Juristas progresistas afirman que cabe recurso ante el Supremo

La decisión del pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona de no procesar a Jordi Pujol ,en relación con el caso Banca Catalana fue recibida ayer en medios jurídicos sin excesiva sorpresa. Dentro de la provisionalidad de las opiniones de los escasos juristas que se atrevieron a hacer declaraciones, dado el desconocimiento de los razonamientos de la resolución, sectores progresistas la estiman recurrible ante el Tribunal Supremo y señalan la mediatización política que ha rodeado la decisión.Antolín Herrero, vicepresidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) -a la que pertenecen los dos fiscales del caso, José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo-, discrepó de la afirmación del presidente del pleno, Jaume Amigó -realizada anoche a través de TVE-, sobre la existencia de un único recurso, el de súplica, contra la resolución. Herrero declaró que, además del recurso de súplica ante el pleno, "es posible también interponer el de casación ante el Tribunal Supremo".

El vicepresidente de la UPF -manifestó también que, "contra lo que parece por las primeras informaciones, la resolución no ha resuelto sobre la petición de procesamiento de 16 de los inculpados y, por lo que se refiere a Pujol, sólo ha decidido su no procesamiento, cuando el pleno deberá pronunciarse sobre si el tipo de sobreseimiento que se decide es provisional o libre".

Un trabajo meticuloso

El hasta hace poco miembro de la secretaría técnica del fiscal general del Estado José Antonio Martín Pallín -que ayer tomó posesión como fiscal del Tribunal Supremo aseguró que "el trabajo de los fiscales encargados del caso ha sido muy meticuloso y muy profesiona". Añadió que "cuando ambos llegaron a la conclusión de solicitar el procesamiento es porque encontraron fundamentos para ello". "A lo mejor, la resolución del pleno de la audiencia pone de relieve", agregó, "que la persecución de los delitos socioeconómicos tiene grandes lagunas dentro de nuestra legislación penal".

Mediatización política

El abogado José María Mohedano manifestó, por su parte: "La falta de unanimidad y la existencia de votos reservados permite concebir la posibilidad de que se interponga un recurso fundamentado contra esta primera decisión. Aunque níngún supuesto penal es idéntico a otro, llama la atención la diferencia de tratamiento que se ha producido en el proceso judicial y extrajudicial seguido en el caso Banca Catalana y contra el presidente de la comunida (Y autónoma de Castilla-León [Demetrio Madrid, actualmente procesado], aunque también es verdad que tampoco son equiparables las mediatizaciones políticas que ha habido en cada uno de los dos casos".El fiscal general del Estado, Javier Moscoso, y el presidente del Consejo General de la Abogacía, Antonio Pedrol -ambos ausentes de Madrid- no pudieron ser localizados. Igualmente, otros juristas se negaron a pronunciarse, a causa del desconocimiento de la resolución, aunque algunos de ellos, al conocer por EL PAÍS el resultado de la votación exclamaron "¡qué barbaridad!" o "me parece fatal", pero se negaron a que figuraran sus identidades respaldando estas declaraciones.

El Poder Judicial no opina

Un vocal del Consejo General del Poder Judicial, el fiscal Antonio González-Cuéllar, aseguró que su condición de jurista no podría desdoblarse de la actual de vocal del Consejo. "El Consejo respeta -los pronunciamientos jurisdiccionales", dijo, "y no hace sobre ellos ninguna crítica".