Trabas para que los editores de Prensa accedan a la televisión privada en Francia

La privatización de la primera cadena francesa de televisión, TF1, y la concesión de canales privados de televisión tienen ya luz verde, pero deberán superar nuevas dificultades. El Consejo Constitucional anuló el miércoles dos artículos -39 y 41- de la ley de reforma de los medios audiovisuales, obra del ministro de la Cultura y de la Comunicación, Francois Léotard, y aprobada con la oposición socialista, por considerar que no se garantiza el pluralismo al no limitar suficientemente la concentración empresarial ni "evitar los abusos de posición dominante". Los grandes grupos de Prensa salen directamente perjudicados por la decisión, ya que, por el momento, ésta parece cerrarles el acceso a la televisión privada.El Consejo Constitucional ha utilizado el artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, como ya hizo en julio pasado, para anular algunas disposiciones de la ley de Prensa como fundamento de su razonamiento. Los artículos inconstitucionales fijaban precisamente algunas limitaciones a la concentración empresarial. Impedían la posesión por una misma persona o grupo de más del 25% del capital de una cadena de televisión de ámbito nacional, pero permitían concentrar en las mismas manos el 25% de varias sociedades televisivas. No dejaban tampoco poseer dos autorizaciones para una misma zona de emisión, y establecían limitaciones a la posesión de múltiples autorizaciones regionales que pudieran llevar a constituir una red nacional.

El consejo ha desestimado, en cambio, la teoría de los socialistas, que obligaría a realizar la privatización de TF1 en el marco de una concesión de servicio público.

François Léotard manifestó ayer mismo su "gran satisfacción", y anunció la promulgación de la ley, a excepción de los artículos anticonstitucionales, así como la inmediata creación de la comisión nacional de la comunicación de las libertades, encargada, ya de entrada, del nombramiento de los presidentes de las sociedades de radiotelevisión públicas y de reglamentar sobre ellas. Por el momento, la comisión no podrá conceder autorizaciones de radio y televisión, tarea que estará en manos del organismo al que sustituye, la Alta Autoridad, cuya desaparición queda congelada por la decisión del Consejo Constitucional.

Luz verde a la privatización

A pesar de los escollos, la decisión supone la luz verde para la privatización. El calendario de ésta no se verá entorpecido, según Léotard, pues presentará inmediatamente al Parlamento una nueva ley sobre la concentración en radiotelevisión, lo que llenará las lagunas producidas por la declaración de inconstitucionalidad. Sí se verá entorpecido, en cambio, el acceso de los tres grandes grupos de comunicación, conocidos como las tres haches -Hersant, Havas y Hachette-, a la propiedad de TF1. También otros editores tendrán dificultades.Los socialistas, por su parte, han manifestado su satisfacción por la decisión del alto organismo, y la han valorado como "una cruel lección para Léotard".