La Audiencia Nacional procesa al fundador de Cafisa por presunta estafa continuada
El Juzgado Central de Instrucción Central número 5 de Madrid ha dictado auto de procesamiento contra Alejandro Fábregas Elizondo, fundador, presidente y director general de Caja Filatélica de España, SA (Cafisa), por un presunto delito de estafa continuada, supuestamente coinetida en la gestión de esta empresa, considerada en su tiempo como la primera firma de inversión filatélica del país. En el mismo auto y por los mismos hechos se decreta el procesamiento de su compañera Rosa María Vinyals Martínez, de 43 años de edad.
El juez ha decretado la prisión provisional de los encartados, quc la podrán eludir si consignan una fianza de 2.500.000 pesetas para Fábregas y de 500.000 para Vinyals. Asimismo, el magistrados ha conminado a los acusados para que presten un depósito total de 1.300 millones de pesetas para hacer frente a las responsabillidades civiles que puedan derivarse de este procedimiento penal.
La acción judicial contra los responsables de Cafisa la inició un grupo de 1.550 inversionistas de toda España, agrupados en la Asociación de Inversores Filatélicos, asesorada por el letrado Ángel Valdivieso, que reclaman más de 1.300 millones de pesetas. Los inversionistas solicitaron en el escrito de querella el procesamiento de 10 directivos de la empresa y la custodia del patrimonio de la entidad con la intención de salvar sus depósitos.
El auto de procesamiento aseguira que la empresa se fue descapilalizando como consecuencia de la falta de previsión de sus responsables, y que para hacer frente a sus compromisos, y con la intención de mantener sus "elevadísimos sueldos" y pagar indemnizaciones a sus empleados, se cometieron una serie de irregularidades, entre las que destaca la formación de nuevas sociedades, una de las cuales se fundó en Estados Unidos con un capital de 120 millones de pesetas, y otra en Francia, con 60 millones.
Numerosos perjudicados
El auto recalca que como consecuencia de este "desvío", "apropiación" de fondos y "sobrevaloración" de los sellos, las sociedades fundadas por Fábregas no pudieron hacer frente a sus compromisos, "produciendo a un importantísimo número de personas, todavía no delimitado, un notorio perjuicio económico". En opinión del magistrado, el número de afectados en 1983 superaba el millar, que en aquella fecha habían entregado un total de 1.000 millones de pesetas.
El documento de inculpación recoge también otros hechos supuestamente irregulares, como el préstamo de 78 millones de pesetas suscrito por el director de Cafisa con La Caixa de Barcelona utilizando como garantía lotes de sellos que no eran de su propiedad, sino depósitos de los inversionistas, o el haber sustraído del patrimonio de la entidad un inmueble de Barcelona, cediéndose posteriormente esta propiedad a una sociedad independiente gestionada por los inculpados.
El procesamiento ha sido recurrido con un procedimiento de reforma, y subsidiariamente de apelación, por el despacho del letrado Joan Piqué Vidal.
Un portavoz de este gabinete jurídico aseguró ayer que la situación de crisis en la que se vio sumida Cafisa estuvo provocada por la coyuntura económica y la caída del mercado filatélico, y de ninguna manera es atribuible a una supuesta conducta delictiva de los responsables de la entidad.
