El Gobierno autoriza el funcionamiento de tres canales de televisión privada de alcance nacional

El Gobierno aprobó ayer un proyecto de ley por el que autoriza el funcionamiento de tres canales nacionales de televisión privada y establece fuertes limitaciones en la propiedad de las sociedades concesionarias, en particular a las empresas periodísticas. Las empresas que posean más del 15% del capital de periódicos diarios, semanarios de difusión nacional, compañías radiofónicas y agencias de noticias no podrán disponer de más del 15% del capital de un canal. El ministro de Cultura, Javier Solana, responsable del proyecto de ley, defendió que con estos condicionamientos el Gabinete socialista garantiza que sea "real" la ampliación del pluralismo informativo que supone la creación de la televisión privada.

Las principales innovaciones introducidas en los últimos días en el texto del proyecto de Ley, elaborado por un restringido grupo de altos cargos de la Administración, bajo la supervisión de Javier Solana y, en última insitencia, de Felipe González, están relacionadas con aspectos empresariales. Ello explica que el texto de dichas innovaciones hayan sido guardadas en el mayor secreto para no descubrir flancos de crítica, especialmente ante las empresas periodísticas.La mayor parte de los miembros del Gobierno desconocían hasta ayer las últimas precisiones. introducidas por dicho equipo de trabajo en el texto sometido a la consideración del Consejo de Ministros los pasados días 13 y 20 de febrero.

El texto aprobado ayer por el Consejo de Ministros imposibilita que las empresas que posean el 15% del capital de un diario, un semanario de difusión nacional, una compañía de radiodifusión o una agencia de noticias puedan ostentar más del 15% del capital de la sociedad concesionaria de un canal de televisión privada.

Cualquier persona física o jurídica que no tenga propiedades en empresas periodísticas o que si las tiene no alcanza al 15% del capital no podrá poseer, en ningún caso, más del 25% del capital de un canal privado de televisión.

Interrogado por los informadores acerca de los motivos y criterios seguidos por el Gobierno para establecer estas limitaciones, Javier Solana apeló a una voluntad gubernamental de "ensanchar la participación de las personas que quieren ser partícipes del empeño y desafío que es la televisión privada".

El portavoz del ejecutivo socialista señaló que el Gobierno considera que en este fomento y ampliación del pluralismo informativo "tiene que haber limitaciones para que dicho pluralismo sea real".

"De los 23 países que en la actualidad forman el Consejo de Europa sólo hay cuatro o cinco, como máximo, con televisión privada, y Estados en los que haya leyes que la regulan sólo hay dos, Francia y Gran Bretaña", insistió Javier Solana. "Aunque parezca que estamos en el furgón de cola en cuanto a la televisión privada en realidad estamos en la cabeza del tren. Estamos siendo pioneros".

"La Ley Chirac, y ustedes saben que Chirac pertenece a un partido de la derecha", dijo Solana en la conferencia de prensa celebrada ayer por la tarde en el palacio de La Moncloa, "es mucho más dura" en cuanto a restricciones para. los empresarios de prensa."

Auditorías anuales

Ninguna persona podrá ser accionista en dos canales de televisión, y las empresas propietarias de ellos tendrán que someterse anualmente a una auditoria externa, realizada por alguna de las empresas con prestigio en esta labor investigadora, según el portavoz del Gobierno.

El capital extranjero tendrá que ser inferior al 25% del total de la entidad, que deberá tener suscrito, y desembolsado al menos en un 50%, un capital mínimo de 1.000 millones de pesetas. El 50% restante estará obligada a desembolsarlo en el momento de obtener la concesión para emitir. Las sociedad que no se encuentren al corriente de pago de impuestos y de las cuotas de la Seguridad Social quedarán automáticamente descartadas como censionarias de canales de televisión.

La Ley consagra al Estado como titular del "servicio público" que es considerada la televisión y establece que las autorizaciones para emitir las realizará el Gobierno mediante concesión administrativa, después de convocar un concurso público de ofertas.

Concesiones por 10 años

Las concesiones, intransferibles, tendrán una vigencia de 10 años, al término de los cuales podrán ser renovadas por igual periodo de tiempo.

El tiempo destinado a la emisión de publicidad no podrá superar el diez por ciento de la programación en antena ni tampoco podrá rebasar los diez minutos en cada hora.

Cada Canal deberá de emitir un mínimo de cuatro horas diarias y 32 horas semanales. Parte de este tiempo estará dedicado a programas de difusión nacional y parte a emisiones específicas para las zonas regionales.

La demarcación de estas zonas, que muy probablemente no coincidirán con las fronteras de las Comunidades Autónomas, será fijada en un Plan Técnico Nacional de la Televisión Privada que elaborará un organismo autónomo, es decir un departamento de la Administración del estado, presidido por el ministro de Trasportes.

Éste Plan Nacional determinará además el sistema de transporte y difusión de las señales de televisión, así como las bandas, frecuencias y potencias utilizables.

Organismo de control

El organismo autónomo que lo elabore será también el responsable de la contratación y gestión del citado medio de transporte de las señales televisivas -que inicialmente será la red terrestre de Radiotelevisión Española así como del control del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley.

Éste organismo será el que proponga sanciones a las empresas concesionarias cuando considere que han incurrido en alguna de las infracciones previstas por la Ley y cobrará a los canales privados el uso de la red de trasmisión.

Cada canal de televisión deberá de ofrecer un 40% de programación de producción nacional, cuanto menos. De dicho porcentaje, un 10% tendrá que haber sido producido por las propias emisoras. El 50% de las películas comerciales que emitan cada mes habrán de ser de producción europea.

Javier Solana atribuyó la limitación establecida en la ley a tres del número de canales a "la capacidad de la red de transmisión de señales de televisión existentes, sin que la ley cierre la posibilidad" de ampliar el número de concesiones a medida que lo permitan los avances en lo que se refiere a la tecnología de telecomunicaciones.