Txema Montero considera "alguna forma de maltrato" el secuestro de Gutiérrez

La familia del industrial Andrés Gutiérrez Blanco, secuestrado el pasado martes en la zona residencial de Neguri (Vizcaya), se mantiene a la espera de recibir algún aviso de los secuestradores, según informó ayer Carlos Bracho, abogado, de 37 años, portavoz y amigo personal de la familia del secuestrado. ETA se responsabilizó ayer del secuestro en un comunicado en el que señala que la gran acumulación de capital de que dispone Andrés Gutiérrez Blanco es producto de la plusvalía usurpada por éste al pueblo trabajador vasco", por lo que esta acción pretende recuperar parte de ese capital. Se da la circunstancia de que el secuestrado hizo gran parte de su fortuna en Argentina.El lehendakari del Gobierno vasco, José Antonio Ardanza, visitó ayer a la esposa del industrial, en su casa. Mientras los trabajadores de la empresa que anteriormente dirigió el industrial, Laminaciones Vizcaya, mostraban su "máxima indignación", el abogado Txema Montero, candidato de Herri Batasuna al parlamento Europeo, declaraba a EL PAÍS que el secuestro del industrial vizcaíno supone "alguna forma de maltrato".

El dirigente abertzale, que en unas declaraciones concedidas a Radio Euskadi había señalado que el secuestrado "está sufriendo una clase de tortura muy concreta", matizó ayer que «la privación del derecho de libertad, de una forma ilegal, supone un maltrato, al igual que ocurre cuando se practican algunas detenciones".

Para los trabajadores de Laminaciones Vizcaya -cuya plantilla está integrada por 70 empleados y su comité sindical está formado por USO, ELA-STV y ELA-STV (A), Andrés Gutiérrez Blanco "ha sido y es un ejemplo de lo que tiene que ser un empresario, ya que siempre procuró lo mejor para la empresa y para el personal a su cargo". Los empleados recuerdan que el ex director y socio fundador de la empresa "ha sido, en su contacto diario con todos nosotros, un buen compañero".

El comité sindical, tras señalar que "todos le tenemos en gran estima", exige su inmediata liberación ya que, "además de ser injustificable, sólo sirve para que las pocas personas que tienen intención de crear puestos de trabajo en Euskadi, lo hagan en otras comunidades". Los trabajadores desautorizan a los responsables del secuestro: "Negamos a quien quiera que sea el autor o autores, ninguna representación de la clase obrera".