Platos rotos de FECSA

LAS BAJAS espectaculares que sufrieron ayer las bolsas españolas vienen determinadas de manera directa por la crisis de la empresa Fuerzas Eléctricas de Cataluña (FECSA) y su repercusión en todo el sector. Los problemas de FECSA son tan serios que han conmovido a una parte de la comunidad bancaria extranjera asentada en España, que había prestado una buena cantidad de dinero a la empresa. Las deudas totales de la compañía se sitúan alrededor de los 570.000 millones de pesetas, y los problemas que plantea su refinanciación son muy complejos.La situación angustiosa de la empresa era, no obstante, conocida por la comunidad financiera desde hace tiempo. Ahora ha saltado al la luz pública como consecuencia de la decisión del síndico presidente de la Bolsa de Madrid de suspender la cotización de sus acciones. Entra dentro de sus capacidades el hacerlo, pero no están claros los motivos que le han impulsado a adoptar semejante decisión. La explicación dada por el citado síndico no es convincente: se trata, aparentemente, de la falta de concordancia entre los datos ofrecidos por la compañía y los suministrados por el Ministerio de Industria. Si esto fuera así, estaríamos ante un precedente de consecuencias sometidas al albur de informes oficiales sobre sus propias cuentas. Es urgente que se aclare cuanto antes la motivación que ha conducido al síndico -que lleva apenas unas semanas en el cargo- a tomar esa postura y por qué su predecesor no la adoptó. Si es que tenía dudas en cuanto a la exactitud de los estados contables de FECSA, lo mejor que podía haber hecho era solicitar una auditoría. Por otra parte, la situación de FECSA era conocida externamente, porque su cuenta de resultados relativa a 1985 había sido auditada por una firma internacional. Por lo demás, el simple hecho de que una empresa registre pérdidas no explica que se suspenda su cotización: el mercado debe decidir cuánto valen las acciones, tanto de quienes ganan dinero como de quienes lo pierden. La suposición de que las empresas fuertes no pueden quebrar y sus accionistas deben ser siempre compensados, independientemente de cuál sea la gestión de los directivos es, simplemente - ridícula.

El segundo problema que se plantea es el de los acreedores. A tenor de las declaraciones de unos y otros, los bancos españoles han desinvertido fuertemente en esta empresa, cediendo su lugar a bancos extranjeros. El riesgo de éstos -principalmente norteamericanos- con FECSA parece ser del orden de los 200.000 millones de pesetas, una cifra suficientemente elevada como para provocar más de un escalofrío en los cuarteles generales. La primera reacción de algunos de dichos bancos ha sido implicar al sector público en el asunto, pidiendo, más o menos explícitamente, que la Administración se haga cargo de las deudas de la empresa. En caso contrario, han llegado incluso a amenazar con un frente común para no renovar créditos al resto de las compañías del sector, fuertemente endeudadas en moneda extranjera. También han hablado, con imprudencia notable, del posible deterioro del crédito español en el extranjero que se produciría si hubiera una suspensión de pagos de esta compañía eléctrica. De ninguna manera el crédito español puede depender ni depende de la mala o buena gestión de una compañía particular ni del acierto o error que los ejecutivos de un banco tengan a la hora de prestarle dinero. Los créditos que las compañías eléctricas privadas han contraído en el exterior no tienen la garantía del Estado español, y, por consiguiente, éste ni tiene ni debe garantizar su buen fin. En otro caso, seríamos de nuevo todos los ciudadanos españoles los que pagaríamos las pérdidas originadas por los errores de un consejo de administración concreto, que sólo deben recaer sobre los accionistas de esa empresa y sobre los prestatarios que no avalaron suficientemente sus créditos ni auditaron convenientemente a sus clientes. Si algunos bancos extranjeros pretenden erigirse en un grupo de presión que discrimine a este o aquel sector en función de criterios ajenos al de la cuenta de resultados de las compañías, cometerían, por lo demás, una ingenuidad notable. Los bancos no son instituciones de caridad, sino empresas de negocios. Y financiar el desarrollo español sigue siendo un buen negocio: este país paga cuando este país avala. Otra cosa es que haya compañías españolas, como hay compañías norteamericanas, británicas o alemanas, que no pagan. Es su problema.

Ello no implica desconocer que el sector eléctrico en España está fuertemente intervenido y que el Gobierno ha de asumir también responsabilidades. El sector tiene controlados tanto los precios de sus materias primas -carbón, petróleo- como el de su producto. La Administración tiene, pues, algo que decir en todo esto, máximo si se tiene en cuenta que hace unos meses autorizó a FECSA a distribuir un dividendo, a todas luces improcedente si, como ahora pretenden algunos, la empresa perdió dinero el pasado año. La intervención de la Administración en el sector eléctrico se ha llevado a cabo de manera que no ha permitido discriminar las empresas que están en buena situación de las que no lo están. No hay nada que justifique que una compañía que pierde dinero sea autorizada a distribuir dividendos.

Y sobre todo, FECSA debe cuanto antes explicar algo a sus accionistas que decidieron arriesgar su dinero en la empresa y han confiado en sus equipos directivos. Por lo demás, será preciso esperar a que los espíritus se calmen para encontrar una solución que nos aleje de los maximalismos que hemos escuchado estos últimos días. No hay solución buena para este caso si esa solución implica un aumento del gasto público. Y ya sabemos que de una situación de esta naturaleza no se sale sin romper algún plato, pero conviene evitar que se rompa toda la vajilla.