El Poder Judicial iniciará acciones disciplinarias contra los jueces que informen sobre sus actuaciones

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el pasado jueves recordó a los jueces y magistrados la obligación de guardar silencio sobre las materias sometidas a su decisión jurisdiccional, tiene previsto iniciar acciones disciplinarias contra quienes revelen noticias sobre sus actuaciones judiciales. Así lo declararon ayer a EL PAÍS fuentes de la mayoría que respaldó el acuerdo, según las cuales la medida adoptada tiene el valor de "una amnistía" por anteriores manifestaciones, a la que ahora seguirán las sanciones concretas.

Las fuentes citadas justificaron el acuerdo del Consejo en la excesiva "facilidad de palabra" de algunos jueces y magistrados sobre asuntos sometidos a su potestad jurisdiccional y aseguraron que en ningún país del mundo se produce tal verborrea sobre cuestiones jurisdiccionales. Entre los ejemplos, que se manejaron en el pleno del jueves figura lo que se denominó como lergalidad [alusión a las declaraciones a la Prensa del juez Luis Lergal o la retransmisión radiofónica del procesamiento del torero Rafael de Paula en un caso de homicidio frustrado.La ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) tipifica como falta grave la infracción de las prohibiciones o deberes" establecidos legalmente. Preguntado el portavoz del Consejo -que el lunes explicará en TVE el alcance del acuerdo-, por qué no se sancionan las infracciones concretas observadas, en lugar de aprobar un acuerdo que no distingue entre infractores y cumplidores de la ley, Juan José Martínez Zato, señaló que, dada la gran cantidad de conductas expedientables, "se ha considerado conveniente hacer una advertencia a todos, a partir, de la cual nadie podrá alegar que no está avisado". En cuanto al régimen disciplinario general de los miembros de la magistratura, aseguró que, "respecto a otros funcionarios públicos, los jueces son unos privilegiados".

Vocación 'gobernadora'

Por su parte, fuentes de la minoría discrepante con el acuerdo del Consejo reprocharon a la mayoría "la vocación gobernadora que le ha invadido" Asimismo, los vocales cuyo voto contrario al acuerdo no se ha reflejado ante la opinión pública manifestaron ayer sus protestas al portavoz del Consejo. Así ocurrió con José Augusto de Vega, que aseguró que su voto fue negativo, lo que ele varía a cinco los votos contrarios. Por lo demás, Martínez Zato dijo no saber de quién era la tercera abstención, junto a las de Adrián Celaya y Antonio Hernández Gil.Por lo que se refiere a esta última abstención del presiden te del Consejo, fuentes de la mayoría manifestaron que Hernández Gil no votó el texto aprobado, redactado por Pablo García Manzano, pero que estaba conforme con otro, "muy similar en el fondo, pero más correcto jurídicamente", elaborado por Valentín de la Iglesia, quien votó en contra del primero. Sin embargo, fuentes próximas a Hernández Gil dijeron que la razón de su abstención fue la discrepancia con la oportunidad del acuerdo.

El único respaldo asociativo al acuerdo del Consejo fue matizado ayer por el comité ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, que puntualizó lo siguiente: "el derecho a la información pública y a la libertad de expresión constitucionalmente garantizadas no pueden ser limitados ni restringidos con carácter general respecto a todas las actuaciones judiciales".

"Por ello, debe distinguirse", añade la APM, "entre los temas generales que afectan a la administración de justicia, a la existencia y trámite de los procesos judiciales y al contenido de los mismos, de forma que únicamente este último deberá ser adecuadamente reservado, en evitación de que las informaciones e incluso los debates públicos conduzcan a juicios paralelos publicados en los medios de comunicación'. Agrega que "únicamente al sentido de responsabilidad y al buen criterio de cada miembro del poder judicial corresponde establecer las necesarias delimitaciones entre unos y otros supuestos, lo que no excluye la exigencia de aquella responsabilidad, cuando los límites fueran indebidamente traspasados".

La información judicial

Por último, la APM "celebra que haya decidido ya el CGPJ la creación de las oficinas de información que puedan proporcionarla veraz y rápidamente, cubriendo con ello una necesidad que ha venido siendo desatendida' con la consecuencia últimamente reiterada de la mengua de aquella veracidad".El portavoz de la asociación moderada Francisco de Vitoria, Juan Saavedra, expresó el riesgo de que tales oficinas se conviertan en "tamices o filtros de la información judicial". Por lo demás, la creación de estos órganos fue vista por la Unión de Periodistas con escepticismo, actitud compartida por los propios servicios de información del CGPJ.