Los afectados por la explosión de gas de Villaverde no quieren volver a los pisos donde se produjo el accidente

La mayor parte de las 37 familias afectadas por la explosión de gas ocurrida el pasado 6 de agosto en el barrio de Villaverde Alto no quiere volver a ocupar las viviendas en las que se produjo la tragedia, para evitar recuerdos. A falta de una inspección amplia de los inmuebles -precintados aún por orden judicial-, las primeras inspecciones realizadas indican que los números 20 y 22 de la calle de Arroyo Bueno pueden ser nuevamente habitados. La decisión, por otro lado, de querellarse contra el subdirector de Gas Madrid, Rafael Carrasco, sigue en pie y se presentará a finales de esta semana.

Según Francisco Rodríguez Manzano, secretario general de la Asociación de Vecinos Los Hogares de Villaverde, "aunque el señor Carrasco nos pidió disculpas diciendo que los periodistas le habían acosado y nos anuncio que estaba dispuesto a rectificar públicamente sus afirmaciones, lo cierto es que perdió sus papeles y la querella se va a presentar". La acción judicial se interpone por las insinuaciones que el subdirector de Gas Madrid hizo el mismo día de la explosión sobre la posible responsabilidad de manipulaciones de los usuarios en accidentes de este tipo. Esta querella viene a juntarse a la ya presentada contra los responsables del accidente, requisito necesario para ejercer la acción popular en las diligencias sobre el caso.Aunque primero se pensó alojarles en barrios mas alejados, como Orcasur, las familias damnificadas se encuentran ahora en dos bloques de ocho plantas situados a unos 200 metros de la calle de Arroyo Bueno. Son pisos del IVIMA pertenecientes a un total de 256 viviendas, que iban a ser adjudicadas en otoño. La urgencia obligó a adecentarlos en dos días y a realizar una acometida provisional de electricidad.

Razones sentimentales

"Siempre que quieran, podrán quedarse en estas nuevas viviendas definitivamente", apunta Rodríguez Manzano. Los damnificados, personas jubiladas muchos de ellos, no quieren oír hablar de nuevas mudanzas, ni volver a sus viviendas antiguas porque siguen desconfiando de las instalaciones de gas y por razones sentimentales. "Antes que volver allí me tiro por la terraza, ¿usted sabe la cantidad de recuerdos dolorosos que tendría?", dice Lucía Martínez, de 78 años, que vivía en un bajo.

20 metros cuadrados más

Aunque se quejan de que los nuevos pisos están rodeados de chabolas ocupadas por gitanos, también pesa el hecho de que sean alrededor de 20 metros cuadrados mayores que donde vivían. Las viviendas anteriores, aunque llevaban más de tres años en ellas, aún no habían comenzado a amortizarse. Aunque pocos lo saben, las facturas que les lleguen serán de unas 3.500 pesetas mensuales.Respecto a las indemnizaciones, han comenzado a hacer inventario de las pérdidas (en algunos casos ascienden a los cinco millones) y algunos todavía no saben que las pólizas de seguros suscritas por los dos inmuebles (algo superiores a los cien millones, en total) no les corresponden a ellos, pues ya tienen nuevos pisos, sino a quien se encargue de rehabilitar los edificios.

Muchas son personas emigrantes de La Mancha y Andalucía, que han vivido en chabolas durante cierto tiempo y que, por el esfuerzo que les costó comprarlos, hablan de los muebles perdidos casi como si fueran hijos. "¡Menudo tresillo que yo tenía! Todo el que venía a casa se quedaba tonto mirándolo. Y el armario de tres cuerpos, aquél valía más de un millón", cuenta llorando Lucía Martínez. Como apostilla, enseña un crucifijo sin cruz y una "cafeterita", rescatados de entre los escombros. "Después de otro día a ver si encontraba algo más, y un policía me dijo que si tocaba algo me llevaba a la cárcel. A eso tampoco hay derecho, porque son cosas mías".

Lucía no entiende la orden de precintar la zona. Su marido, 80 años, ha colocado un destartalado reloj despertador, regalo de su madre, en el armario negrode línea moderna que les han traído, uno de los muebles imprescindibles que el IVIMA ha dado a quienes perdieron los suyos.