El juez admite parcialmente la querella de la familia Coca contra los máximos dirigentes de Banesto

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, Eladio Galán Cáceres, decidió ayer admitir a trámite parcialmente la querella criminal interpuesta por la familia Coca contra los máximos dirigentes de Banesto, entre ellos su presidente y vicepresidente, según fuentes del propio juzgado. Aunque todavía no se conoce con seguridad qué parte de la querella ha sido admitida a trámite, fuentes solventes indicaron que parece tratarse de la referida a los delitos de usura y falsedad de documento mercantil; asimismo, el juez remitiría al Juzgado 32 -que instruyó las diligencias por el suicidio de Coca- todo lo referente al delito contra la vida e integridad de Ignacio Coca.

El juez Eladio Galán Cáceres, de 33 años de edad, decidió ayer admitir a trámite una parte de la querella criminal interpuesta el pasado viernes por la viuda e hijos de Ignacio Coca por los delitos contra la vida e integridad del banquero, usura y falsedad en documento mercantil. Un portavoz oficial del juzgado declaró que Galán Cáceres estaba terminando de redactar el auto y que no podía indicar más que la admisión parcial a trámite. A última hora de la tarde de ayer los portavoces de Banesto y los abogados de los Coca afirmaban desconocer el auto del juez.

Los delitos

Sin embargo, otras fuentes solventes indicaban que el juez Galán Cáceres habría admitido a trámite los delitos de usura y falsedad de documento mercantil. Paralelamente, habría deducido el testimonio de la querella correspondiente al delito contra la vida e integridad de Ignacio Coca, para remitirlo al Juzgado número 32, que fue justamente el que instruyó las diligencias por el suicidio del banquero el pasado 26 de junio.

Ignacio Coca apareció con un tiro en la cabeza en el cuarto de baño de su casa. Este juzgado, que había archivado la causa, podría abrir nuevas investigaciones.

Aunque nadie quiere pronunciarse antes de leer el texto del auto del juez Galán Cáceres, fuentes jurídicas indicaron que de haberse estimado la querella del modo descrito, podría quedar en suspenso la demanda civil ejecutiva que Banesto presentó el pasado martes; al quedar afectada por la querella admitida la póliza de crédito personal vencida por valor de 11.290 millones y exigida notarialmente a los Coca el pasado viernes, puede quedar paralizado el embargo de una parte de los bienes que forman el patrimonio de la familia. El abogado designado por Banesto para dirigir este caso es José María Stampa Braun.

Sin embargo, es seguro que las diligencias comenzarán inmediatamente. En la querella se pide la declaración de los cuatro dirigentes de Banesto incursos en ella, José María López de Letona, Pablo Garnica, José María Sainz de Vicuña y Manuel Igea, para su posterior procesamiento. En el documento se demanda que se tenga en cuenta la situación personal de los banqueros y "lo atinente a su responsabilidad civil en orden a la cual se exigirá a los procesados que presten fianza para asegurar con obligación solidaria la indemnización a mis mandantes de 2.000 millones de pesetas, embargándoseles si no la prestaren, bienes bastantes a cubrir tal cifra, declarando para el supuesto de su insolvencia total o parcial la responsabilidad civil subsidiaria del Banco Español de Crédito para cubrir la expresada cifra".

El delito de falsedad en documento mercantil está basado en la querella en "haberse faltado a la verdad en la narración de hechos al configurar en las llamadas pólizas de crédito personal la relación establecida entre Banesto -por sus directivos- e Ignacio Coca, como un simple crédito, encubriendo la realidad de préstamo, que era la naturaleza propia del negocio jurídico que había de documentarse". El delito de usura se contempla por el "carácter de usurarios" de los contratos de préstamos, "por ser los intereses que se atribuía Banesto manifiestamente desproporcionados, dadas las circunstancias de las operaciones que concertó Ignacio Coca y leoninas las características de la actuación del banco en las mismas; todo lo que se vio obligado a aceptar Coca por razón de la situación angustiosa que en él fue creada por la presión de los altos directivos de Banesto ejercida y mantenida a pesar de ser conscientes de la grave enfermedad síquica de que adolecía en la que la angustia alcanzó límites extremos".

El delito contra la vida e integridad de Ignacio Coca se fundamenta en que los hombres de Banesto "mantuvieron una constante presión sobre el ánimo de Coca para exigirle que entregara su patrimonio al banco en compensación de prestaciones cuya cifración elevaron exagerada e infundadamente, siendo efecto derivado de tal presión la muerte que a sí mismo se produjo don Ignacio". Esta acusación podría ser definida, según el documento, de homicidio por dolo eventual.