La ley de las zonas territoriales

El proyecto de ley de la televisión privada de la Administración socialista, junto con la iniciativa legislativa que pretende regular las telecomunicaciones, contribuye, según el autor, a alejar la posibilidad de hacer efectiva una política de comunicación moderna, adecuada a los retos actuales.

Después de los fracasos sufridos por los sucesivos proyectos de ley de Ordenación de las Comunicaciones (LOC), ante la incapacidad de diseñar una política global, el Gobierno ha optado finalmente por la legislación sectorial, de riesgo calculado, en materia de políticas de comunicación.Las grandes decisiones se desgajan legislativamente. Por una parte, la ley de Organización de las Telecomunicaciones (LOT), y por otra, la ley de la Televisión Privada (LTVP). Se va alejando así la posibilidad de hacer efectiva una política de comunicación moderna que sea capaz de afrontar nuestros más importantes retos: adaptación del sistema comunicativo a un modelo de Estado democrático y no centralista, defensa del pluralismo en las nuevas condiciones tecnológicas y económicas del sistema comunicativo, desarrollo cultural frente a la creciente invasión de las multinacionales de la cultura y articulación de las inversiones en este sector con el desarrollo de la industria electrónica y de las telecomunicaciones.

Así las cosas, el debate social y la votación parlamentaria sobre la televisión privada deberán hacerse ahora con los ojos vendados respecto de otros importantes aspectos del sistema comunicativo aún pendientes de legislación o planificación: la recepción de la televisión vía satélite, los servicios de cable distribución (videotexto, televisión cable, servicios documentales), la política de desconexión o ampliación de los canales de las televisiones públicas, estatales y autonómicas, el futuro de otras formas posibles de televisión vía éter (regionales, comarcales, municipales) que la LTVP parece recordar sólo en uno de sus artículos, el 31..., que advierte de la incautación y cierre inmediato.

Defensa del pluralismo

El principal argumento ideológico-político del proyecto de ley es el freno a los oligopolios y la defensa del pluralismo. Pero las únicas soluciones que se proponen para alcanzar este objetivo -limitación en la participación del capital del 15% para las empresas de comunicación y del 25% para otro tipo de empresas- no parece que puedan garantizar aquellos plausibles objetivos.

El proyecto de ley también merece ser criticado por parte de aquellos que siempre nos hemos manifestado abiertamente partidarios de entender la televisión como un servicio público.

Teniendo en cuenta las condiciones territoriales que la misma ley impone y que las tres concesiones que se anuncian se reservan para proyectos de carácter megatelevisivo -exigencia de una cobertura estatal, 32 horas de emisión semanal mínima, capital inicial de 1.000 millones de pesetas-, puede afirmarse que lo que se propone, más que el pluralismo, es la debilitación institucional y la fragmentación de los sectores de capital capaces de afrontar las inversiones de la megacomunicación, sectores que una vez aprobada la ley podrán alcanzar fácilmente el consenso y la coordinación.

¿Qué pluralismo podrán añadir a la actual oferta de las empresas de comunicación los capitalistas para los que se reserva el 25%. de las acciones de las nuevas emisoras?

Por otra parte, la limitación -15%- que se impone indiscriminadamente a todas las actuales empresas de comunicación muestra un excesivo temor al fortalecimiento de las instituciones de comunicación.

Debe distinguirse entre oligopolio y consolidación institucional de las empresas de comunicación. En la retórica democrática todos coincidimos en la defensa de la Prensa, pero ahora debemos tener en cuenta que el futuro de las empresas periodísticas, y no sólo las de vocación estatal, dependerá cada vez más de su capacidad de transformación multimedia (radio, televisión, Prensa, bases de datos, etcétera).

Por esto, y en mi opinión, los principales límites -al pluralismo y al desarrollo cultural- del proyecto que nos ocupa se derivan de sus opciones territoriales. El proyecto limita las iniciativas de televisión privadas a las emisoras -instituciones- de ámbito estatal.

Así las cosas, marginadas las iniciativas de ámbito autonómico y municipal, no se da un nuevo paso adelante, sino un paso en falso al establecer la obligatoriedad de emitir algunas horas para unas indefinidas "zonas territoriales".

Los últimos 10 años de debates sobre el nuevo modelo de Estado, sobre las autonomías, los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos, no parecen haber llegado hasta el legislador. Parece imposible encontrar un concepto más aberrante para definir el espacio audiovisual de España en la época de las nuevas tecnologías que el de "zona territorial", concepto más propio de las guías horarias de Renfe (Noreste, Sureste, Norte, etcétera) que de cualquier política inoderna, democrática, descentralizada, de comunicación.

Debemos insistir: los espacios de comunicación son ex¡gencías derivadas de la defensa de los espacios culturales y políticos. La tecnología debe y puede ponerse al servicio de esta delimitación y no al revés.

Podrá argüirse que el Plan Técnico Nacional de Televisión Privada que debe delimitar estas "zonas territoriales" podrá hacerlas coincidir con las comunidades políticas, culturales y lingüísticas del Estado. Pero una ley no debe dar posibilidades sino garantías y la ley que ha aprobado el Gobierno no las da ni a los vascos, ni a los gallegos, ni a los andaluces, ni a los catalanes... Una cuestión de esta trascendencia en ningún caso debería dejarse a una libre decisión del Gobierno a propuesta del ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones de turno.

Siguiendo los pasos que en su día dio certeramente el ministro socialista francés J. Lang, consciente de la creciente influencia de las multinacionales de la industria audiovisual sobre nuestras culturas, el proyecto de ley incluye en su articulado una serie de medidas tendentes a defender la industria cultural propia: el 40% de la emisión debe corresponder a producción audiovisual española, cada emisora debe garantizar un mínimo del 10% de producción propia, incluso se avanza en la defensa del espacio cultural europeo obligando a la emisión de un 50% de películas producidas en Europa.

Pero estas buenas intenciones de protección de la producción cultural propia también están destinadas a fracasar ante la homogeneidad -estatalización- que se impone a nuestro espacio audiovisual.

Con el modelo de televisión que subyace en el proyecto de ley de la televisión privada sólo se promueve el desarrollo de una nueva industria de la producción audiovisual de carácter megacomunicativa, al servicio doblemente de las televisiones públicas y privadas, pero esta vez -recuérdese la operación de Berlusconi adquiriendo unos estudios cinematográficos en Madrid- sin control de calidad ni límites a la interposición de capital.

El desarrollo cultural hoy ya es inseparable de la multiplicación de la producción audiovisual en todos los ámbitos, incluidos los de las culturas locales. La defensa de la cultura europea deja de tener sentido cuando se obstaculiza el desarrollo espontáneo de cada cultura. Con esta ley, si así se aprueba, el Gobierno socialista habrá perdido una nueva posibilidad de articular una política de comunicación global, para la democracia y el desarrollo cultural. En estas condiciones hubiera sido mejor que nos dejaran abandonados a la dura realidad de las leyes del mercado, que por este camino, tarde o temprano, terminará por imponerse.