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Industria abrirá centros de inspección de vehículos en Madrid y Barcelona

España ha conseguido librarse por ahora de ser llevada ante el Tribunal de Justicia de la CE por las trabas puestas para la importación de coches de ocasión tras haber hecho varias concesiones sustanciales, entre las que destaca la apertura de dos centros de revisión y homologación de vehículos en Madrid y Barcelona, según informaron fuentes comunitarias.

El pasado 10 de junio, la Comisión Europea acordó denunciar, por primera vez, al Gobierno español ante la corte de Luxemburgo por su incumplimiento de la legislación comunitaria en materia de importación de automóviles, pero dio tres meses a sus servicios para ejecutar la decisión, durante los cuales cabía aun seguir negociando.Fruto de esta negociación ha sido justamente el envío, la semana pasada, por el Ministerio de Industria, de un télex en el que se compromete a que los coches de segunda mano procedentes de la Comunidad Europea (CE) puedan también ser revisados en los centros de inspección técnica de vehículos (ITV) de Madrid y Barcelona, además de los otros cinco ya en funcionamiento (Santander, Jaén, Zaragoza, Murcia y Mérida).

En su mensaje, los colaboradores del ministro Luis Carlos Croissier prometen además adaptar las normas españolas de homologación a las comunitarias en cuanto el órgano ejecutivo europeo haga pública una comunicación aclarando estas disposiciones, lo que tiene la intención de hacer antes de finales de año.

Tras haber recibido de Madrid estas indicaciones conciliadoras, el Ejecutivo comunitario se limita a "congelar" su decisión de querellarse contra España sin llegar a anularla. "Conservamos en nuestras manos", comenta un funcionario europeo que ha seguido de cerca estas conversaciones entre Madrid y Bruselas, "una especie de espada de Damocles que podemos dejar caer en cualquier momento si observamos que nuestros interlocutores españoles no respetan sus compromisos y vuelven a aplicar sus antiguos criterios restrictivos".

Suspendiendo la puesta en práctica de la denuncia, la Comisión Europea ha hecho indudablemente un gesto hacia España con tanta mayor razón que las autoridades de dos países, Bélgica y Holanda, se habián dirigido a Bruselas poco antes del 10 de septiembre para pedir que se ejecutase la amenaza formulada en junio contra Madrid.

Bélgica y Holanda son, junto con la República Federal de Alemania, los tres Estados de la CE donde la rápida devaluación de los coches nuevos permite exportarlos a buen precio al sur de los Pirineos, a pesar de tener aún que abonar un arancel del 28,44% y un IVA del 33%, el más alto de los doce para coches de pequeña y mediana cilindrada.

Críticas de los exportadores

Los exportadores de automóviles usados del Benelux reprochan al Ministerio de Industria su negativa de facto a aceptar vehículos con más de cinco años de antigüedad, aunque estén en muy buen estado, su costumbre de homologar tipos y no modelos de coches, lo que excluye en la práctica a todos los que no son comercializados en España, y los largos plazos de hasta tres meses que trascurren hasta obtener cita en los ITV.A lo largo de esta última fase de la negociación, los responsables de Industria españoles han dado a entender, según sus interlocutores comunitarios, que tendrán que revisar sus actuales criterios flexibles si la importación adquiriese un carácter masivo que perjudicase a las ventas de automóviles nuevos.

Cuando, a principios de mayo, las autoridades españolas abrieron cuatro ITV, el ritmo anual de la importación se situó, según el equipo de Croissier, en torno a los 30.000 coches, a causa de las largas filas de espera, pero esa media descendió rápidamente para situarse ahora en la mitad. El techo tolerable se sitúa en 25.000, según Industria.

Queda ahora por ver si, cuando el próximo primero de enero disminuya nuevamente el arancel para situarse en el 22,9% y baje, en consecuencia, el precio de venta de los vehículos de segunda mano, esa cifra no será superada, como temen los concesionarios españoles.

[Por otra parte, el Parlamento Europeo condenó ayer sin ambigüedades el proyecto belga de introducir un impuesto para los extranjeros que quieran utilizar sus autopistas. Esta decisión se hizo pública en una resolución sobre transportes por carretera adoptado por 290 votos contra 26 y 12 abstenciones, presentado por el irlandés Patrick Lalor.

La asamblea ha realizado un llamamiento al Gobierno belga para que renuncie a este proyecto, que "bajo su forma actual, introduciría una discriminación entre resistentes y no residentes, supondría nuevas trabas entre las fronteras, constituiría un peligroso precedente y sería contrario al desmantelamiento de las fronteras interiores de la CE, previsto para 1992"].

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