Un teniente y un sargento de la Guardia Civil, juzgados hoy por presuntas torturas

Un teniente, un sargento y tres números de la Guardia Civil serán juzgados hoy en la Audiencia Provincial de San Sebastián como presuntos autores de un delito de torturas en la persona de Juana Goikoetxea, a la que detuvieron en enero de 1982 por presunta pertenencia a bandas armadas. El ministerio fiscal solicita un total de 22 años y tres meses de prisión para los procesados y seis años de inhabilitación especial para cada uno de ellos.

Los acusados son: el teniente José Antonio Pérez Navarrete, el sargento José Antonio Hernández del Barco y los guardias Emilio Parra, Alejandro Iglesias y Julio Saavedra. Juana Goikoetxea, de 55 años, vecina de Getaria (Guipúzcoa), fue detenida en enero de 1982 por efectivos de la Guardia Civil en su domicilio y trasladada a dependencias policiales, acusada de presunta pertenencia a banda armada. La detenida permaneció nueve días en el cuartel de Inchaurrondo, quedando en libertad sin cargos. Goikoetxea presentó una denuncia en el juzgado de guardia de San Sebastián por torturas y malos tratos sufridos durante su permanencia en el cuartel.En una rueda de reconocimiento y posterior careo celebrada el 17 de mayo de 1984, la denunciante reconoció a los cinco procesados como presuntos autores de los delitos denunciados. El juicio ha sido suspendido en dos ocasiones. La última, el pasado 18 de noviembre, en la que se alegó discrepancias entre la defensa y la acusación particular en relación a los informes de los médicos forenses.

Los guardias civiles fueron suspendidos de empleo y sueldo mediante un auto dictado por la Audiencia Provincial durante 20 meses. La suspensión se levantó hace un año.

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Javier Zaragoza, considera que los hechos constituyen un delito de tortura y pide en las conclusiones provisionales cuatro años y nueve meses para cada uno de los mandos y cuatro años y tres meses para los guardias, así como seis años de inhabilitación especial para cada uno de ellos. Es la petición fiscal más elevada que se conoce hasta el momento en un proceso por presuntas torturas.