El Consejo de la Abogacía pide más protección jurídica para el contribuyente

Queremos evitar que el contribuyente español disfrute de menos garantías jurídicas que el delincuente común", declaró a este periódico Antonio Pedrol Ríus, presidente del Consejo General de la Abogacía. Pedrol afirma que el organismo que preside entiende que las presunciones de delito fiscal establecidas en la reforma de la ley general Tributaria "están muy por debajo de las directrices constitucionales" y que es necesario reforzar la protección jurídica del contribuyente.

El Consejo va a iniciar negociaciones con Hacienda para garantizar la asistencia de letrado, incluso de oficio, cuando un inspector reclame información sobre cualquier presunta violación de las normas tributarias.La legislación en materia de delito fiscal no respeta íntegramente la presunción de inocencia establecida en el artículo 24 de la constitución, ni las garantías jurídicas del contribuyente, ni la prohibición constitucional de la pena infamante, ni tampoco el principio, de que no cabe la prisión por deudas. Las objeciones el presidente del Consejo General de la Abogacía obedecen al objetivo de este organismo de reafirmar estas normas.

La ofensiva del Consejo General de la Abogacía está basada ahora en la negociación abierta con Hacienda, dejando a un lado la agria polémica que sostuvo hace poco más de dos meses Antonio Pedrol con el ministro Carlos Solchaga y con el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell. Pero Pedrol desmiente rotundamente que los inspectores de Hacienda estén tras sus pasos. Y afirma además que no tiene inconveniente en que se hagan públicas sus declaraciones y se comparen con las de cualquier responsable de Hacienda.

Según informaciones seguras, Antonio Pedrol declaró este año una renta obtenida en 1986 de 145 millones de pesetas. La cuota íntegra a pagar superó los 66 millones, sin contar lo ingresado por su patrimonio, esencialmente integrado por obras de arte.

Las tesis del Consejo de la Abogacía se resumen en la situación de desventaja que tiene el contribuyente para conocer las infracciones y delitos en que puede incurrir. La complejidad de la legislación tributaria provoca una situación excepcional, explica Pedrol, como es "tener que acudir a un experto para saber cómo evitar caer en delito o en infracción, lo que puede afectar a millones de personas. El delincuente normal no necesita de un experto para saber cuándo transgrede la ley". Si Hacienda necesita instruir continuamente a sus funcionarios "con circulares que no se publican en el BOE" en la aplicación de las leyes y reglamentaciones fiscales, "menos sabe el ciudadano".

Más penas

Las reformas del Código Penal y de la ley general Tributaria, según Pedrol, no sólo han incrementado las penas del delito fiscal, sino que han extendido su ámbito. "Ya no se trata de algo reservado a los grandes capitalistas, porque se puede castigar a los directivos de empresas incluso por la obligación que tienen de haber evitado lo que otro ha hecho. Y el círculo se amplía".Como ejemplos, cita que una desviación del 1% en el IVA, en una empresa que facture 1.000 millones, puede hacer incurrir a su responsable en delito fiscal. También los incumplimientos formales de la obligación de llevar las contabilidades y registros que la ley exige pueden acarrear arresto mayor a los contribuyentes sujetos a estimación directa.