Los jueces de Madrid piden al fiscal que actúe contra el máximo responsable de la incomparecencia de guardias civiles

La Junta de Jueces de Madrid acordó ayer por unanimidad pedir al ministerio fiscal que intervenga contra el posible responsable penal, por alto que sea sin rango administrativo, de la incomparecencia de los guardias civiles citados por la juez de Bilbao María Elisabeth Huertas, y sugiere que el poder ejecutivo "burla o usurpa las funciones que la Constitución reserva al judicial". Mientras tanto, el fiscal de Bilbao ha recurrido la providencia de la juez que convocó para hoy al teniente coronel jefe de servicios de la Guardia Civil, que alegó ante ella la existencia de una orden del Gobierno para denegar la comparecencia de los guardias civiles. De momento, hoy no comparecerá.

El acuerdo adoptado por la Junta de Jueces de Madrid fue remitido por su decano, Antonio García de Paredes, al presidente de la Audiencia Territorial de Madrid, Clemente Auger, quien adelantó que lo asume y lo trasladará al fiscal general del Estado y al ministro de Justicia, con el ruego de que se dé al caso "una solución razonable".La Junta de Jueces de Madrid, tras recordar los delitos en que han podido incurrir quienes orderiaron la incomparecencia de los guardias civiles, manifiesta que "no puede tolerarse que desde el Ejecutivo se promueva la conculcación de las órdenes emanadas de la. magistratura -a la que corresponde en exclusiva resolver sobre la pertinencia de las pruebas a practicar-, descalificándolas como ilegales, según los peculiares puntos de vista de aquél, en lugar de impugnarlas en debida forma".

"Es de esperar", añade, "que el celo del Ministerio Fiscal impulsará las actuaciones necesarias para esclarecer si en alguna persona -no importa el escalón que ocupe en la Pirámide administrativa- cabe apreciar indicios de responsabilidad penal por desobediencia, denegación de cooperación con la administración de justicia u obstrucción frente a una decisión judicial".

Por lo que se refiere al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ayer celebró reunión plenaria en la que no adoptó ningún acuerdo sobre la materia, la Junta de Jueces afirma: "cabe, además, confiar en que cualquier órgano jurisdiccional cuenta con el firme y comprometido respaldo -más allá del recordatorio de preceptos conocidamente vigentes- del CGPJ, garante de la independencia de quienes tienen constitucionalmente atribuída la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y de la eficacia de sus resoluciones". Agrega que así unirá a su legitimidad de origen, "la credibilidad de la magistratura que está llamado a gobernar".

Reticencias policiales

La Junta de Jueces recuerda que los órganos jurisdiccionales tropiezan "demasiadas veces con las reticencias de los funcionarios policiales, cuando se trata de investigar los hechos supuestamente delicitivos imputados a miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Unas y otros", dice, "deberían ser, sin embargo, los primeros interesados en depurar -sin corporativismos mal entendidos y a veces fomentados desde el exterior con torcida intencionalidad- aquellos de sus elementos indeseables, que la desprestigian ante los ojos de los ciudadanos".Los jueces madrileños añaden que las "dificilísimas condiciones" en que estos funcionarios desarrollan su "muy meritoria labor", no puede conducir a "su impunidad de hecho". Invocan la importancia de la existencia de una auténtica policía judicial y señalan el grave peligro de ineficacia de la fórmula mixta actual, que favorece que se resistan arrogantemente las resoluciones que les desagradan. "Cuando el poder ejecutivo burla o usurpa las funciones que la Constitución reserva al judicial, revela que comienzan a hacésele insufribles las ataduras de la ley, que es expresión de la voluntad popular".

La Junta de Jueces agrega: "libre del control judicial (al que, según conviene, lo mismo se presenta como reducto ultra conservador que como cómplice del radicalismo izquierdista), podría tener la fuerza de un opresor... [en cursiva en el original] y la tentación de utilizarla. Si tanto se ha recelado, en los últimos tiempos, del peligro de constituir un Estado de de los jueces, no conviene, como alternativa, internarse por el camino de servidumbre que lleva al Estado policial".

De otro lado, la asociación judicial de tendencia moderada, Francisco.de Vitoria expresó ayer su rechazo a "tan grave e inusitada decisión" e insistió en que estas situaciones "podrían evitarse con la creación de una. policía judicial dependiente orgánica y funcionalmente de los jueces y magistrados".

Por otra parte, según informa Iñigo Gurrutxaga, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao convocó al mando de la Guardia Civil firmante del oficio remitido al juzgado el 29 de agosto último. El recurso de la fiscalía alega la posible existencia de un error formal y, subsidiariamente, plantea un recurso de apelación.

La juez Huertas había aceptado previamente el escrito presentado por la acusación particular en el que se solicitaba la prestación de testimonios por parte de los particulares que son citados en el ofició remitido por la Dirección General de la Guardia Civil. La apertura de esta investigación tiene como objeto esclarecer si existe o no una orden del Gobierno denegando la comparecencia de los 90 guardias civiles en ruedas de reconocimiento. Fuentes de las partes implicadas en el proceso esperan que se agilicé, la tramitación de los recursos, a fin de que se recuperen las iniciativas procesales para la identificación de los autores del presunto delito de torturas cometido en la persona de Tomás Linaza Euba.