El abogado de Ruiz-Mateos asegura que el 'caso Rumasa' seguirá mas vivo, y anuncia un largo proceso

Ramón Pelayo, abogado de José María Ruiz-Mateos, aseguró ayer, en presencia de éste, que el caso Rumasa "seguirá más vivo" que hasta ahora y que lo van a ganar "como David venció a Goliat". Además de calificar el segundo fallo del Tribunal Constitucional de "sentencia política y no jurídica" llamó varias veces mentiroso al ministro de Justicia y mantuvo que "los cuatro grandes puntos de esta expropiación y de cualquiera siguen sin ser juzgados". La estrategia jurídica que anunció se centra en promover nuevos pronunciamientos de los intérpretes de la Constitución, acudir a fínales de enero al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y presentar numerosas querellas criminales, algunas contra miembros del Tribunal de Cuentas.

El fundador del grupo expropiado, quien cifró el desastre del caso Rumasa en billón y medio de pesetas, mostró admiración y total acuerdo con el largo discurso expuesto ante los periodistas por su tercer abogado desde la expropiación, para confirmar después su propósito de llegar hasta el final: "Si soy el culpable, donde tengo que estar es en la cárcel. Si no, los políticos y gobernantes que lo sean tienen que ir a ella".Ramón Pelayo trató primero de presentar la sentencia como un resultado más del poder de la mayoría socialista, y luego de restarle valor jurídico, en el sentido de que "lo único que dice es que la ley de expropiación no produce indefensión". Pero insistió en que "no dice que sea constitucional o no sea", por lo que desmintió varias veces las declaraciones del ministro de Jusficia, Fernando Ledesma, quien al poco de difundirse el fallo declaró ante las cámaras de TVE que éste pone fin al caso Rumasa. "Sólo retrasa nuestra victoria", le replicó.

En la primera parte de su discurso, Pelayo se limitó a repasar algunos recortes de prensa sobre la renovación del Tribunal Constitucional y la gestación de la sentencia, tras advertir que "no puedo decir todo lo que siento o pienso por una sola razón: el miedo".

Violaciones

Expuso que, después del "vara palo al prestigio del Tribunal Constitucional" derivado de la primera sentencia, sus miembros conocieron a mediados de 1985 una ponencia del magistrado Pere Verdaguer declarando inconstitucional la ley. También se refirió como "insólitas" a las siguientes noticias, en las que apreció "violaciones" de procedi mientos: una votación de ensayo que habría dado siete votos en contra y cinco a favor, declaraciones del jefe de la oposición so bre que la tardanza del fallo se debía a la búsqueda de una mayoría holgada, afirmaciones de fuentes socialistas en el sentido de que el Gobierno no se podía jugar el tipo, la revelación por el anterior presidente de que el 2 de enero de 1986 se reunió el pleno del tribunal para votar si votaba o no votaba, el comentario anticipado de que con la presidencia de Tomás y Valiente habría mayoría de 9 entre los 12 miembros (al 10 a 2 final ha contribuido el cambio de voto de Gloria Vegué), el que la mayoría socialista renovara a seis magistrados sin pactar con la oposición, y el que antes de esto ya se sabía quién iba a presidirles.

Según el abogado, "el juez natural era el anterior. Al dilatarse indebidamente la sentencia, se produce un cambio de juez, con sintonización ideológica evidente respecto al partido expropiante ( ... ) Pero la abrumadora mayoría de la doctrina entiende que se ha producido indefensión".

Ya sobre el contenido de la sentencia, Ramón Pelayo afirmó que, si bien "al ministro de Justicia le faltó tiempo para decir ante TVE impropiedades y mentiras jurídicas insostenibles", el Tribunal Constitucional, con el desacuerdo de dos magistrados, se ha limitado a decir ahora que no hubo indefensión. Por ello, manifestó que ya ha perdido dos oportunidades y cuatro años para pronunciarse sobre cualquiera de los cuatro puntos de la expropiación: la causa, la necesidad de ocupación de los bienes, el justiprecio y el derecho de reversión.

Puros sofismas

En su opinión, el Tribunal Constitucional se ha limitado a responder a las dudas planteadas por un juez con los argumentos de que no hubo indefensión porque siempre cabe la posibilidad de merecer una cuestión de inconstitucionalidad y, en caso de ser rechazada por el juzgado, interponer recurso de amparo. Afirmó al respecto que estos razonamientos son "puros sofismas", mientras que hasta ahora Ruiz-Mateos no ha tenido la oportunidad de defender directamente sus puntos de vista ante el Tribunal. Pero opinó que las vías a seguir se han visto ampliadas con la sentencia y, a través de las futuras cuestiones de inconstitucionalidad o recursos de amparo, demostrarán que Rumasa no estaba en quiebra. También anunció pleitos sobre el derecho de reversión, contratos de reprivatización, justiprecio, etcétera.

Por otra parte, ante la decisión del Tribunal de Cuentas de denegar a Ruiz-Mateos la acción popular porque está fiscalizando las actividades de Rumasa, Ramón Pelayo informó que interpondrán una querella criminal, gracias a que tiene un documento en el que dicho tribunal expone a las Cortes sus trabajos hasta el 30 de septiembre sin mencionar a las empresas del holding.