La duración media de un proceso es de 30 meses
La duración media de los procesos ante el pleno del Tribunal Constitucional, computada desde la fecha de su interposición hasta la de la sentencia, es actualmente de 30 meses, según los datos contenidos en la Memoria de los seis primeros años de funcionamiento del alto tribunal, entregada ayer a don Juan Carlos. De los 1.012 asuntos pendientes de resolución destacan las cuestiones de inconstitucionalidad sobre la expropiación de Rumasa, ley de Controlde Cambios y fuero especial de los cuerpos policiales.El incremento de la duración media de los procesos ha afectado de forma diferente a las salas y al pleno del Tribunal Constitucional. Mientras que los recursos de amparo, que normalmente son competencia de cada una de las dos salas, tardaban en resolverse en 1981 siete meses y medio, en 1985 el promedio de duración era de 15 meses.
En cambio, respecto a los asuntos competencia del pleno -en su mayoría, procesos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia entre los gobiernos central y autonómicos-, si en 1981 cada asunto tardó en ser sentenciado unos cinco meses, en 1984 este promedio se elevó a 18 meses, en 1985 a 21 meses y en 1986 a 30 meses.
En 1985, la duración media aproximada de los procedimientos en el Tribunal Constitucional Federal alemán fue de 117 meses y en el Tribunal Constitucional italiano superior a cuatro años. Para evitar una resolución tan dilatada de los asuntos, el presidente del alto tribunal, Francisco Tomás y Valiente, sugirió una serie de medidas legislativas, que afectan especialmente a los procesos de inconstitucionalidad.
Sobre los recursos de amparo, habida cuenta de lalarga carencia de derechos y libertades padecida por los españoles, señaló que "quizá sea prudente no obstaculizar su defensa y esperar a que se comprenda que no constituyen una panacea, sino un instrumento jurídico de delicado uso'.
La Memoria recoge la celebración en Madrid, en octubre de 1984, de la sexta conferencia de la Unión de Tribunales Constitucionales Europeos, así como el comunicado institucional hecho público el 23 de febrero de 1981, que reafirmaba la voluntad del Tribunal Constitucional de guardar y hacer guardar la Constitución.
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