CC OO y CNT recurrirán ante el Supremo la entrega de 4.144 millones a la Unión General de Trabajadores

La entrega a UGT de 41.144 millones de pesetas a cuenta del patrimonio que le fue expropiado durante la guerra civil ha levantado una oleada de protestas. Comisiones Obreras (CC OO) y la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) presentarán un recurso ante el Tribunal Supremo, y la central anarquista remitió ayer una carta al presidente del Gobierno en la que le pide la suspensión del período de cómputo de las elecciones sindicales. José March, secretario general de este sindicato, denunció que se había ocultado durante más de tres meses la decisión del Gobierno.

La decisión del Consejo de Ministros de compensar económicamente a UGT con más de 4.000 millones de pesetas por el patrimonio expoliado en la guerra civil ha complicado el proceso electoral que comienza el próximo 1 de octubre. Todas las fuerzas sindicales coinciden en acusar de injerencia al Gobierno y de haber actuado a favor de la central socialista en perjuicio de los demás sindicatos.Para, CC OO, se tralla de un intento de fortalecer económicamente a UGT "ante la evidencia de que perderán estas elecciones". "Nosotros", dijo Marcelino Camacho, "estamos a favor de que se restituyan los bienes expropiados. Pero no podemos aceptar ni el momento ni la forma en que la devolución se ha llevado acabo". CC OO, al igual que la CNT, presentará un recurso ante el Tribunal Supremo.

Las críticas a la actuación del Gobierno han sido unánimes en los ambientes sindicales, si se exceptúa a UGT. José March, secretario general de CNT, mostró su desconcierto e indignación por la decisión del Consejo de Ministros. "No puede hablarse de justicia cuando a CNT, que era la central más fuerte antes de la guerra civil, se le atribuyen 248 millones de pesetas y a UGT se le entregan ya, para su uso, más de 4.000 millones".

Las críticas de CNT son dobles. Por un lado, por la forma en que se ha llevado a cabo el proceso, y por otro, "por el grave perjuicio que supone para nosotros". Para José March, no existe garantía alguna de que la valoración se haya realizado de forma justa. "Ellos", dijo, "hablan de un estudio de Richard Ellis que mantienen en secreto y nadie conoce. Pero es que, además, lo que llaman pruebas de propiedad se basan en incautaciones de la Guardia Civil o la jefatura local de Falange en las que únicamente se dice que son propiedades de los rojos".

Suspensión de elecciones

El secretario general de CNT envió ayer una carta al presidente del Gobierno y otra a Alvaro Espina, secretario general de Empleo y presidente de la comisión consultiva de elecciones sindicales. En ambas se pide la suspensión del período de cómputo, por entender que la decisión adoptada puede influir en el proceso electoral. El sindicato ha puesto estos hechos en conocimiento del Defensor del Pueblo.March afirmó que, en cualquier caso, no parecía lógico que se esperara a las elecciones sindicales para hacer efectiva una provisión de fondos como la efectuada a UGT. El secretario general de la central anarquista desveló que el pasado mes de julio una representación de esta organización mantuvo un encuentro con Segismundo Crespo, subsecretario de Trabajo, "y en ningún momento nos insinuó siquiera que la decisión de restituir el patrimonio estuviera tomada".

Por qué el Gobierno ha esperado tres meses para hacer efectivo el acuerdo del Consejo de Ministros es algo que escapa a todos los sectores consultados, sobre todo cuando en nada favorece a UGT que coincidiera con las elecciones sindicales.

La CEOE aseguró no tener conocimiento de la decisión y la mayoría de los sindicatos se desayunaron con las informaciones de Prensa. Sin embargo, la CNT aportó pruebas de que el Consejo de Ministros del 28 de junio había aprobado no sólo los criterios de devolución sino el listado de locales del patrimonio.

Hacer justicia

Segismundo Crespo afirmó, por su parte, que "la devolución del patrimonio a CNT y UGT es un acto de justicia histórica", y que la valoración del Gobierno se había ajustado a la hecha por RIchard Ellis, "empresa de absoluta solvencia y reconocido prestigio internacional". Crespo añadió: "Ahora se dice que no era el momento adecuado para la devolución. Yo creo que, después de 50 años, cualquier momento es bueno para hacer justicia".Son las únicas manifestaciones a favor de una decisión polémica, si se exceptúan las que la propia UGT ha hecho públicas. El resto de las organizaciones obreras ha respondido con dureza a la primera compensación económica que se produce tras la guerra civil. Manuel Zaguirre, secretario general de USO, habló de escándalo y mostró su preocupación porque un proceso que "tendría que ser limpio, lícito y legítimo se ensucie así".

ELA-STV, sindicato al que también se expropió su patrimonio y que nada ha recibido, calificó la entrega de 4.114 millones a la UGT de "un paso más para hacer un sindicalismo amañado, hipotecado y de renuncia a la defensa de los trabajadores".

El PDP presentó ayer en el Congreso una pregunta para que el Gobierno explique los criterios seguidos para la devolución.