También en la Comunidad Europea hay un defensor del pueblo

La institución es casi desconocida, pero existe desde 1984: el Parlamento Europeo posee un ombudsman o defensor del pueblo al que todos los ciudadanos de la Comunidad Europea (CE) pueden recurrir cuando estimen ser víctimas de una infracción a la legislación comunitaria.A diferencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, no es necesario, para recurrir al ombudsman, haber agotado previamente los procedimientos legales nacionales. Basta, explicaba en febrero en una conferencia de prensa el diputado belga Raf Chanterie, con enviar una carta a la comisión de peticiones del Parlamento Europeo (R. Belliard 97, 1040 Bruselas) exponiendo detalladamente cualquier litigio provocado por una supuesta aplicación equívoca de la legislación europea.

A lo largo de 1986 se recibieron 245 quejas, un 40% más que el año anterior, por la mencionada comisión, que preside Chanterie, afiliado al Grupo Democristiano, y que cuenta con una decena de colaboradores que tardan aproximadamente seis meses en estudiar cada informe y tomar una decisión al respecto.

Un 10% de las peticiones es desestimado porque no guarda relación alguna con infracciones al derecho comunitario, como las quejas a propósito de las facturas de teléfono o el deseo de vecinos de Gibraltar de poder votar en las elecciones al Parlamento Europeo, que tiene un carácter más político que jurídico.

Seguridad social

La mayoría de las solicitudes que son tramitadas está relacionada con problemas de la seguridad social. Al margen de interpelar al Ejecutivo europeo, el eurodiputado que encabeza la comisión puede, a diferencia de los particulares, interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, con sede en Luxemburgo.

El porcentaje de éxitos es, según reconoció Chanterie, "relativamente escaso". El Tribunal de Luxemburgo prohibió, sin embargo, al Estado belga hacer pagar a los estudiantes de países comunitarios que cursaban sus estudios en Bélgica una matrícula universitaria más cara que a sus propios ciudadanos. En otro caso, un francés en paro que vivía también en Bélgica logró, gracias a la intervención de la comisión parlamentaria, cobrar en su país de residencia un subsidio de paro que abonó el Estado francés.

Los más aficionados a echar mano de la comisión de peticiones son, según el verde alemán Frank SchwalbaHoth, sus compatriotas, seguidos por los de los tres países del Benelux. "Es una lástima", comenta, "que los ciudadanos de los Estados de la península Ibérica no conozcan aún esta posibilidad".