La familia Coca pide al juez que investigue si Banesto ha malversado fondos públicos

La viuda e hijos de Ignacio Coca, el financiero que se suicidé el pasado mes de junio, han dirigido un oficio al juez de primera instancia número 20 de Madrid en el que piden que se investigue si los directivos del Banco Español de Crédito (Banesto) han cometido delito de malversación de fondos públicos al adquirir 2,4 millones de acciones de los que era titular el financiero y que estaban embargadas. Esta investigación debería ser realizada por el juzgado de guardia.El oficio fue presentado el pasado jueves en el Juzgado número 20 de Madrid, y curiosamente está basado en las noticias de prensa sobre la adquisición por parte de Banesto de las acciones que los Coca poseían de dicho banco, lo que parece indicar que la familia no tenía noticias de la operación. El procurador afirma que "esta parte ha tenido conocimiento por la prensa de que Banesto ha enajenado 2.435.822 acciones de las que era titular Ignacio Coca García, en ejecución, al parecer, de una garantía que el referido señor Coca había constituido sobre las mismas. Con esta enajenación, Banesto se ha apropiado de más de 4.000 millones de pesetas en provecho propio, haciendo caso omiso de los requerinúentos que le han dirigido quienes se consideran propietarios de las referidas acciones".

Según el oficio, la operación de adquisición de las acciones de Banesto es ilegal tanto desde el punto de vista mercantil como civil. En el primer caso porque viola el artículo 323 del Código de Comercio, el cual únicamente autoriza la enajenación durante la sesión de bolsa siguiente al día del vencimiento de la obligación. En el caso civil, porque la viuda de Coca ha entablado una acción sobre la nulidad de los compromisos formalizados por el financiero, ya que afectan a los bienes de la esposa, que no ha contraído estos compromisos; además, porque existe también una reclamación de los hermanos Coca, que afirman ser los verdaderos propietarios de las acciones.

Los Coca recuerdan en el oficio que las acciones estaban embargadas y constituidas en depósito judicial y, por consiguiente, . en garantía del resultado de la sentencia que en su día pudiese recaer".

Mil millones más

Enrique Sánchez-Prieto, uno de los abogados de los Coca, ha declarado que "al adquirir los 2,4 millones de acciones, Banesto ha realizado actos que pudieran ser constitutivos de un delito de malversación de fondos públicos. Por ello he presentado el escrito ante el juzgado, solicitando un testimonio de la diligencia del embargo". El abogado afirma que "en caso de haberse hecho la transmisión en la fecha en que se declaró vencida la obligación, los títulos tenían un valor superior de más de 1.000 millones de pesetas a favor de Ignacio Coca y en contra de Banesto".Sánchez-Prieto insiste en que "Banesto no ha tenido en cuenta, al autotransferirse las acciones, ni la reclamación de los bienes gananciales formulada por la viuda del banquero ante el juzgado ni las reclamaciones y requerinúentos de otros posibles propietarios de las mismas, entre los que se encuentran diversos hermanos y sobrinos del banquero".

La noticia que ha originado el oficio decía que Banesto había adquirido 2,4 millones de acciones -un 1,87% de su capital- que pertenecieron a los Coca y que constituían una de las garantías de un crédito a Ignacio Coca.