Nueva demanda civil contra la gestión de Banca Catalana

Un grupo de ex consejeros y accionistas del Banco de Alicante ha redactado una demanda civil contra Banca Catalana reclamando más de 1.000 millones de pesetas como compensación por los perjuicios que le ha ocasionado la gestión de sus ex directivos y, también, por el incumplimiento de diversas promesas. En el momento de presentarse supondrá la segunda demanda civil que se plantea contra Catalana requiriendo a sus actuales propietarios para que asuman compromisos contraídos por sus antecesores. La primera demanda civil la planteó La Caixa al solicitar de Catalana más de 2.000 millones de pesetas. Estos procedimientos son independientes de la querella que tramita el Pleno de la Audiencia Teirritorial de Barcelona.Banca Catalana adquirió el Banco de Alicante en 1971 a través de la socliedad instrumental Verein y desde 1976 lo administró por medio de ejecutivos de su confianza. En 1982 el Banco de Alicante fue intervenido por el Fondo de Garantía de Depósitos, después de descubrirse un déficit de más de 3.000 millones de pesetas. Una junta de accionistas de marzo de 1983 decidió desvalorizar sus títulos a una peseta. Posteriormente, el banco fue adjudicado al Banco Exterior, que efectuó una ampliación de capital y reactivó la entidad, que ahora es el primer banco de la provincia.

Los ex consejeros y accionistas afectados por aquella desvalorización basan su demanda en los compromisos verbales y escritos efectuados por altos ejecutivos de Banca Catalana, que habían prometido reiteradamente hacerse cargo de cualquier desequilibrio patrimonial que pudiera crearse en la entidad durante su gestión. Estos mismos documentos exoneran a los ex consejeros y ex ejecutivos del Banco de Alicante y también a los ejecutivos que Catalana envió para administrarlo.

En la redacción de la demanda se aportan documentos para intentar demostrar que los altos directivos de Catalana fueron los únicos responsables de lo ocurrido en el Banco de Alicante. Sostiene que este banco se limitaba a obedecer órdenes dictadas desde el consejo de administración y la dirección general de Banca Catalana en Barcelona, hasta el punto de que el consejo de administración del Banco de Alicante desconocía la situación patrimonial de su entidad. Según la demanda, el Banco de España ya advirtió la ignorancia de los consejeros alicantinos y en un comunicado -3 de septiembre de 1982- ordenó a Catalana que diera información veraz al consejo.

El escrito señala que desde 1976 todos los altos cargos de banco pertenecían a Banca Catalana y que, en la mayoría de los casos, cobraban sus sueldos de la nómina de la entidad barcelonesa o se encontraban en Alicante en comisión de servicios. Cuando cesaban, volvían a Banca Catalana. Pone los ejemplos de Ernesto Giralt Raventós, el último director general del Banco de Alicante en aquella etapa, que actualmente trabaja aún en Banca Catalana, y el de Alfonso Maristany, que estuvo en comisión de servicios.

En medios financieros se asegura que esta reclamación, planteada por accionistas y ex consejeros, se expuso ya en noviembre de 1982 cuando el Banco de Alicante, contestando al Banco de España en un pliego de descargos, solicitó que se sobreseyera el expediente y se "exigiera" a Banca Catalana el cumplimiento de sus obligaciones hacia el banco filial, de forma similar a como recientemente Banesto ha asumido los déficit del Garriga Nogués.

Algunos medios jurídicos consideran que con esta acción civil va a quedar desvirtuada la acción penal que ha empezado a instruirse desde la Audiencia de Alicanite contra los responsables del banco por su actuación entre 1976 y 1982. Esta causa penal se abrió por orden del Pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona, a instancia de los fiscales encargados del caso Banca Catalana, al derscubrir en la contabilidad de esta última entidad supuestas irregularidades que podrían afectar a aquélla.

El juez Alberto Facorro, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, ha abierto unas diligencias previas por presunta falsedad. Asimismo, ha dictado una providencia requiriendo del Banco de España y del Banco de Alicante diversa documentación relacionada con el caso.