El poder judicial, expresa su "más firme apoyo" a Belloch y Huerta
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) expresó ayer su respaldo al magistrado Juan Alberto Belloch y la juez María Elisabeth Huerta y encuadró las amenazas de muerte recibidas en la "campaña de desprestigio de los jueces y magistrados del País Vasco", que atenta "contra su independencia e imparcialidad". El ministro de Justicia, Fernando Ledesma, telefoneó ayer por la mañana al magistrado Belloch para manifestarle su solidaridad a él y a la juez Huerta y expresarle la preocupación del Gobierno por garantizar la independencia de los jueces.El Consejo "estima necesario manifestar su preocupación por la campaña de desprestigio de los jueces y magistrados del País Vasco, a la que no son ajenas las amenazas de muerte dirigidas contra dos de ellos, sin más motivo que las decisiones adoptadas en el ejercicio de su función". "Estas amenazas y el clima de censura no racionalizada en que se han reproducido", prosigue, "presionan sobre los jueces y magistrados con el evidente propósito de atentar contra su independencia e imparcialidad".
"Este Consejo recordó con serenidad, pero con firmeza, el deber de cumplimiento de las resoluciones judiciales que a todos, incluidos los poderes públicos, impone nuestra Constitución, y se esforzó por no exacerbar un incidente en el que podrían resultar deterioradas instituciones fundamentales del Estado de Derecho. Todos tienen derecho a la discrepancia y crítica de las resoluciones judiciales, pero esto no ampara la insistente descalificación pública de jueces que ejercen sus funciones en condiciones no siempre fáciles".
EL Consejo, "como órgano garante de la independencia de los jueces y magistrados integrantes del poder judicial, expresa ahora su más firme apoyo a quienes desempeñan la delicada tarea de impartir justicia y manifiesta su voluntad de no escastimar esfuerzos para respaldarlos en el ejercicio de la potestad jurisdíccional que la Constitución ha puesto exclusivamente en sus manos". El acuerdo se adoptó por 17 votos favorables, ninguno en contra y tres abstenciones -las de Luis Vacas, Antonio Albasanz y Pablo Beltrán de Heredia-, que, según fuentes del Consejo, no fuerorí tanto por el contenido del acuerdo, como por la discrepancia con un nuevo pronunciamiento del Consejo sobre, los problemas judiciales del País Vasco.
Por su parte, el presidente de la Audiencia Provincial de Bilbao, Juan Bautista Pardo, y el de la Audiencia Provincial de San Sebastián, Joaquín Jiménez, relacionaron también las amenazas con el desprestigio de los jueces de Euskadi.
El, magistrado Perfecto Andrés, del secretariado de Jueces para la Democracia, asociación judicial progresista y, minoritaria, condenó los hechos y añadió: "No sé quién ha puesto la letra a las amenazas, pero la música es la misma que desgraciadamente suena en algunas declaraciones de Ricasdo García Damborenea [secretario general de los socialistas vizcaínos] y en algunos medios de comunicación social reaccionarios. Me parece que responden a una misma finalidad de crear un clima que haga más difícil todavía el ejercicio de su función por compañeros que la están desempeñando con exquisito rigor constitucional".
Por su parte, José Gabaldón, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria y conservadora, expresó su "sentimiento de rechazo e indignación, propio de cualquier persona honesta".
Juan Saavedra, presidente de la Audiencia Provincial de Vitoria y portavoz del grupo judicial minoritario y moderado Francisco de Vitoria, señaló que las amenazas son "una intimidación sobre la labor de unos magistrados" y "otra injerencia, en este caso innorninada, que próduce un efecto enrarecedor en el funcionamiento del Estadode derecho".
