El fiscal denuncia a un juzgado por cobrar extratipos de Banca Catalana

La fiscalía de la Audiencia Territorial de Barcelona presentó ayer una denuncia contra unos funcionarios no identificados del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Vilanova i la Géltrú y contra unos empleados no determinados de Banca Catalana, por haber cobrado y pagado respectivamente, extratipos a esta oficina judicial por un importe total de 3.778.243 pesetas. EI Juzgado tenía una cuenta abierta en Catalana que devengaba los intereses presuntamente irregulares. Estas anomalías sucedieron antes de 1982 y se descubrieron a raíz de la investigación general del caso Banca Catalana.

Dos posibles delitos

El ministerio fiscal sostiene que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos o de apropiación indebida, y que podrían ser responsables de ellos tanto los funcionarios del juzgado que recibieron los extratipos como los empleados bancarios que los abonaron.La denuncia fue entregada ayer al mediodía al magistrado Josep María Pijoán, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona, que estaba de guardia. Pijoán se negó a hacer comentarios sobre el contenido del escrito de acusación, aunque precisó que iba acompañado de una documentación que será entregada inmediatamente al Juzgado decano para que lo atribuya -por vía de sorteo- a un juzgado ordinario.

Las supuestas irregularidades del Juzgado de Vilanova i la Geltrú respecto a Banca Catalana ya fueron planteadas por los fiscales José María Mena y Carlos Jiménez Vifiarejo en el escrito que dirigieron al Pleno de la Audiencia Territorial, en junio de 1986, solicitando el procesamiento de los ex consejeros de la entidad. En aquel escrito, el ministerio público pedía que el Pleno de la Audiencia informara al Consejo General del Poder Judicial sobre las presuntas irregularidades del juzgado de Vilanova descubiertas en la contabilidad de Banca Catalana.

El Pleno de la Audiencia Territorial del pasado 21 de noviembre de 1986 acordó entre otras medidas aceptar aquella petición fiscal respecto al juzgado de Vilanova y comunicó las supuestas irregularidades al Consejo General del Poder Judicial. Esta institución encargó entonces a la fiscalía de Barcelona que recabase información complementaria sobre este affaire, y ahora, seis meses después, una vez reunidos todos los documentos relativos al caso, se ha podido redactar el escrito de denuncia. Este documento ha sido examinado personalmente por el fiscal jefe en funciones, Alejandro del Toro, que tras darle su visto bueno ha ordenado que se llevase al juzgado de guardia.

Si la investigación que iniciará ahora un juzgado de instrucción de Barcelona confirma la posibilidad de que algún juez esté implicado en el caso, el tema pasaría a manos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, según fuentes jurídicas.