Cárceles privadas para enemigos públicos
El Gobierno francés quiere solucionar el problema de las prisiones privatizando el régimen penitenciario
Contra cárceles estatales atestadas e insalubres, prisiones privadas, más baratas y confortables. El ministro francés de Justicia, Albin Chalandon, está dispuesto a lanzarse a una aventura inédita en Europa: delegar en empresas privadas la construcción y el mantenimiento de cárceles. La experiencia se inició hace años en Estados Unidos y ha dado, al parecer, resultados satisfactorios. Los presos no se quejan y el Estado se ahorra dinero. Francia tiene, sin embargo, una tradición más centralista que Norteamérica, y los planes de Chalandon han provocado ya una fuerte polémica filosófica: ¿se puede delegar el poder de castigar?
El fantasma del motín planea periódicamente sobre las cárceles europeas. El aumento de la población, la crisis económica de los años setenta -con su secuela de millones de parados- y el endurecimiento general de las leyes penales han llenado las prisiones hasta niveles insoportables. Francia no es una excepción, sino tal vez uno de los países más afectados, con establecimientos penitenciarios vetustos que merecen casi el calificativo de históricos.Los sucesivos ministros de Justicia han reconocido que el peligro de estallidos de violencia, como el de 1974, que provocó la muerte de 11 personas, les causaba pesadillas. Todos intentaron aligerar la tensión con medidas provisionales, pero reconocieron que la única solución era crear 20.000 nuevas plazas carcelarias. ¿De dónde sacar el dinero?
Nadie, ni el famoso e influyente Robert Badinter, que ocupó la cartera durante los cuatro años de Gobierno socialista, fue capaz de encontrar en los presupuestos del Estado los 8.000 millones de francos (160.000 millones de pesetas) necesarios para ampliar y renovar las prisiones.
Badinter quiso humanizar las condiciones de vida de los detenidos, pero, como los otros, tuvo que recurrir a parches más o menos eficaces o imaginativos: amnistías parciales coincidiendo con la fiesta nacional del 14 de julio (antes de la llegada de los calores del verano), supresión de los departamentos de alta seguridad, comunicaciones más frecuentes y autorización para que los presos de cada celda pudieran alquilar una televisión individual. El ministro intentó incluso atacar el problema fundamental, la sobrepoblación de los establecimientos penitenciarios, reduciendo las penas para delitos pequeños y agilizando los procesos. Todo en balde, porque cuando se marchó las cárceles estaban más llenas que cuando llegó: 44.654 detenidos para sólo 38.500 plazas. La victoria electoral del centro-derecha no ha arreglado las cosas: la población penal ha pasado en menos de 4 meses a 48.000 personas, y antes de fin de año superará la cifra récord de 50.000. Los detenidos se amontonan en las celdas y llegan incluso a dormir en colchones tirados por los corredores.
Solución 'definitiva'
Albin Chalandon, un jurista conservador que no está dispuesto a reducir el número de detenidos, cree haber encontrado la solución definitiva. Puesto que el Estado no es capaz de construir ni mantener suficientes cárceles, habrá que permitir que las empresas privadas asuman ese papel. Chalandon ha recibido ya la visita de las dos sociedades norteamericanas líderes del sector: la Correction Corporaxion of America (CCA) y la National Correction Construction Inc. (NCCI). La idea es que las empresas francesas interesadas en la aventura se asocien con las estadounidenses, que poseen la experiencia y el savoir-faire.El proyecto Chalandon hace la boca agua a los norteamericanos porque tendrá grandes proporciones. Las prisiones privadas no suponen en Estados Unidos más que un 10% del total de los establecimientos penitenciarios, con cerca de 80.000 detenidos sobre una población penal de casi medio millón. Si todo sale como lo desea el actual ministro de Justicia, las cárceles privadas francesas podrían acoger dentro de tres o cuatro años a casi la mitad de la población reclusa.
Desde el punto de vista de la CCA o de la NCCI se trata de un gran negocio: "En Estados Unidos somos capaces de mantener diariamente a un recluso por 23,45 dólares, cuando la Administración central necesita 26,45 dólares, y además garantizamos condiciones de detención más humanas. Esa cifra incluye asimismo los gastos de amortización de la construcción de la cárcel", explican los responsables de la CCA. Según ellos, unos resultados financieros tan espectaculares se deben a que necesitan un número de empleados mucho menor (sus prisiones están dotadas de sofisticados equipos electrónicos de seguridad) y a una gestión financiera más ágil. "Basta con que el Estado se comprometa a enviarnos un cierto número de detenidos cada año, es decir, con que nos garantice un nivel mínimo de ocupación", añaden.
El debate en Francia no ha hecho sin embargo más que comenzar, porque se ignoran todavía detalles importantes. ¿Se confiará a las empresas privadas la gestión diaria de las cárceles, al igual que sucede en Estados Unidos?, ¿quién ejercerá las labores de vigilancia, funcionarios de prisiones o empleados de la sociedad?, ¿serán cárceles destinadas exclusivamente a pequeños delincuentes con condenas reducidas? El proyecto de ley no llegará a la Asamblea Nacional probablemente antes del próximo mes de noviembre.
El 'privilegio' de castigar
Chalandon, que fue responsable en su día de la privatización de las autopistas francesas, teme menos la discusión parlamentaria que el análisis del Consejo Constitucional, que tendrá sin duda que decidir si el Estado puede abdicar de suprivilegio de castigar y dejarlo en manos privadas. Los consejeros del ministro afirman que lo.realmente inconstitucional es la situación en la que se encuentran hoy día los detenidos. "El Estado no abdicará de nada porque puede destinar un funcionario a cada prisión, de forma que sea él el encargado de vigilar el régimen disciplinario y la aplicación de las normas de reducción de penas", asegura un colaborador de Chalandon.La posibilidad de que las cárceles queden en manos de matones privados, sin ninguna cualificación profesional, constituye sin embargo una de las mayores preocupaciones de los expertos. "Ese problema se puede evitar exigiendo, por ejemplo, que los empleados de estas sociedades reciban una formación similar a la de los actuales funcionarios de prisiones", contestan los partidarios de la privatización. "La prueba de que ese riesgo no existe es que la Administración norteamericana no ha recibido nunca una queja de los detenidos que han pasado por nuestras cárceles, mientras que no pueden decir lo mismo de las prisiones estatales", aseguran los directivos de la CCA. Los expertos estiman sin embargo que la vigilancia que ejercen actualmente las empresas privadas para no verse involucradas en escándalos disminuirá según pasen los años.
