Disminuye el número de quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo

Joaquín Ruiz-Giménez, defensor del Pueblo, presentó ayer ante el Congreso el informe que recoge las 13.678 quejas recibidas por la institución que encabeza a lo largo de 1986. Esta cifra supone una disminución sustantiva respecto a las recibidas durante los tres primeros años de funcionamiento de la institución, que fueron, respectivamente, 30.600, 24.500 y 17.000 quejas.El mayor número de reclamaciones ante el Defensor del Pueblo se refieren a temas relacionados con la Justicia, con un número total de 3.440, seguidas por las que corresponden a Seguridad Social, Trabajo, Administraciones Públicas, Economía, Defensa e Interior. A pesar de declarar que la Administración funciona lentamente, reconoció que el 30% de las recomendaciones presentadas por la institución han sido atendidas por los departamentos afectados dentro de la Administración, sin que tuviera que llegarse a recurrir ante el fiscal general del Estado tal y como recoge su ley orgánica.

Repecto al funcionamiento de los centros de reclusión, representantes de la institución destacaron que las denuncias sobre torturas y malos tratos sólo se han podido detectar en casos excepcionales.

Los españoles han recurrido menos al Defensor del Pueblo porque los trámites sobre temas militares, mutilados de guerra y fuerzas de seguridad de la República, se han concluido. Asimismo, han disminuido ostensiblemente las reclamaciones que no se ajustaban a los cometidos de la institución, en parte porque actualmente los españoles tienen menos dudas sobre el cometido del Defensor del Pueblo.

El defensor y la justicia

Joaquín Ruiz-Giménez explicó a Efe que la institución que preside no ha denunciado el procedimiento de la justicia en España de manera global y tan sólo ha efectuado críticas en los casos concretos de algún juzgado, audiencia o tribunal. Asimismo, explicó que han mejorado las relaciones entre el Consejo General del Poder Judicial, el fiscal general del Estado y la institución del Defensor del Pueblo.El problema de la Administración de Justicia "es de estructura, de que haya medios suficientes, de que las leyes favorezcan un ritmo más ágil de un proceso. Y en eso debe colaborar el Ejecutivo con medios materiales y, sobre todo, las Cortes con la modificación de las leyes de procedimiento y del propio Consejo General del Poder Judicial" dijo.

Joaquín Ruiz-Giménez y su equipo están dispuestos a continuar trabajando en caso de que este año, que finaliza su mandato, vuelvan a ser elegidos.