su aparición este canal con sede en Londres pero destinado a la audiencia española y que pretende comenzar a emitir en enero. Es decir, mucho antes de que quienes se acojan a la legislación pendiente de aprobación parlamentaria puedan comenzar siquiera a planificar sus canales respectivos.

No es extraño, por ello, que la noticia haya dejado estupefactos a los parlamentarios que se aprestaban ayer a discutir, en ponencia, el proyecto gubernamental. Uno de ellos ha definido la situación con una expresiva frase: "Estamos escribiendo en el agua". Nada hay que añadir a tan desolada conclusión.

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