Un test para el sindicalismo español

Desde el pasado día 1 de octubre, los trabajadores españoles están eligiendo a sus delegados de personal y miembros de los comités de empresa para asegurar de una manera democrática sus derechos laborales en el centro de trabajo y, al mismo tiempo, fijar la representatividad de las centrales sindicales con arreglo a los criterios que la ley orgánica de Libertad Sindical (LOLS) contempla.El actual proceso electoral supone, además, una profundización en la transparencia, mecanismos de control y garantías de legitimidad que todo sistema democrático asegura, al amparo de lo que dispone la LOLS, el Estatuto de los Trabajadores y los decretos que en su día se publicaron en el Boletín Oficial del Estado para regular el funcionamiento de la Comisión Nacional de Seguimiento de las Elecciones Sindicales y la normativa electoral en su conjunto.

Sin embargo, no deja de sorprender que en esta ocasión tampoco hayan faltado manifestaciones poco afortunadas que ponen en entredicho el proceso electoral. Ante estos comportamientos, que perjudican de maneratan injusta como universal al movimiento obrero en su conjunto, cabe preguntarse si la razón última de esta deliberada política no es la de abonar el terreno para justificar unos resultados finales que en absoluto responden a las expectativas forjadas por quienes así proceden.

A este respecto no debería caer en el olvido que las primeras elecciones sindicales celebradas en el año 1978 se realizaron con una normativa legal a todas luces insuficiente, que hizo que el Ministerio de Trabajo nunca proclamara oficialmente los resultados. Los sucesivos procesos electorales celebrados en los años 1980 y 1982 tuvieron lugar bajo la tutela legal que ofrecía el Estatuto de los Trabajadores y su desarrollo posterior. La experiencia acumulada en las anteriores elecciones sindicales realizadas hasta ahora ha sido tenida en cuenta para arbitrar el marco legal en el que se está desarrollando el actual proceso electoral.

Por primera vez, en esta ocasión, las empresas, los poderes públicos y los sindicatos van a conocer con 10 días de antelación cómo, cuándo y dónde se van a celebrar las elecciones en cualquier empresa del país. No es de recibo, por tanto, empañar la transparencia y credibilidad del proceso arrojando la sombra de la duda y el recelo sobre la normativa que preside esta convocatoria. Las críticas a la ley orgánica de Libertad Sindical y al Estatuto de los Trabajadores habría sido necesario hacerlas en su momento y no utilizar la actual canmpaña electoral para llevar a cabo una política claramente oportunista.

En otro sentido, resulta igualmente lamentable la actitud del Gobierno vasco y de la central ELA-STV, que están. dificultando con su comportamiento el cumplimiento de lo que establece el marco legal, poniendo en tela de juicio, entre otras cosas, la filosofía que supone la obligatoriedad del preaviso y el funcionamiento de los órganos de control del proceso. El ataque a la transparencia del proceso electoral, en este caso, resulta a todas luces injustificado, máxime cuando en el resto de las comunidades autónomas que también tienen transferidas estas competencias, el respeto a las normas que se han generado es total y no se ha planteado ningún tipo de problemas.

En estas elecciones, tal como ocurrió en años anteriores, se está planteando la. cuestión de los resultados que cada central sindical va obteniendo. La normativa electoral determina que los datos habrán de darse al finalizar el proceso para no incidir en la campaña electoral. En este sentido, la voluntad de la Unión General de Trabajadores es abstenerse de dar cifras globales hasta que el proceso haya concluido, contribuyendo así a evitar el confusionismo y la guerra de cifras que puede generarse a través de la publicación por los sindicatos de datos globales, generalmente no coincidentes, que, en definitiva, terminan por empañar la credibilidad de los mismos.

Modelo sindical

En todo caso, parece evidente que estas elecciones son un test para los sindicatos de este país, en el que los trabajadores van a decidir cuál es el modelo sindical más acorde con las necesidades y expectativas de la clase trabajadora española.

Los resultados obtenidos hasta la fecha, escasamente significativos por el momento, en relación a la pugna que mantienen UGT y Comisiones Obreras sí reflejan algunas de las tendencias que con toda seguridad van a mantenerse hasta el final del proceso y que, con las lógicas reservas que toda proyección conlleva, permiten aventurar algunos análisis.

A tenor de los datos manejados, es previsible que tanto UGT como CC 00 aumenten sus porcentajes de representatividad, superando ampliamente el 70% de los delegados que consiguieron en las elecciones celebradas en 1982.

Independientes

De la misma manera se puede adelantar que los sindicatos independientes y los delegados englobados en el apartado de no afiliados no mantienen los porcentajes que obtuvieron en el año 1982; que la Unión Sindical Obrera (USO) obtendrá un menor porcentaje de delegados, y la CNT no conseguirá un destacado número de delegados, al margen de que en algunas empresas grandes pueda obtener una relativa representatividad. En Euskadi, los resultados no sufrirán grandes modificaciones, quedando, sin embargo, por dilucidar si en Galicia la central INTG conseguirá conservar su carácter de sindicato más representativo a nivel nacional.

Si se considera la implantación territorial de cada una de las centrales sindicales, no se prevé que haya grandes variaciones respecto de los resultados obtenidos en la anterior convocatoria, ni por comunidades autónomas ni tan siquiera por provincias.

En todo caso, resulta plausible suponer, a la luz de la información que arroja nuestro estudio, que la Unión General de Trabajadores avanzará sus posiciones en Madrid y Barcelona, dándose también una cierta estabilidad en el sentido del voto en aquellas grandes empresas que han venido realizando elecciones en los sucesivos procesos electorales y manteniéndose altas tasas de participación.

Aunque cualquier conclusión que pueda extraerse de este análisis debe ser tomada con las cautelas necesarias, no resulta aventurado adelantar algunas afirmaciones provisionales sobre el desarrollo de las elecciones sindicales de 1986.

Una primera consideración debería subrayar la consolidación de las centrales mayoritarias en nuestro país, desterrándose del futuro inmediato la posibilidad de una tercera vía sindical.

En relación con este hecho deben ser considerados los efectos positivos de la LOLS con vistas a la consolidación del sindicalismo de clase. Se traduce así el esfuerzo y la preocupación del legislador por introducir racionalidad en el mapa sindical español, potenciando el fortalecimiento del movimiento obrero en torno a un número reducido de sindicatos capaces de concentrar el apoyo de los trabajadores y con el suficiente grado de representatividad para que su fuerza sea eficaz.

Este principio, que contrasta con los deseos de la derecha, que fue objeto de dura controversia durante la elaboración parlamentaria de la ley, hubiera preferido, sin duda, una dispersión de los trabajadores en numerosos sindicatos, con poca fuerza real y escasa capacidad contractual.

Sin embargo, las tendencias en el comportamiento del voto sindical contradicen en gran medida aquella preferencia de los sectores más retrógrados de nuestra sociedad, y confirman las virtualidades de la ley orgánica de Libertad Sindical a la hora de configurar en España un movimiento sindical fuerte y eficaz en la defensa solidaria de los intereses de los trabajadores.

Sindicatos de clase

Así pues, si la consolidación de los sindicatos de clase mayoritarios es un hecho -y la LOLS introduce las condiciones necesarias para que el fortalecimiento de éstos sea posible-, queda por dilucidar el modelo sindical que los trabajadores van a preferir en el futuro. Modelos sindicales que en la práctica cotidiana defienden sobre todo UGT y Comisiones Obreras.

La opción que finalmente prefieran los trabajadores: acuerdo o confrontación, solidaridad concertada o preocupación exclusiva por los mejor situados en el mercado de trabajo, modernización progresiva de nuestras estructuras sindicales o estancamiento en un movimiento sociopolítico, alternativas rigurosas o maximalismo sin proyecto, servicios y eficacia o discurso radícal..., será la piedra de toque que confirme a cada sindicato en la bondad de sus estrategias y en la adecuación de su práctica sindical a la realidad social española. Las preferencias por uno u otro modelo sólo estarán decididas cuando se cierre el último colegio electoral donde los trabajadores hayan depositado su voto.

Finalmente, en la voluntad de todos los sindicalistas está el conseguir que estas elecciones sindicales supongan un avance considerable para el movimiento obrero en cuanto a su fortalecimiento y expansión hacl a otras capas de la sociedad a las que el hecho sindical les es ajeno. Adicionalmente, estos comicios deberán servir para mejorar el conocimiento y la imagen que de los sindicatos se tienen en este país, equiparando éstos a los europeos en presencia, implantación, imagen y eficacia a la hora de defender los intereses de los trabajadores.