Decenas de empresarios vascos pagan a ETA para comprar su seguridad

Algunas decenas, quizá centenares, de empresarios, industriales y comerciantes que residen en el País Vasco han pagado o pagan todavía cientos de millones por el llamado impuesto revolucionario, con la intención de comprar su seguridad a ETA Militar, según revelan los documentos incautados por la policía francesa en la empresa Sokoa de Hendaya (Francia). Gran parte de las víctimas de la extorsión consultados por este periódico han confirmado de una u otra manera su contribución económica a la organización terrorista.

Los empresarios explican que no hay defensa posible frente a las amenazas de un grupo al que consideran un verdadero poder fáctico en Euskadi, e insisten en la incapacidad del Estado y de la policía para proteger a quienes padecen la extorsión, por lo que se creen obligados a satisfacer las exigencias económicas como única garantía para salvar sus vidas.

El impuesto revolucionario, según revelan los testimonios de los forzados contribuyentes de ETA, funciona como una póliza de garantía de por vida. La organización terrorista no pretende conseguir aportaciones económicas regulares. Negocia con cada víctima una determinada cantidad, que puede liquidarse a plazos, durante varios años. A cambio, el extorsionado obtiene la seguridad implícita de que nunca más será molestado y de que no se encuentra entre las víctimas potenciales de un secuestro.

También los rescates de los secuestros se pagan a plazos, después de que el rehén ha sido liberado por ETA o incluso cuando lo ha rescatado la policía. Este último es el caso de Saturnino Orbegozo, secuestrado por ETA Polítíco-Militar y rescatado nor ha Guardia Civil, y de Juan Pedro Guzmán, capturado por ETA Militar y liberado por la Policía Nacional. Cuando Orbegozo v Guzmán se encontraban ya en libertad, ETA Militar ingresó un millón de pesetas de la familia del primero y 50 millones de la del segundo.

El pago relativo a Juan Pedro Guzmán había quedado comprometido antes de su liberación, según han confirmado dos personas que intervinieron en las gestiones para conseguir su libertad. Estas dos personas tuvieron que firmar un escrito de aval ante ETA Militar, en el que garantizaban con sus vidas el pago de la millonaria deuda pendiente.

Los papeles incautados en Sokoa se refieren sobre todo a pequeños y medios empresarios, con negocios vulnerables y difícilmente trasladales del País Vasco. No se cita a profesionales con elevados ingresos económicos y grandes empresas, que, en algunos casos, han cedido también al chantaje. Las fichas de ETA contienen datos sobre do icilios y teléfonos de los interesados. Una de las personas que aparece mencionada con mayor contribución económica es José Luis Baqué, industrial de Durango.

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