Moscoso, advierte que el progresivo deterioro judicial puede significar "una quiebra del Estado de derecho"

Don Juan Carlos declaró ayer abierto el año judicial 1987-1988 al término de un acto en el que las más altas autoridades de la judicatura y la fiscalía expusieron la difícil situación que atraviesa en este momento la justicia. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Antonio Hernández Gil, lo hizo con gran moderación, mientras que el fiscal general del Estado, Javier Moscoso, resaltó los riesgos de colapso de la Administración de justicia y advirtió que su progresivo deterioro puede llegar a significar "una quiebra de Estado de derecho y una crisis de las libertades"

Al acto, celebrado en el salón de plenos del Tribunal Supremo, asistió, sentado a la izquierda del Rey, el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, así como los presidentes y magistrados del alto tribunal, fiscales de sala, vocales del CGPJ, representantes de la abogacía y otras personalidades, entre ellas el presidente del Consejo de Estado, Tomás de la Quadra-Salcedo; el defensor del pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez; el alcalde de Madrid, Juan Barranco, y el anterior presidente del CGPJ, Federico Carlos Sainz de Robles. Los discursos fueron seguidos con frialdad, y sólo hubo un conato de aplauso cuando terminó de hablar Hernández Gil. En cambio, las palatiras rituales del Rey fueron fuertemente aplaudidas.Hernández Gil, cuya moderación personal ya es proverbial, destacó en su discurso ante el Rey -introductorio de la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Tribunal Supremo- aspectos positivos, como la laboriosidad de los magistrados, sobre los datos negativos de la falta de medios. Hubo de señalar, sin embargo, los problemas de la "insuficiente eficacia" de la justicia. Pero enseguida se refirió a la "sensibilidad" del Gobierno, y en concreto del departamento de Ledesma, por las necesidades y problemas de lajusticia, y anticipó, "con las naturales reservas ( ... ), unas buenas impresiones sobre el tratamiento presupuestario que va a recibir la Administración de justicia en el próximo año".

El presidente del Tribunal Supremo hizo referencia al aumento progresivo en el número de a;untos pendientes, pero inmediatamente destacó la "tendencia, también progresiva", dijo, «en el índice de laboriosidad". Si en 1985, el Tribunal Supremo resolvió 12.334 asuntos, en 1986 fueron 13.679 los resueltos (casi un 11 % de aumento), y en el primer semestre de 1987, los 8.909 asuntos resueltos significan un 44,46% sobre el primer semestre de 1985. Ninguno de estos datos oscurece la gravedad de la situación, también reflejada en la Memoria del Supremo: al final de 1986 había 24.998 asuntos pend.cntes, y a pesar de resolverse 8.909 en los seis primeros meses de 1987, la bolsa crece porque en ese período ingresaron 12.185 nuevos asuntos.

La justicia, prioridad política

Con mayor énfasis se expresó Javier Moscoso sobre la que denominó crisis de la justicia. Planteó la eficacia de la justicia como un imperativo del sistema democrático y las dificultades que encuentran los tribunales "como la más honda preocupación social de nuestros días". Con cierto dramatismo, el fiscal general del Estado describió "la necesaria aproximación del pueblo a la justifica cuando ésta se halla", dijo, "en plena crisis de crecimiento". Enfocados los problemas de la justicia como "problemas de todos", Moscoso concluyó que "deben ser prioridades políticas a la hora de encontrar sus soluciones".

En esta línea, la Memoria de la Fiscalía General del Estado, elevada ayer al Gobierno por Moscoso, pone en duda la organización actual del poder judicial para responder a las demandas sociales. En concreto, se refirió a alguna de las dificultades que entraña el desarrollo de la ley orgánica del Poder Judicial, tales como la supresión de la justicia de distrito, que se ocupa de las pequeñas imprudencias cometidas con vehículos de motor y la denominada "criminalidad de bagatelas". Según se explica en la memoria, si la desaparición de la justicia de distrito no va acompañada de la de descriminalización de múltiples conductas, los juzgados y audiencias provinciales "podrían quedar colapsados" con el aumento de numerosos procesos. Sin regatear elogios a los servidores judiciales, el fiscal general del Estado manifestó su preocupación por "la innegable lentitud de la justicia", que hace los fallos "jurídicamente ineficaces y socialmente contraindicados" y "vana la proclamación del derecho fundamental de los ciudadanos a un proceso público sin dilaciones indebidas". En definitiva, Moscoso sentenció que "la Administración de justicia, como servicio, no satisface plenamente las necesidades de los españoles, que con frecuencia se ven frustrados cuando a ella apelan". Y entre las causas de esta situación resaltó, "sobre todo, la insuficiencia de medios".

Crisis de las libertades

Tampoco regateó Moscoso el reconocimiento a "los esfuerzos presupuestarios" realizados en los últimos años, pero insistió en la "precariedad de medios, humanos y materiales, de la justicia española.", y afirmó que tales meritorios esfuerzos "han resultado insuficientes para recuperar tantos atrasos y adaptarse a las nuevas exigencias". Sin olvidar la existencia de otros sectores necesitados de ayuda y la limitación de los recursos del Estado, Moscoso recordó que "el progresivo deterioro de la justicia podría llegar a significar una quiebra del Estado de derecho y una crisis de las mismas libertades".

El análisis de la actividad del ministerio fiscal en 1986 sirvió a Moscoso para avalar su tesis de la sobrecarga de trabajo existente. Según reveló, el total de asuntos ingresados fue de 2.209.954 (un 13,48% más que en 1985), de los que 22.782 no pudieron ser dictaminados, a pesar del incremento del trabajo despachado. El total de dictámenes penales fue de 2.091.592 (un 11,15% más que en 1985), y el resto, de 95.580 (un 2,68% más).