El fiscal pide para dos jueces siete años de cárcel y 20 de inhabilitacion por cohecho y prevaricación

La fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado siete años de cárcel por cohecho y 20 años de inhabilitación - 13 por cohecho y siete por prevaricación- para cada uno de los magistrados titulares de los juzgados de primera instancia de Barcelona número 6, Carlos Lorenzo-Penalva de Vega, y número 2, Joaquín García Lavernia. Pide también seis años de cárcel para Lorenzo-Penalva por falsedad al intentar justificar los pagos recibidos. El fiscal fundamenta sus conclusiones provisionales en la connivencia de ambos magistrados con dos despachos de abogados, por la que el primero obtuvo casi 19 millones de pesetas, y el segundo, más de siete millones de pesetas.

Según el escrito elevado ayer a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ambos magistrados alcanzaron un acuerdo con Luis Lorenzo-Penalva, hermano de uno de ellos y letrado de un despacho ubicado en la calle Pau Clarís, número 159, de Barcelona. El acuerdo tenía por finalidad nombrar a personas vinculadas con dichos despachos en los procedimientos civiles de ejecución colectiva de bienes seguidos en ambos juzgados, a cambio de que los jueces recibieran parte de los ingresos derivados de esos nombramientos. En concreto, se trataba de nombrar interventores, depositarios de suspensiones de pagos o comisarios de quiebra.Siempre según la investigación realizada por el Ministerio Fiscal, en los ingresos se incluían tanto la retribución legal de los nombrados como las actividades irregulares realizadas por estos y otras comisiones percibidas ilegalmente en el ejercicio de las funciones encomendadas. Los beneficios eran repartidos periódicamente por el procesado Luis Lorenzo-Penalva. En el acuerdo participaron otras personal del despacho de éste -Juan de la Cruz Magrí Barrera, María Gloria Vidal y Joaquín Carlos Vidal Rius-, así como Fernando Sánchez Sánchez y Pedro Norberto Trullás Cabana, integrados en el despacho del fallecido Antonio Capmany Cabré.

El relato del fiscal señala que en el juzgado número 2, del que era titular Joaquín García Lavernia se efectuaron entre 1979 y 1981 10 nombramientos de interventores y cinco de comisarios de quiebra, recaídos en las personas citadas. En el juzgado número 6, cuyo titular era Carlos Lorenzo-Penalva, se efectuaron ocho nombramientos de interventores en otras tantas suspensiones de pago entre 1980 y 1981 y tres nombramientos de comisarios en otras tantas quiebras declaradas entre 1978 y 1981.

26 millones de ganancias

Como rendimiento del acuerdo entre ambos magistrados y los dos despachos de abogados, el juez Carlos Lorenzo-Penalva recibió cerca de 19 millones de pesetas procedentes de su hermano Luis, Joaquín Carlos Vidal y Gloria Vidal, y el juez Joaquín García Lavernia algo más de siete millones de pesetas, procedentes de Pedro Norberto Trullás y de Luis Lorenzo-Penalva.La pena de siete años que pide el fiscal para los dos magistrados es la misma solicitada para el resto de los procesados. Además, el fiscal acusa a los procesados Carlos y Luis Lorenzo-Penalva de intentar justificar los pagos derivados de estas irregularidades mediante sendos documentos privados, uno de los cuales aparentaba ser un acuerdo para la liquidación de la herencia del padre de ambos, fallecido en 1965. Según el ministerio público, la mecánica consistió en pactar entregas de Luis a Carlos, coincidentes con las abonadas en virtud del acuerdo con los despachos de abogados.

Igualmente, el juez Carlos Lorenzo-Penalva y la procesada María Gloria Vidal firmaron un documento según el cual el primero y su esposa, Amalia Sánchez Fortese, vendían a la segunda una de las parcelas que habían adquirido por el importe de 975.000 pesetas. A causa de estas operaciones, el fiscal pide seis años de cárcel y multa de 100.000 pesaetas, por sendos delitos de falsedad, al magistrado Carlos Lorenzo-Penalva, y tres años de cárcel y multa de 100.000 pesetas por igual delito a su hermano Luis Lorenzo-Penalva y a María Gloria Vidal.

El origen de esta causa fue una denuncia anómina producida en julio de 1982, como conlecuencia de la cual en mayo de 1983, el entonces fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón, interpuso una querella criminal de la que, dado el fuero de los dos magistrados, entiende la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

En julio de 1984, la Sala Segunda del Supremo procesó a los dos magistrados y al abogado Luis Lorenzo-Penalva, hermano de uno de ellos. En diciembre de 1985 amplió el procesamiento a los integrantes de los despachos de abogados implicados. Todos los procesados se encuentran en libertad provisional.

El instructor del sumario por delegación de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, fue inicialmente el magistrado de la Audiencia Territorial de Barcelona Casto Fernández Fresneda. A su fallecimiento, le sustituyó en este cargo Vicente Navarro Verdejo, de la misma audiencia y ponente del caso Banca Catalana.

Joan Piqué Vidal, abogado defensor de los dos magistrados acusados de prevaricación y cohecho, afirmó ayer en Barcelona a este diario que sus defendidos no habían recibido todavía la comunicación oficial sobre la calificación del fiscal. El letrado dijo que hasta que no conozcan el texto completo del documento del ministerio público no harán ninguna valoración.