"La conflictividad no se corresponde con la gravedad de los problemas"

FÉLIX MONTEIRA / ALBERTO VALVERDE La conflictividad actual, derivada en parte del reajuste industrial en marcha, no se corresponde con la gravedad de los problemas, afirma el ministro de Industria, Luis Carlos Croissier, para quien no existen otras alternativas válidas a las planteadas, "a no ser que se quiera jugar con el dinero del contribuyente. La crisis industrial, el saneamiento de FECSA y las pérdidas de la empresa pública son algunos de los problemas por resolver. En un plano general, las empresas españolas tienen que hacer frente a una profunda transformación, de aquí a 1992, para competir en igualdad con Europa.

Luis Carlos Croissier, el ministro más joven del Gabinete (36 años), confiesa seguir siendo un radical que tiene muchos planes que desarrollar en poco tiempo. Cuando estudiaba segundo curso de Económicas, allá por 1968, ingresó en el PCE. Seis años después, en París, adonde había ido a especializarse en multinacionales, se produjo su caída del caballo. Su carrera en el PSOE ha sido meteórica. Tras su cargo de subsecretario de Industria y la presidencia del INI, donde desencadenó la ofensiva privatizadora del sector público, ahora tiene en sus manos la modernización del tejido industrial español.Pregunta. ¿Reinosa y Puerto Real son dos nuevos Sagunto?

Respuesta. Espero razonablemente que no. Pero da la impresión muchas veces de que el grado de conflictividad no se corresponde con la gravedad de los problemas. Si tocamos el caso de Reinosa, estamos hablando de un problema de 400 personas, lo cual, como cifra, a pesar de tratarse de una población pequeña, y dadas las condiciones del ajuste, no parece que pueda generar un trauma que justifique ni de lejos la tensión que ha podido crear en Reinosa.

P. ¿Ha habido errores del Gobierno o actuaciones que se podrían haber evitado?

R. Creo que eso no depende de la actitud de las fuerzas de orden público, sino de la de algunos. representantes sindicales. Quienes decidieron secuestrar al responsable de la empresa, que había sido nombrado consejero del Gobierno vasco, lo hicieron porque vieron un buen motivo para hacerse publicidad, y a partir de ahí se generó una escalada de violencia.

P. Su estrategia era acordar reajustes de forma sucesiva, pero parece que que se le han encadenado los conflictos.

R. Este ministerio está metido normalmente en temas candentes, y cuando las cosas van bien nadie se acuerda de Industria. Pero nunca he hablado de un calendario de conflictos. Detrás de algunos de estos conflictos y de su duración hay algún componente político. Al final creo que la racionalidad siempre se impone, porque ¿qué otras alternativas hay, a no ser que se quiera jugar con el dinero del contribuyente?

P. Solchaga fue llamado el ministro de la reconversión y usted ha definido la actual política como de ajuste permanente. ¿Cuál es la diferencia?

R. Entiendo que esta segunda etapa el proceso de ajuste debe hacerse con mayor protagonismo de las empresas. Además, el ritmo y las modalidades del ajuste van a venir determinados por, la competencia europea. Estas diferencias hacen que prefiera utilizar una expresión como ajuste permanente y no reconversión, que nos llevaría a hablar de una primera o segunda ola, cuando es algo que habrá que hacer de forma continuada.

P. Pero ¿se trata del mismo problema o se requieren soluciones distintas?

R. Las situaciones son profundamente distintas. Prácticamente lo único en común es que pierden dinero, que son sectores con contracción de la demanda, donde se pueden generar excedentes laborales. En la siderurgia las inversiones, los procesos de concentración de empresas y las políticas comerciales tienen un papel fundamental. En la construcción naval lo esencial es la capacidad organizativa de los astilleros, la incentivación de la demanda y el diseño nuevos tipos de producto. En bienes de equipo lo clave es la tecnología.

El coste de la crisis

P. ¿Existe un cálculo sobre cuántos empleos y dinero va a costar este proceso?

R. Sólo puedo hablar de lo que está realmente cuantificado, como la siderurgia. Aquí estamos hablando de un coste de unos 280.000 millones de pesetas en total: 223.000 millones para siderurgia integral y aceros especiales, y otros 60.000 millones aproximadamente para cierres de capacidad. A ello habrá que añadir el coste de las medidas laborales que asumirá la Administración. En siderurgia integral y aceros especiales tenemos un excedente laboral añadido de 4.900 empleos. En acero común es muy difícil precisar una cifra, porque dependerá de los cierres de capacidad en las empresas.

P. En el sector naval tiene que haber previsiones. UGT ha avanzado ya que se necesitarán más de 200.000 millones.

R. Me parece una temeridad dar una cifra. El coste para la Administración vendrá por los ajustes laborales, pero ni está determinado el número de excedentes ni las modalidades.

P. Habrá, pues, excedentes.

R. Parece obvio que es imposible mantener las plantillas en la construcción naval en los próximos tres o cuatro años, porque es un sector donde se producirá una reducción de capacidad notable. Nuestra idea es hacer los ajustes del modo menos traumático posible. Aunque los astilleros de Sevilla y Puerto Real (Cádiz) parecen los más perjudicados, existen perspectivas de contratos que mejorarían la situación de estas factorías.

P. A propósito, ¿qué va a pasar en Hunosa?

R. Ha quedado garantizado el horizonte a largo plazo de la compañía e incluso hay alternativas de reindustrialización para la zona. La principal dificultad está en el convenio. Pero no hay razones para no cerrar este tema, salvo que alguien quiera mantener abierto un foco de conflicto.

P. ¿Surgirán nuevos sectores donde habrá que hacer cirugía?

R. Aquí todos los meses estamos tratando con problemas de empresas que tienen crisis industrial o financiera. El grado de intervención varía mucho con la naturaleza de las empresas y con la gravedad de su situación.

P. En las eléctricas también les ha salido un agujero. ¿Hubo brusquedad por parte del Gobierno al poner sobre el tapete la crisis de FECSA?

R. Lo que niego es que el Gobierno haya tenido protagonismo en la crisis y en cómo se ha producido. La decisión de suspender la cotización tiene su origen en la Bolsa de Madrid.

EL 'riesgo FECSA'

P. ¿Pero puede afectar a la credibilidad financiera del Reino de España?

R. El llamado riesgo FECSA no es un riesgo soberano, y en modo alguno puedo admitir un paralelismo entre lo que pueda ser el rate al Reino de España con la situación financiera de una empresa, por muy compañía de servicios públicos que sea. Además, la situación de FECSA es muy distinta a la del resto del sector, aunque las compañías eléctricas sufrirán este año unas dificultades de financiación que serán pasajeras.P.Pero se asegura que la Administración no tendrá más remedio que intervenir.

R. La modificación del sistema de compensaciones y el tratamiento distinto de los costes diferidos pueden ayudar a esta compañía. También hemos facilitado que los 18.000 millones del fondo de saneamiento vayan a FECSA. La responsabilidad de la Administración es fijar un marco estable para el sector, no resolver un problema entre accionistas y acreedores de una compañía en una crisis muy seria.

P. ¿Nunca ha pensado en que el Estado tuviera al final que hacerse cargo de la empresa?

R. Nunca, nunca he pensado en la posibilidad de la nacionalización. La solución de que fuera absorbida por Endesa significaría hacer caer a ésta. Estoy convencido de que FECSA acabará encontrando un equilibrio entre los intereses contrapuestos, porque todos tendrían más que perder de no llegar a un acuerdo.

P. ¿Cuándo estará saneada?

R. Con las proyecciones financieras del plan, si éste tiene éxito, la compañía estará saneada en 1992, entre otras cosas porque se vería liberada de 18.000 millones de intereses cada año durante un período de seis.

Privatizar empresas

P. ¿La política para la empresa pública es reducir pérdidas y privatizar lo que se pueda?

R. La política del INI está centrada en continuar con el saneamiento en las empresas en crisis y en constituir subholdings que le permitan, por dimensión, competir a nivel europeo. La salida a bolsa de determinadas compañías se considera buena por razones económicas y de disciplina financiera. A corto plazo, las operaciones que se pueden contemplar son la de Endesa y un poco más tarde la del Instituto Nacional de Hidrocarburos. Más a largo plazo no excluyo ninguna en principio.

P. ¿Y en cuanto a pérdidas?

R. Lo que constatamos en el INI es una reducción sustancial de pérdidas. Las previsiones para este año son bajar de 117.000 millones a unos 100.000 millones.

P. ¿La industria española tiene futuro?

R. En general, la industria se está comportando bien. Asistimos a una gran actividad por el lado de la oferta en toda la industria de consumo. En bienes de equipo lo que se produce son importaciones, porque el empresario que invierte quiere lo mejor y más moderno. España esta teniendo en todos los sectores un gran atractivo para la industria europea. Pero tan importante como esa reactivación de la inversión me parece el ir construyendo unas estructuras donde se dé más importancia al desarrollo tecnológico, donde la calidad y el diseño del producto pasen a primerísimo plano, donde la batalla de la exportación ya no dependa tanto de incentivos como de la creación de redes comerciales que aseguren una penetración estable en el exterior. También un proceso de concentración empresarial o de crecimiento en el tamaño de las empresas.

P. ¿Qué plazo tenemos para alcanzar a franceses o italianos, por ejemplo?

R. Tenemos una fecha clara, que es 1992. Para ese año, con la constitución del mercado único europeo, realmente nuestra industria tiene que haberse transformado profundamente.