Cuatro personas identifican en el juicio a los guardias civiles que supuestamente les torturaron

Los hermanos José María, Lucio y Victor Olarra e Ignacio Oleaetxea reconocieron ayer en la vista que se sigue en la Audiencia de San Sebastián a los guardias civiles sentados en el banquillo como las personas que presuntamente les torturaron durante el tiempo que permanecieron detenidos en octubre de 1983. Los encausados, los cabos José Domínguez Tuda y Rafael Sánchez Fernández y los guardias Manuel Macías Ramos y José Antonio Román Díez negaron haber torturado a los denunciantes.El informe del fiscal Javier Zaragoza indica que los guardias civiles que están siendo juzgados golpearon en varias ocasiones a los detenidos: "Les sumergieron la cabeza en el agua y les tiraron del pelo con el objeto de obtener información sobre la banda ETA Militar". Como resultado de los malos tratos, José María Olarra, entonces teniente de alcalde de Herri Batasuna de Villabona, sufrió "erosiones longitudinales, hematomas y una herida en la zona mamaria derecha que tardaron 14 días en curar". Los otros tres detenidos sufrieron erosiones múltiples, según se recoge en los partes facultativos del amplio suniario que existe sobre este caso.

El cabo José Domínguez Tuda, responsable de los interrogatorios, según indicó a preguntas del fiscal y de la acusación particular, declaró que las lesiones que presentaba José María Olarra se las produjo "al caerse en la ducha" en la comandancia de la Guardia Civil de San Sebastián, y afirmó que "no existen malos tratos".

El denunciante, José María Olarra, relaió ante el tribunal que durante el tiempo que per maneció detenido en varias ocasiones le metían la cabeza en el agua "en una piscina de plástico para niños de color azul".

El abogado defensor de los guardias civiles, Jorge Argote, puso de relieve en el transcurso de la vista oral que las ruedas de reconocimiento que se practicaron a los guardias civiles "no se hicieron con las garantías procesales necesarias".

El fiscal solicitó dos meses de arresto mayor para cada uno de los encausados, un año de suspensión y una indemnización de 129.000 pesetas. La acusación particular, representada en el letrado Migo Iruin, pide penas de 60 años de inhabilitación y cuatro años de cárcel para cada uno de ellos.

El único incidente que se registró tuvo lugar a la puerta del palacio de Justicia, donde un grupo de nueve personas desplegó una pancarta en contra de la tortura. Todos ellos fueron detenidos y trasladados a comisaría, quedando en libertad una vez que prestaron declaración.