23 presos se han suicidado en España este año
Las cárceles españolas han registrado 65 muertes de reclusos durante los primeros 10 meses, de 1986, y 23 de ellas han sido suicidios. Este hecho y las soluciones alternativas a la prisión -como la libertad a prueba, establecida en el resto de Europa- han sido los ejes de unas reuniones de juristas y otros expertos celebradas durante los últimos días en Madrid por el Grupo de Abogados Jóvenes y el Instituto de Reinserción Social, respectivamente.
El Grupo de Abogados Jóvenes del Colegio de Abogados de Madrid, en sus jornadas sobre La prisión y sus alternativas, analizó la situación penitenciaria actual. El director de la cárcel de Alcalá-Meco, Santiago Martínez Cadarso, resaltó las mejoras introducidas por la Administración socialista y afirmó que el funcionario tiene un papel coactivo del que no hay que avergonzarse. Francisco Alonso, funcionario de prisiones, manifestó, en cambio, que en la actualidad impera la disciplina y que los permisos y otros beneficios se utilizan más como premio que para la reinserción.La médico del Ayuntamiento de Madrid Pilar Estébanez aseguró que la situación sanitaria de las prisiones es mala, da das las condiciones de frío, humedad, hacinamiento y falta de ventilación y de luz, que propician el suicidio y enfermedades tales como la tuberculosis, la hepatitis y el SIDA. Igualmente, el abogado Gonzalo Martínez Fresneda resaltó que en 1986, hasta el 31 de octubre, se han producido 65 muertos en las prisiones o como consecuencia de enfermedades con traídas en ellas. Del total de muertos, 23 lo fueron por suicidio. Comparó estos datos con los de 1976, en que hubo 12 muertos -uno de ellos por suicidio-, y pidió la indemnización del Estado en estos casos
Falta de voluntad política
Respecto al tratamiento penitenciario, el fiscal de vigilancia penitenciaria Antoni Gisbert recordó que no suele cumplirse la exigencia legal de que los presos vivan en celdas individuales y señaló que, a juzgar por las escasas inversiones, no hay voluntad política de remediar la situación de las cárceles. Mostró especial preocupación por los presos preventivos, aproximadamente la mitad del total.El director de la prisión de jóvenes de Alcalá-Meco, Fernando Bayón Guareño, se lamentó de la falta de cualificación del personal, teniendo en cuenta que el 80% de los reclusos procede de un medio social marginal. Carlos García Villarroel, educador de la prisión de Carabanchel, se pronunció a favor de programas de actividades socioculturales en cuya organización se responsabilice el preso. El abogado Fernando Salas manifestó que la suerte de un preso depende de la prisión que le toque, "lo cual resulta discriminatorio", y resaltó el papel de control que corresponde a los juzgados de vigilancia.
En cuanto a las alternativas a la prisión, el criminólogo Bernardo del Rosal recordó que el anteproyecto de Código Penal de 1983 preveía la suspensión del fallo, la remisión condicional de la pena y el arresto de fin de semana.
El psiquiatra Enrique González Duro se pronunció por la supresión de las cárceles y el sistema penal que las mantiene, ya que la cárcel, según dijo, es un lugar de castigo y no de rehabilitación.
El sacerdote Enrique de Castro destacó que la pena de prisión no es igual para todos y aseguró que la única alternativa a ella es la integración de los delincuentes en los barrios, atraídos por la sociedad.
Dentro de las jornadas organizadas por el Instituto de Reinserción Social, el grupo de trabajo sobre asistencia social penitenciaria -presidido por Demetrio Casado, secretario ejecutivo del Real Patronato de Educación y Atención a Deficientes- propugnó que los equipos de asistencia social entren en contacto con el presunto delincuente desde el primér momento de su detención y la prolonguen hasta después de la salida de la cárcel. Reconoció las dificultades existentes, dados los problemas estructurales y la falta de coordinación entre los servicios.
El grupo sobre asistencia a los reclusos toxicómanos -presidido por Domingo Comas, antropólogo social- partió del problema de la inexistencia de datos cuantitativos sobre la población penitenciaria afectada y los problemas que padece. Estimó conveniente la utilización de metadona de forma co ntrolada, especialmente para presos de largas condenas, y -abogó por el aislamiento y control de los capomafiosos que distribuyen la droga dentro de las cárceles.
Libertad a prueba
Por último, el grupo sobre libertad a prueba -presidido por ,Enrique Ruiz Vadillo, presidente de sala del Tribunal Supremo- analizó la denominada probation como un sistema instaurado desde hace años en el resto de Europa, alternativo a la prisión, tras el rotundo fracaso de las penas privativas de libertad, en lo que se refiere a la reinserción social.La conclusión fue que la libertad a prueba, que se aplica con control judicial y asistencia social. conjuntamente, se ajusta a las exigencias constitucionales y sólo requiere una reforma del Código Penal.
