La criminalidad creció menos en 1985 que en años anteriores, según el fiscal del Estado

En 1985, la criminalidad experimentó una desaceleración en su incremento, según la memoria elevada al Gobierno, presentada ayer ante el Rey por el fiscal general del Estado. Luis Antonio Burón Barba, que abrió el acto inaugural del año judicial. Mientras que en 1983 el aumento de la criminalidad fue del 22,30%, se redujo en 1984 al 16,31%, y en 1985 el crecimiento fue sólo de un 5,37% que, según Burón, "podría hacernos esperar un incremento escaso o nulo en 1986". Asimismo, en el quinquenio 1976-1980 se produjo un aumento del 80%, mientras que en el de 1981 a 1985 el crecimiento fue del 50,1 %, a pesar de incluirse en esta última etapa el aumento "alarmante", en palabras de Burón, producido en 1983.El total de sentencias dictadas durante 1985 fue de 103.815, que significa un aumento en relación a las 91.526 de 1984, de un 10,16%, que el fiscal general del Estado atribuye "al celo de jueces y tribunales y a la creación de nuevos órganos judiciales". De las 103.815 sentencias, dictadas en 1985, 71.847 -es decir, un 69,2% del total- fueron condenatorias de conformidad con el fiscal. Del resto, 15.007 -o sea, el 14,45% del total- fueron condenatorias, pero disconformes con la petición fiscal, y las 16.957 restantes -el 16,34%- fueron absolutorias, sin que se distinga aquí entre las conformes y disconformes con la fiscalía.

Dependencia, no 'temblor'

En la presentación de la memoria Burón resaltó la coincidencia de la función judicial con el ministerio público en el servicio a la legalidad e imparcialidad, del mismo modo que destacó "la única divergencia" entre ambos: "la contraposición de la dependencia jerárquica que rige el Ministerio Fiscal y la independencia de jueces y tribunales", proclamadas ambas en la Constitución. Añadió que la dependencia jerárquica de los fiscales es un "instrumento indispensable para la unidad de áctuación", pero rechazó "la imagen", dijo, "de un fiscal general tembloroso siempre ante el riesgo de destitución y, por ende, sumiso al poder ejecutivo".Para el fiscal general del Estado, "el Gobierno de la Nación no puede desentenderse del curso de los procesos judiciales". Según Burón, "no le corresponde desde luego suplantar el poder jurisdiccional en ningún caso, pero sí comprobar que la potestad jurisdiccional se ejercite en un marco de regularidad, eficacia y prontitud".