Alarma en las cárceles

LA FRUSTRADA fuga de cuatro reclusos de la cárcel de Badajoz seguida del secuestro de 11 funcionarios y de un intento de amotinamiento de decenas de presos son ingredientes de un cuadro que recuerda a los motines carcelarios que asolaron los centros penitenciarios españoles en los primeros años de la transición política. Vuelven así a detectarse síntomas de un peligroso recalentamiento, debido a diversos factores, entre los que destaca el insoportable hacinamiento en el que malvive la población reclusa, a estas fechas la más alta de las habidas en época normal en España.En estos momentos 27.240 presos pueblan el mundo carcelario español, y lo más probable es que su número siga en aumento. En los últimos años se han construido nuevas cárceles, con condiciones de habitabilidad y de seguridad muy por encima de las habituales en los viejos centros procedentes de finales del siglo XIX o principios del XX, pero el aumento de plazas ha sido insuficiente para acoger las nuevas hornadas de inquilinos. La masificación se ha hecho especialmente patética en los centros penitenciarios de los grandes núcleos urbanos, no sólo por su mayor índice de delincuencia, sino porque en muchos de ellos -Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga, entre otros- sigue sin procederse a la renovación de su obsoleta infraestructura.

Pero al problema del hacinamiento, caldo de cultivo para todo tipo de situaciones conflictivas, se añaden los que provocan una política fluctuante, así como las fuertes resistencias que opone a la misma la práctica generalidad de los funcionarios. Cuando los socialistas llegan al poder, en octubre de 1982, las cárceles españolas se encontraban casi tan sobrepobladas como ahora, y los reclusos tenían puestas sus esperanzas en un desarrollo de la ley General Penitenciaria de 1979, que introdujo principios reeducadores distintos de los exclusivamente represivos vigentes hasta entonces. Cinco años después, la masificación persiste con tendencia a aumentar y la política iniciada entonces, no sólo más humanitaria sino más acorde con los criterios científicos del derecho penal, se encuentra estancada si no en retroceso.

Las causas son varias, pero seguramente la principal de ellas consista en la insuficiente voluntad del Gobierno para llevar a efecto su inicial propuesta, además de la disparidad de perspectivas en su seno sobre la política de orden público y seguridad ciudadana, estrechamente relacionada con la penitenciaria. Ejemplo de esta disparidad fue el fracaso en 1983 de la nueva regulación de la prisión y libertades provisionales, lo que hizo que las cárceles sigan repletas de un alto porcentaje de presos preventivos en espera de juicio (en la actualidad alcanzan la cifra de 11.699). La inexistencia de una justicia rápida que dé salida en un tiempo razonable a las causas con preso ha sido un formidable obstáculo añadido.

Pero no sólo el Gobierno tiene su tanto de culpa en la actual situación del mundo penitenciario. La sociedad ha dado la espalda a la suerte de los presos, como lo demuestra la oposición de muchas poblaciones a que se construyan en sus términos municipales las nuevas cárceles. Y los funcionarios de prisiones han valorado como un ataque a sus intereses la nueva política de respeto a la dignidad humana de los reclusos, de su promoción social y cultural y, en definitiva, de su reeducación y reinserción social.

En el motín de Badajoz hay muchos extremos que merecen una rápida aclaración, entre ellos, la muerte del recluso fallecido y la manera como lograron hacerse con dos pistolas los que intentaron la fuga. Tambien habrá que dilucidar si la actuación de los funcionarios encargados de la vigilancia se adaptó al reglamento o si el incumplimiento del mismo facilitó el intento de fuga, como ya ha ocurrido en otros casos. Por lo demás harán bien los responsables de la política penitenciaria si analizan cuánto tiene de aviso para el futuro lo que acaba de ocurrir en Badajoz.