El fiscal pide tres años de prisión para nueve cabos por abuso de autoridad

Guillermo Vázquez, fiscal militar de la 1 Región, pidió un total de 27 años y medio de cárcel para los nueve cabos y dos soldados paracaidistas que. ayer fueron sometidos a consejo de guerra por las novatadas que infringieron al soldado Joaquín Gil Roca, y seis compañeros más el 29 de diciembre de 1981, en la brigada paracaidista de Alcalá de Henares. Gil Roca se: suicidó arrojándose por la ventana del cuartel del Príncipe de Lepanto de Alcalá, tres meses después de que sucedieran los hechos imputados.Vázquez solicitó del consejo de guerra una pena de tres años de prisión para Julián Fernández, Ángel Castillo, Manuel Vargas, Luis Noval, Pedro, Navarro, Félix Fernández, José Delgado, Máximo Mozas y J. Carcaño, todos ellos cabos paracaidistas en el día 29 de diciembre de 1981, por lo que considera un delito consumado de abuso se autoridad y coacción. El fiscal pidió asimismo tres meses de arresto para los ex soldados paracaidistas Jorge Cuenca y Andrés Bueno, por su participación en los hechos. Máximo Mozas y J. Carcaño no comparecieron ante el consejo de guerra.

Según la acusación, el día 29 de diciembre de 1981 Joaquín Gil Roca, Junto a seis compañeros que corno él se incorporaban a la brigada paracaidista de Alcalá como reclutas, fue sometido por los procesados a "humillaciones y vejaciones tales como beber a la fuerza grandes cantidades de güisqui, masturbarse en público, arrastrar por el suelo una moneda de cinco duros con el pene, hacer flexiones con un mortero a la espalda o recitar estrofas de canciones militares bajo amenazas de represalias físicas contra él y sus compañeros". Araceli López Sánchez, la abogada que representó a la familia del soldado fallecido, estableció una relación causa efecto entre las citadas actuaciones y el suicidio de Joaquín Gil, tres meses después de ser sometido a ellas, por lo que pidió que se obligara a los procesados a satisfacer una indemnización de 15 millones de pesetas por daños y prejuicios a la familia del fallecido y 500.000 pesetas para compensar las secuelas psíquicas que produjo la muerte de Gil en su padre, sometido a tratamiento psiquiátrico a raíz del suicidio.

En el consejo de guerra, presidido por el teniente coronel Joaquín Ruíz Nieto, se leyó como prueba un manuscrito que el fallecido escribía a modo de diario y la carta que Gil dirigió a su madre un mes antes de morir, en la que pide perdón por lo que va a hacer y afirma haber intentado suicidarse en varias ocasiones por no poder soportar la vida en el Cuartel del Príncipe, al que califica de "casa embrujada".

Los abogados defensores de los procesados pidieron la absolución de sus defendidos, calificando algunos de ellos como "faltas leves" las actuaciones de los mismos. La sentencia se conocerá hoy.