IU ve razones políticas en el procesamiento del alcalde de Sanlúcar

El alcalde de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), José Luis Medina Lapieza, y su primer teniente de alcalde, Fernando Verdún, ambos de Izquierda Unida (IU), siguen sin conocer oficialmente su procesamiento por un presunto delito de malversación de fondos públicos, falsificación de documentos y fraude al Estado por la utilización de una parte del dinero destinado a los fondos del empleo comunitario en 1979. En las primeras reacciones, IU ha interpretado lo ocurrido como "un juicio político que afecta a la autonomía municipal", en tanto que la oposición ha pedido que se cree una comisión investigadora. La acción judicial sí ha sido comunicada a los otros siete implicados, cuyos abogados estudian la posibilidad de una defensa conjunta según la cual, como máximo, hubo una irregularidad administrativa. Los hechos juzgados ocurrieron entre los meses de enero y noviembre de 1979, en los que el Estado destinó 148.577.587 pesetas al empleo comunitario de Sanlúcar de Barrameda, localidad en la que había entonces una media de 4.000 jornaleros en paró.

El entonces gobernador civil de la provincia, José María Sanz Pastor, de UCD, y el alcalde José Luis Medina, del Partido Comunista de Andalucía (PCA), tuvieron una serie de enfrentamientos sobre qué tipo de material podía adquirirse con el 30% del total del dinero que iba destinado a ser invertido en el material comunitario.

El gobernador entendió que la compra de camiones, vehículos y maquinaria realizada por el Ayuntamiento no se ajustaba a la ley, por lo que presentó la denuncia oportuna. El inicio de las diligencias previas tiene fecha del 10 de diciembre de 1979 y desde entonces el sumario ha pasado por ocho jueces y han sido cuatro los gobernadores civiles, dos de UCD y dos del PSOE. El resto de las presuntas ilegalidades que afectan a los otros procesados son la manipulación de facturas en las que figuraban trabajos o encargos distintos a los que en realidad se ejecutaron. El fin era poder encubrir una utilización " más eficaz" según los procesados, "irregular" según los denunciantes, del dinero disponible para el paro agrícola.

Cantidad indeterminada

La cuestión no es tan sólo cómo se utilizó el dinero, sino la cantidad. Resulta difícil determinar en número a cuánto puede ascender la presunta malversación. Según la auditoría encargada durante la investigación judicial, el alcalde y el teniente de alcalde dispusieron de hasta un 32'7% de los algo más de 148 millones de pesetas, lo que venía a ser unos cuatro millones más de lo permitido. Sin embargo, según el abogado defensor de ambos ediles, Jesús Barba Calvo, no se alcanzó el 30% que era el tope estipulado por la ley para la inversión en material y maquínaria. Desde el punto de vista profesional, el letrado no puede explicar por qué el proceso ha tardado ocho años en conocerse, aunque admite que sabía que el sumario seguía abierto porque hace dos años realizó averiguaciones al respecto por encargo del alcalde.

El argumento del que partirá la defensa es que "nadie se ha quedado con dinero público". A partir de ahí intentará demostrar que el dinero utilizado no superó el 30%, y en cuanto a las facturas -sobre las que los datos del abogado tampoco coinciden con los recogidos en el auto del procesamiento-, se alegará la inexperiencia de los entonces recién elegidos concejales comunistas en la primera corporación democrática, admitiendo como máximo que existiera alguna irregularidad administrativa.