AP "está lista para presentar mociones de censura", dice Ruiz Gallardón

Alberto Ruiz Gallardón, vicepresidente de AP, advirtió ayer, en una convención de alcaldes y concejales de la región madrileña, que estuvieran alertas "para presentar mociones de censura cuando el momento lo requiera, es decir, cuando existan razones objetivas y haya un deseo popular". Ruiz Gallardón advirtió también que "el hecho de no poder gobernar [en los ayuntamientos] no significa no hacer una fuerte oposición", y añadió que "no podemos escudarnos en la falta de voluntad política de otros partidos para no ejercer esa labor", en una clara indirecta al CDS. Ruiz Gallardón dijo también que, en todo caso, los restantes grupos políticos "son rivales, no enemigos".La convención de cargos públicos de AP de la región de Madrid reunió a 37 alcaldes y 506 concejales, que debatieron tres puntos principales: ordenación del territorio, presupuestos municipales y administración local. Alianza Popular se mostró partidaria de la plena autonomía municipal y en contra de los recortes de competencias de los ayuntamientos en favor del Gobierno regional. Los aliancistas se mostraron favorables a que la composición de los equipos de gobierno de los ayuntamientos no recaiga exclusivamente en el partido ganador de las elecciones, sino que refleje proporcionalmente el resultado de las mismas.

Referente a la financiación municipal, AP abundó en su tesis, mantenida desde hace años, de que los ayuntamientos no pueden recurrir sistemáticamente a incrementar la presión fiscal sobre los ciudadanos, sino que el saneamiento de las haciendas locales pasa por la mejora de la eficacia administrativa y la reducción de los gastos.

Alianza Popular criticó también duramente la carencia de un programa coordinado de ordenación territorial, que ha llevado a la realización de costosas obras de infraestructura pública que sólo han supuesto soluciones a corto plazo. Asimismo, Alianza Popular criticó la labor de policía desarrollada por la Consejería de Ordenación Territorial, en detrimento de las competencias urbanísticas de los propios municipios.